La Libertad de expresión y de prensa en Nicaragua permanece “bajo ataque permanente”, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que en un informe sobre ese tema sostiene que es parte “de una estrategia dirigida a acallar a cualquier costo las voces independientes”.
“Ejercer periodismo en Nicaragua e incluso fuera de ella, considerando los ataques digitales y físicos a familiares de periodistas en el exilio, hacen de esta profesión una de las más riesgosas en el país”, señala un informe del Colectivo que recoge 18 testimonios de periodistas nacionales que aún permanecen en el país y en el exilio.
El mismo menciona que durante 2020 además de la pandemia de COVID-19, que cobró la vida de los periodistas Gustavo Bermúdez y Sergio León Corea, los hombres y mujeres de prensa debieron enfrentar la represión que terminó en la aprobación en la Asamblea Nacional de un combo de leyes que generan censura, autocensura, criminalización y una mayor persecución en contra de las mujeres y hombres de prensa en Nicaragua.
Las leyes en mención son la de Regulación de Agentes Extranjeros y su reglamento, Ley Especial de Ciberdelitos llamada «Ley Mordaza», Ley de Reforma y Adición al Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, que permite la detención de 15 a 90 días sin acusación fiscal, y, Ley de Reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, conocida como Ley de Cadena Perpetua, aplicable a “crímenes de odio”, sin esclarecer el concepto y aplicación de este tipo penal.
Esas leyes según el Colectivo “representan una grave amenaza a la libertad de expresión y prensa, que empeora el ejercicio de ese derecho constitucional a la información, propiciando una escalada de asedio, hostigamiento y violencia en contra de las y los periodistas”.
De acuerdo al organismo de Derechos Humanos no existe en el país mecanismo de protección para periodistas tampoco instancias que garanticen la investigación y sanción a los responsables de las graves violaciones denunciadas por el gremio periodístico.
Desde 2018 se ha acentuado en el país la impunidad como política de Estado, lo que favorece un clima de violencia contra los periodistas, alentado por los discursos altamente estigmatizantes desde el ejecutivo, señala el informe.
El asesinato del periodista Ángel Gahona desde el inicio de las protestas, el 21 de abril de 2018, evidenció los alcances de los peligros para ese gremio y tres años después, “el crimen se mantiene en la impunidad y la represión recrudecida”, indica el informe del Colectivo.
“Los periodistas son voces incómodas para el régimen nicaragüense por su labor de informar a la población sobre las graves violaciones de derechos humanos y su importante contribución a los procesos de documentación de estas violaciones. Es por ello que las acciones gubernamentales implementadas desde 2020 apuntan a neutralizar su capacidad y en consecuencia reducir su impacto social”, destaca el Colectivo..