El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más exigió al Estado políticas públicas que acaben con la violencia estructural contra las mujeres, el cese de la violencia sexual utilizada como método de tortura en el sistema carcelario del país y se garantice a las víctimas el derecho de justicia, de vivir seguras, libres de violencia y sin discriminación.
La impunidad y la falta de políticas de Estado que aseguren la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el país, siguen siendo según el Colectivo, las sistemáticas violaciones a los derechos de las mujeres en Nicaragua.
Durante la crisis de 2018, «las mujeres también sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias, violencia sexual durante la detención o bien, durante las visitas a familiares de presos políticos, sufrieron el dolor por el asesinato de sus hijos, parejas o familiares, que hasta la fecha se encuentran en la impunidad”, refiere el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
La crisis socio política, la pandemia por COVID-19, los huracanes Eta y Iota han profundizado las brechas de pobreza y con ello, la violencia contra las mujeres; todo ello en un contexto, cuya prioridad estatal ha sido la represión política y la persecución penal a las y los opositores, dice el Colectivo.
A esto le agrega el Colectivo la aprobación de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y la prisión perpetua lejos de beneficiar perjudican a las mujeres que buscan en las organizaciones y movimientos de mujeres del país, el acompañamiento legal, psicológico y de seguridad con albergues para luchar por su derecho a vivir libre de violencia.
Violencia extrema
El Colectivo menciona que de acuerdo a los registros de Católicas por el Derecho a Decidir en 2020 en Nicaragua 71 mujeres fueron víctimas de femicidio y en lo que va del 2021 se registran al menos 12 femicidios, casos que van quedando en la impunidad, debido a la inoperancia de las instituciones estatales encargadas de la administración de justicia.
Esta impunidad que rodea los casos de violencia contra las mujeres ha sido reforzada con medidas regresivas de parte del Estado como la aprobación de la reforma a la ley 779 Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, para permitir la mediación en 2013, la aprobación del reglamento a la Ley 779 para reformar ilegalmente el tipo penal de femicidio y restringirlo al ámbito privado o de relaciones ‘inter personales’, así como para establecer consejerías familiares y limitar la labor de las comisarías de la mujer en 2014”, destaca el Colectivo.
A su vez, destaca el Colectivo que a esto se sumó la desarticulación de las Comisarías de la Mujer desde el año 2016 y las liberaciones anuales de centenares de hombres condenados por violencia contra la mujer, sin que hubieren cumplido sus condenas y sin escuchar a las víctimas ante dichas decisiones, ha aumentado la impunidad, la revictimización y represalias contra las mujeres.