“Fundamentalmente, la persistencia de la crisis sigue enraizada en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho que se han erosionado progresivamente a lo largo de los años, mientras las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2018 siguen impunes y el espacio cívico se ha restringido aún más”, señala el informe que será presentado este 25 de febrero por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, al Consejo de Derechos Humanos.
El informe, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, expone las constantes, ilegítimas y graves restricciones a los derechos y libertades que han enfrentado los nicaragüenses al tratar de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos.
Destaca el mismo, que los ataques, el acoso y la persecución por parte de las fuerzas de seguridad y elementos progubernamentales han persistido en los últimos 18 meses contra opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, medios de comunicación y cualquier persona que el régimen perciba que tiene opiniones discrepantes.
El informe describe cómo agentes de policía y elementos progubernamentales intimidaron a organizaciones de derechos humanos, grupos de mujeres y asociaciones de familiares de víctimas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU.
Los periodistas y medios de comunicación también siguieron siendo blanco de estas acciones. La Oficina registró 34 casos de intimidación, amenazas y campañas de desprestigio, así como casos en los que se allanaron oficinas de medios de comunicación, se destruyeron sus equipos y se les impusieron sanciones administrativas por su labor periodística.
También leyes represivas
A su vez señala, que el régimen ha impedido que la gente se manifieste pacíficamente, y los que lo han conseguido han sido sistemáticamente objeto de ataques por parte de las fuerzas del orden o de elementos progubernamentales.
Según la sociedad civil hasta el 7 de diciembre de 2020, al menos 110 personas que habían participado en protestas o colaborado con grupos de la oposición se encontraban detenidas arbitrariamente, entre ellas 13 que permanecen detenidas desde 2018. El informe detalla que algunas de las personas detenidas habrían sido presuntamente sometidas a torturas o malos tratos.
La aprobación de tres leyes también destaca entre las preocupaciones expuestas en el informe, una sobre agentes extranjeros, otra sobre ciberdelitos y una tercera sobre defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación que podrían tener importantes ramificaciones negativas para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones.
Igualmente preocupante es la reforma de la Constitución para sancionar con cadena perpetua los denominados “delitos de odio”, así como la reciente reforma del Código de Procedimiento Penal que retrasa hasta 90 días la revisión judicial efectiva de una detención, dice el informe de OACNUDH, que advierte que con el debilitamiento del Estado de derecho y el deterioro de la separación de poderes en Nicaragua, existe un riesgo significativo de que estas leyes se apliquen de forma sele
“Fundamentalmente, la persistencia de la crisis sigue enraizada en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho que se han erosionado progresivamente a lo largo de los años, mientras las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2018 siguen impunes y el espacio cívico se ha restringido aún más”, señala el informe que será presentado este 25 de febrero por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, al Consejo de Derechos Humanos.
Refiere, que el hecho de que el régimen no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas desde que estallaron las protestas sociales hace casi tres años ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones.
El informe, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, expone las constantes, ilegítimas y graves restricciones a sus derechos y libertades que han enfrentado los nicaragüenses al tratar de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos.
Destaca el mismo, que los ataques, el acoso y la persecución por parte de las fuerzas de seguridad y elementos progubernamentales han persistido en los últimos 18 meses contra opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, medios de comunicación y cualquier persona que el régimen perciba que tiene opiniones discrepantes.
El informe describe cómo agentes de policía y elementos progubernamentales intimidaron a organizaciones de derechos humanos, grupos de mujeres y asociaciones de familiares de víctimas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU.
Los periodistas y medios de comunicación también siguieron siendo blanco de estas acciones. La Oficina registró 34 casos de intimidación, amenazas y campañas de desprestigio, así como casos en los que se allanaron oficinas de medios de comunicación, se destruyeron sus equipos y se les impusieron sanciones administrativas por su labor periodística.
A su vez señala que el régimen ha impedido que la gente se manifieste pacíficamente, y los que lo han conseguido han sido sistemáticamente objeto de ataques por parte de las fuerzas del orden o de elementos progubernamentales.
Según la sociedad civil hasta el 7 de diciembre de 2020, al menos 110 personas que habían participado en protestas o colaborado con grupos de la oposición se encontraban detenidas arbitrariamente, entre ellas 13 que permanecen detenidas desde 2018. El informe detalla que algunas de las personas detenidas habrían sido presuntamente sometidas a torturas o malos tratos.
La aprobación de tres leyes también destaca entre las preocupaciones expuestas en el informe, una sobre agentes extranjeros, otra sobre ciberdelitos y una tercera sobre defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación que podrían tener importantes ramificaciones negativas para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones.
Igualmente preocupante es la reforma de la Constitución para sancionar con cadena perpetua los denominados “delitos de odio”, así como la reciente reforma del Código de Procedimiento Penal que retrasa hasta 90 días la revisión judicial efectiva de una detención, dice el informe de OACNUDH, que advierte que con el debilitamiento del Estado de derecho y el deterioro de la separación de poderes en Nicaragua, existe un riesgo significativo de que estas leyes se apliquen de forma selectiva para reprimir aún más las voces disidentes.
Daysi Godoy , integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco recordó que aún están pendientes de cumplir las recomendaciones efectuadas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, entre las que mencionó la liberación inmediata de ´presos políticas, protección a defensores de derechos humanos y que garantice elecciones libres y transparentes para que los nicaragüenses puedan tener confianza en el proceso electoral de noviembre.