Las disposiciones legislativas y administrativas impuestas por el régimen durante la pandemia para el ingreso al país, incluidas las pruebas de negativo por COVID-19, violentan el derecho a sus ciudadanos de libre circulación, integridad personal, derecho a la salud y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, revela un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más sobre la situación de derechos humanos de nicaragüenses que sufren obstáculos para ingresar a su país.
El mismo refiere que el hecho de haber retenido durante 14 días a nicaragüenses en las fronteras como en Peñas Blancas sin haber garantizado medidas dirigidas a prevenir el contagio por COVID-19, así como condiciones básicas como agua, alimentación, servicios sanitarios y asistencia médica, tuvo consecuencias directas en las mujeres y en particular de mujeres embarazadas.
Con estas medidas, el Estado de Nicaragua “alienta el retorno irregular de los nicaragüenses y en su caso violenta el derecho a la seguridad personal al exponerlos a todo tipo de riesgos como robos, violencia sexual y otros cometidos por particulares», indica el Colectivo.
A esto le añade que el Estado dispuso de cuerpos de seguridad como el Ejército de Nicaragua y la Policía, para realizar labores de control migratorio y criminalizar la migración de origen económico y político.
El Colectivo demanda al Estado de Nicaragua que sea suspendida “la aplicación de disposiciones legislativas, administrativas y toda práctica que lesione e impida el retorno seguro de los nicaragüenses y en todo caso, cumpla con su deber de protección, facilitando la realización de este derecho”.
En su informe ese organismo también exhorta a los mecanismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas, a fin de que tomen nota de la situación descrita en el presente informe y dirijan comunicaciones al Estado de Nicaragua, con el propósito de que se respeten los derechos humanos de los nicaragüenses.
El Colectivo menciona que Costa Rica ha sido para los nicaragüenses un país de destino desde hace décadas y se calcula que cerca de 370,000 nicaragüenses envían 340 millones de dólares anuales lo que representa el 20% en remesas a Nicaragua.
También se calcula que cerca de 150,000 nicaragüenses permanecen en una situación irregular y que desde abril de 2018 hasta la fecha, más 80,000 personas solicitaron protección internacional, debido a la persecución, criminalización, amenazas, asedios y otras violaciones a derechos humanos perpetradas por agentes estatales y paraestatales en perjuicio de quienes participaron en las protestas sociales iniciadas en ese entonces.
Sin embargo, muchas de estas personas, han sido afectadas por la contracción de la economía en Costa Rica a causa de la pandemia, perdiendo sus empleos y con ello la posibilidad de seguir viviendo en este país, por lo que, pese a los riesgos, la afectación de la pandemia y el desempleo en Nicaragua decidieron con muchas limitaciones económicas retornar a sus hogares y reintegrarse con sus familias.
En similares circunstancias se encontraban ciudadanos nicaragüenses en Panamá, la mayoría trabajadores migrantes que también perdieron sus empleos, tomando la decisión de retornar en un contexto de pandemia, cierre de fronteras y negativa del Estado de Nicaragua de prestarle la debida asistencia y protección consular, forzándolos a permanecer en puestos fronterizos, esperando a que les autorizaran continuar con su trayectoria.