La adopción de manera urgente y efectivas de reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes, fue una de las recomendaciones que este jueves efectuó al régimen la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe sobre la situación de Nicaragua, durante el 46 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“Desde mi última actualización oral a este Consejo, la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, desatada en abril 2018, ha sido exacerbada por los daños causados tanto por la pandemia de la COVID-19 como por los huracanes Eta y Iota”, dijo Bachelet al presentar su informe sobre Nicaragua que abarca desde el primero de agosto al 31 de diciembre de 2020.
Bachelet considera que a medida que se aproximan las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, “el Estado de derecho sigue deteriorándose” en Nicaragua.
“La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático. A principios de este mes, dos prominentes organizaciones defensoras de la libertad de expresión se vieron obligadas a suspender sus actividades por las exigencias y controles introducidos por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, afirmó Bachelet.
La Alta Comisionada, señaló que su Oficina ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la Policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres. Así como 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados “opositores”.
“Siguieron las detenciones arbitrarias, en su mayoría de breve duración. Fuentes de la sociedad civil reportan que más de 100 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas”, resumió la Alta Comisionada, quien manifestó que mientras tanto las comunidades indígenas “continuaron enfrentando invasiones en sus tierras y ataques violentos de colonos, además del impacto devastador de los dos huracanes”.
“Las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas sociales de 2018 siguen en la impunidad. También recibimos información sobre el aumento de los feminicidios y sobre altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes”, destacó Bahcelet. que también recomendó la ejecución de un plan de acción con plazos concretos y responsabilidades claras para implementar todas las recomendaciones incluidas en su primer informe ante ese Consejo en septiembre de 2019.
Las otras recomendaciones que hizo Bachelet al régimen fue que ponga fin de inmediato a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas a la libertad de circulación, a las amenazas y otras formas de intimidación en contra de quienes participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas, o que expresan opiniones diferentes a las del régimen. Igualmente que modifique las leyes 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, 1042, de Ciberdelitos llamada Ley Mordaza, y la 1055 Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la Independencia, la Soberanía y Autoderminación para la Paz, de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos en consulta con expertos y diferentes sectores de la sociedad.
A la oposición y al régimen los invita a “entablar un diálogo fructífero”, bajo las normas y estándares internacionales de derechos humanos para “abordar la crisis multidimensional” que afecta a Nicaragua.
En tanto Bachelet también exhortó al Consejo de Derechos Humanos, a que inste al régimen “a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a otorgar acceso a la OACNUDH y a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas”, igualmente que apoye a Nicaragua para que antes del proceso electoral encuentre rápidamente “una solución multidimensional que ha estado enfrentando”. Y extienda su solicitud a la OACNUDH para que “intensifique el monitoreo, la documentación, el análisis y los informes públicos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua”.