Una vez más la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet aseguró en el 45 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que el régimen Ortega Murillo no muestra voluntad «para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018».
Bachelet dijo que desde su última actualización oral sobre Nicaragua en julio pasado, «no se ha observado progreso en la situación de derechos humanos» en el país.
Por otro lado, recordó Bachelet que el régimen sigue sin implementar la mayoría de las recomendaciones efectuadas en el informe de septiembre de 2019 «lo que ha dado lugar a la perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones».
En estas recomendaciones, incluyó las relacionadas con las reformas electorales e institucionales, por lo que reiteró su llamado al régimen a implementarlas en particular las relacionadas con materia electoral ante la proximidad de las elecciones previstas en noviembre de 2021.
Al tiempo que «le insto también a reanudar una cooperación efectiva con mi Oficina, incluso autorizando una misión al país teniendo en cuenta la preparación del próximo informe ante este Consejo», dijo Bachelet.
Y mencionó que durante ese período su oficina ha registrado 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros de la Iglesia Católica.
Bachelet también reiteró que la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Y mencionó el asesinato perpatrado por un seguidor del oficialismo contra Jorge Rugama Rizo, el pasado 19 de julio en La Trinidad, Estelí.
«Esto nos recuerda la importancia de la recomendación en mi informe de 2019 sobre el desmantelamiento y el desarme de los elementos armados progubernamentales», manifestó Bachelet.
Leberar a todos los presos políticos
también instó al régimen a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas en su contra, lo que «constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente».
Bachelet expuso que 94 presos políticos en su mayoría han sido acusados de delitos comunes, «dos de estas personas debieron ser hospitalizadas recientemente en delicado estado de salud».
Sumado a esta situación, indció Bachelet, la pandemia de COVID-19 continúa afectando una multitud de derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales. Mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha proyectado una contracción de 8,3% en la economía del país este año, con aumentos de los índices de pobreza en alrededor del 5%, y también un aumento del desempleo.
«La respuesta estatal, que ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despidos de personal médico, sigue evidenciando la necesidad de mayor transparencia y difusión de la información. Los datos oficiales sólo se reportan una vez por semana y carecen de información epidemiológica detallada», señaló la Alta Comisionada.
Bachelet refirió que en este caso existe preocupación especialmente, sobre la falta de información desglosada sobre los impactos de la pandemia en pueblos indígenas y afrodescendientes, así como sobre medidas específicas adoptadas en su favor.
En el informe de Bachelet también destacó la situación de riesgo al contagio al que estuvieron expuestos en julio pasado, alrededor de 1,300 migrantes nicaragüenses «bloqueados en condiciones precarias por períodos que oscilaron entre 10 y 30 días, en distintas fronteras a la espera de la autorización para regresar a su país de origen».
«Mi Oficina también recibió reportes sobre migrantes que debieron atravesar la frontera por puntos de cruces irregulares por la demora o por no poder costear una prueba reciente de COVID-19 obligatoria», dijo Bachelet.
La situación de incremento de los femicidios que hasta el 31 de agosto sumaban 50 y 68 femicidios frustrados también ocupó lugar en el informe de Bachelet, como los procesos «por calumnias e injurias» en contra de dos periodistas, «con posible impacto sobre la libertad de prensa».
A esto sumó los actos de intimidación y hostigamiento por parte de la Policía del régimen en contra de directivos y personal de las emisoras La Costeñísima y radio Darío, en Bluefields y León, respectivamente, así como «las recientes resoluciones fiscales impuestas contra tres medios de comunicación, que podría afectar su continuidad como medios informativos».