El recrudecimiento de la situación de asedio y amenazas que sufre el periodismo independiente de Nicaragua así como a la libertad de prensa y de expresión en el país, motivó esta tarde una cadena digital donde participaron al menos 22 emisoras y plataformas digitales, liderada por la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
A través de la misma, representantes de las diferentes plataformas digitales enfatizaron que esta es parte de los intentos del régimen por silenciar las voces independientes, sin embargo, expresaron el compromiso de seguir informando la verdad de lo que acontece en Nicaragua.
A la situación enfrentada por el Canal 12, se suman otros hechos como el asedio que han sufrido en las últimas horas por parte de la Policía, los periodistas Ileana Lacayo, de la plataforma digital Noticias de Bluefields y Basilio Bayres, de Reino Visión, canal televisivo local de Somoto, por parte de la Policía del régimen. Así como Carlos Lacayo, en Rivas y Julio Jarquín, ambos de Radio Corporación.
En una alerta emitida este sábado por PCIN exige el cese de la represión y la criminalización de la labor periodística.
Mientras que Canal 12 explicó que un juez ejecutor impuso un embargo sobre los bienes de la empresa Nicavisión S.A por 21 millones de córdobas a solicitud de la Dirección General de Ingresos (DGI), “producto de un reparo arbitrario e ilegal” sobre declaraciones de Impuestos sobre la Renta sobre años 2011-2012, 2012- 2013, así como los bienes personales del administrador Mariano Valle.
“Esta no es es una evasión de impuesto, esto no es un impuesto que dejamos de pagar”, manifestó Carolina Valle quien explicó que la señal de esa televisora aún está al aire.
La periodista Lourdes Arróliga, en nombre de la Fundación Violeta Barrios condenó este hecho, que dijo, con esto buscan silenciar completamente a los medios de comunicación independientes. Al tiempo que se solidarizó con los periodistas asediados.
Arróliga hizo un llamado a la comunidad internacional que tomen en cuenta esta situación que enfrentan los periodistas y medios de comunicación en Nicaragua.
El Bloque Democrático tras condenar el embargo contra el Canal 12, señaló que “la tendencia autoritaria del régimen y su vocación sistemática de violaciones a derechos humanos y a las libertades públicas, entre ellas la libertad de información, han quedado en evidencia con el cierre, secuestro y embargo de medios de comunicación en ocasiones anteriores, medios que mantiene secuestrados y a los que se suma ahora el Canal 12 de televisión como parte de esa política de censura a la libertad de prensa y de información”.
Los organismos de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), condenaron esta persecución contra periodistas y medios de comunicación independiente.
El abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, recordó que «esta represión y censura ha estado dirigida a diferentes periodistas cobrando incluso la vida de algunos de ellos como el caso de Ángel Gahona, en abril de 2018, violaciones a la libertad y a la integridad personal como es el caso de Lucía Pineda y Miguel Mora».
Al tiempo que señaló Arce lo que considera «la criminalización» contra seis periodistas en 2030 como sucede con David Quintana, Kalúa Salazar, Elsa Espinoza, William Aragón, Yaseser Herrera y Sergio León, «quien antes de fallecer estaba siendo sujeto de un proceso ilegal y arbitrario».
Arce también mencionó, que en los últimos meses ha habido actos de hostigamiento también en contra de los periodistas Ileana Lacayo, Julio Jarquín y Gerall Chávez, entre otros.
PEN Internacional capítulo Nicaragua también se pronunció en rechazo a lo que consideran “confiscación de facto” de Canal 12. Y recuerda que desde 2018 el régimen ha confiscado medios informativos de línea crítica como Esta Semana, Confidencial, Esta Noche y 100% Noticias.
Además señala PEN que en el caso de 100 % Noticias “en días pasados también fue presentado un reparo judicial que pretende obligar a sus dueños a pagar una suma millonaria, a pesar que la televisora fue confiscada, saqueada y permanece ocupada por la Policía desde hace dos años”.