El acoso judicial y la violencia en línea son dos de las modalidades que se han sumado en los últimos días a los ataques físicos, asedio y acoso contra periodistas independientes, en Nicaragua, de acuerdo al tercer informe de monitoreo realizado por el Observatorio de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
Entre el 1 de marzo y el 15 de julio de 2020, el Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa Independiente de Nicaragua registró 66 denuncias de 48 periodistas y comunicadores y de estos casos identificó 351 delitos contra la libertad de prensa y de acceso a la información.
Los departamentos que reportaron hechos fueron: Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo, Rivas, Madriz, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Chontales, Río San Juan, Bluefields y Bilwi. Por razones de seguridad, en diez de los casos las víctimas optaron por el anonimato.
Durante el período fue documentado el incremento de casos de amenazas, así como a vinculación a actos delictivos con el fin de desacreditar la labor y poner en riesgo la seguridad de los comunicadores. Hay casos de periodistas que les han abierto procesos judiciales e incluyen ataques directos a familiares como parte de la estrategia de represión e intimidación contra hombres y mujeres de prensa, indica el informe del Observatorio de PCIN.
“Asimismo, se registraron casos de desplazamiento forzado de mujeres de prensa quienes se han visto obligadas a huir dejando atrás sus hogares con el fin de encontrar seguridad, a causa de la represión estatal contra el periodismo independiente que viola sus derechos humanos”, refiere el informe.
El mismo indica, que durante el período “aumentaron los ataques o delitos digitales contra periodistas y medios, siendo el ciberacoso y el ciberacecho las principales expresiones en las campañas de desprestigio y de odio de parte del gobierno, para incentivar la criminalización del ejercicio periodístico”.
También hubo 39 casos de reincidencia, entre ellos a 14 mujeres, que incluyen el acoso, la intimidación y las amenazas de violencia a periodistas y a sus familias, la expulsión, el arresto y la detención ilegal o arbitraria, la tortura psicológica; el ciber acoso, el ciber acecho, las ciber amenazas y la violencia sexual.
Igualmente menciona el informe que es notorio el aumento de casos de periodistas víctimas de tortura psicológica, “de lo cual el Estado es enteramente responsable”, resalta el monitoreo que menciona que la tortura psicológica causa el temor de realizar su trabajo, o fomenta la autocensura lo que impide el acceso de la sociedad a la información.
Amenazas de demanda
Entre abril y junio la periodista Tania López, corresponsal de Canal 10 en el departamento de León, fue acosada, acusada de publicar una noticia falsa y amenazada con procesarla judicialmente por parte de fanáticos del régimen Ortega Murillo. Teme por su vida, dice el informe pues las amenazan no solo con demandarla judicialmente sino con quemarle la casa. A través de números de WhatsApp han enviado mensajes con la dirección de la vivienda de la periodista.
El periodista William Aragón, corresponsal del diario La Prensa en Estelí, director de la plataforma digital El Observatorio e integrante de la Comisión Ejecutiva de PCIN, fue amenazado por un magistrado del Tribunal de Apelaciones de Estelí de procesarlo judicialmente sino le daba el nombre de su fuente en esa instancia. Aragón publicó en LA PRENSA el caso de una juez procesada por supuestos actos de corrupción.
Entre el 13 de abril al 13 de julio de 2020, registra otros incidentes en su contra entre los que están amenazas y asedio a su casa en Estelí, por tres abogados implicados en el caso. Asimismo, recibió llamada de un oficial policial, quien le amenazó con llevarlo al Chipote si revelaba los nombres de los implicados.
El 8 de mayo Aragón fue procesado por injurias en Somoto, por familiares de una persona fallecida que le acusaban de haber publicado el fallecimiento por COVID-19 de una persona de la cúpula sandinista.
Aragón ha sido citado en tres ocasiones, la última vez, 13 de julio, le citó el Juez Local Penal de Somoto.
El 27 de mayo el fallecido periodista Sergio León, director de la Costeñísima también había recibido citatoria para mediación por injurias y calumnias, por haber presentado una entrevista del alcalde del municipio La Cruz de Río Grande, que evidenciaba que para esa fecha había ya dos muertos por Covid 19.
El 10 de mayo dos periodistas, uno del sexo masculino y otro femenino, quienes prefirieron el anonimato, quienes conducen un programa radial en Masaya denunciaron que son acosados y amenazados en sus redes sociales por personas fanáticas del régimen por ser periodistas independientes.
Desde el 7 de junio a la fecha, la situación de acoso contra la familia del periodista de Nicaragua Actual Gerall Chávez, ha alcanzado ribetes peligrosos pues ha pasado del asedio a su familia por parte de la Policía a amenazas de muerte por parte de allegados al régimen.
Reincidencia de agresiones
Desde abril 2018, periodistas independientes son víctimas de agresiones directas, golpes, insultos, retenciones y campañas de odio por fanáticos gubernamentales, paramilitares y agentes policiales, dice el informe.
Sin embargo, indica preocupa de manera particular a PCIN, la repetición de hechos de violencia o reincidencia de ataques a la prensa independiente, así como el aumento de solicitudes por parte de las víctimas, de la denuncia pública bajo anonimato, de las violaciones relacionadas a la libertad de prensa e información. Esto por temor a represalias y atentados contra su integridad y la de sus familias.
Uno de los hechos más destacados durante este período fue el ocurrido el 3 de marzo, durante la cobertura a la misa de cuerpo presente del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal en la Catedral de Managua, donde fueron documentada siete agresiones contra periodistas de diversos medios de comunicación independientes, por parte de fanáticos del partido oficialista.
Además de asediar a periodistas, los grupos orteguistas también incurrieron en delitos de intimidación, amenazas, agresiones físicas y robo de equipos y pertenencias personales. Entre los periodistas afectados en ese momento están: Hans Lawrence, Leonor Álvarez, Óscar Navarrete y Cristopher Mendoza.
Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que también monitorea las violaciones a la libertad de prensa y libertad de expresión,. señaló que las agresiones y ataques contra hombres y mujeres de prensa han cambiado su metodología.
«Tal vez ahora no ves los rajados de cabeza y los moretones y los robos, así porque también ha cambiado la forma de hacer periodismo, pero las agresiones y ataques han persistido todavía», dijo Medrano.
Mencionó Medrano, que casos como los recientes vividos por trabajadores de Radio Darío o del periodista William Aragón, que el pasado fin de semana denunciaron asedio policial, representan «una agresión completamente mezquina una agresión psicológica».
Y aunque las pretensiones son destruir completamente al sector, es un objetivo que dijo, no han podido lograr, dijo Medrano, quien mencionó que durante este período también han destacado los discursos estigmatizantes a través de anónimos o perfiles falsos en las redes sociales con amenazas directas.
Medrano indicó, que hay una página que pareciera se especializa en atacar a periodistas y medios de comunicación, «creando noticias falsas e inventando noticias falsas, o publicaciones misógenas contra mujeres periodistas».
Igualmente señaló Medrano que ha habido silenciamiento a algunas plataformas con negativas de acceso a instituciones públicas que ha sido una política estatal y que se ha profundizado a nivel de la crisis de abril.
No obstante, como FVBCH observan muchos puntos positivos alrededor del gremio como es el hecho de un periodismo independiente cohesionado que trabaja con una visión de trabajo en equipo, refirió.