La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), destacó en su boletín informativo sobre Nicaragua correspondiente a junio y julio, el asesinato de Jorge Rugama, en La Trinidad, Estelí y el ataque incendiario contra la capilla de la Sangre de Cristo, de la Catedral Metropolitana, de Managua.
La OACNUDH instó al régimen a realizar una investigación exhaustiva y transparente sobre ambos hechos, ocurridos el 19 y 31 de julio, respectivamente, en La Trinidad y Managua.
Menciona que durante el período examinado, la OACNUDH documentó la persistencia de ataques, amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento e intimidación contra personas percibidas como opositoras al régimen, incluida la Iglesia Católica.
Esa oficina menciona que cuatro días después del ataque a la Catedral de Managua, la Policía ofreció la versión oficial en la descartó la posibilidad de un hecho delictivo y atribuyó el incendio a “vapores de alcohol combinados con las altas temperaturas”, versión que ha sido cuestionada por varios miembros del clero y organizaciones de la sociedad civil.
“La OACNUDH observa con preocupación que, en ninguno de los casos mencionados, los responsables hubieran sido llevados a la justicia. Las autoridades estatales tampoco han condenado públicamente estas presuntas violaciones a los derechos humanos”, indica OACNUDH en su boletín.
Ninguna investigación disciplinaria desde 2018
En el mismo recuerda que hasta ahora “no se ha abierto ninguna investigación disciplinaria o penal contra agentes estatales o individuos particulares que hubieran actuado en complicidad, con tolerancia o aquiescencia de agentes estatales por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde abril de 2018”.
En su análisis OACNUDH estima que la pandemia también ha seguido restringiendo los derechos a la libertad de opinión y de expresión. “La falta de rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde abril de 2018 sigue alentando la repetición de esos actos”, indica OACNUDH.
Esa oficina también recuerda la recomendación formulada por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, en su informe de 2019 al Consejo de Derechos Humanos, “de establecer un plan de acción integral para la rendición de cuentas que sea inclusivo y esté centrado en las víctimas, que incluiría, entre otras medidas, investigaciones y procesos penales rápidos, exhaustivos y transparentes de todas las denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos que se hayan producido desde el 18 de abril de 2018”.
Al tiempo que hace un llamado al régimen “para que establezca puentes con la sociedad civil, con los defensores de derechos humanos, el sector privado y las asociaciones médicas, entre otros actores, con miras a garantizar su plena participación en todas las etapas de la respuesta a la pandemia de la COVID-19 y el pleno disfrute del derecho a la salud por todos”.
Y es que OACNUDH considera que entre junio y julio no se observó ningún progreso respecto a las preocupaciones vigentes relacionadas con la situación de los derechos humanos, al mismo tiempo que continúan reportándose amenazas contra personas percibidas como opositoras al régimen.
Tampoco observó OACNUDH “señales emergentes que indicaran la voluntad de las autoridades estatales de aliviar las tensiones provocadas por la crisis sociopolítica de 2018 ni de aplicar las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de 2019 y en las actualizaciones orales presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos”.