Más de 300 organizaciones, movimientos y alianzas defensoras de derechos humanos, dirigieron correspondencia a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet, solicitándole intervención por la situación de persecución y represión contra líderes políticas y defensoras de derechos humanos, detenidas en Nicaragua.
Las organizaciones procedentes de varios países de Latinoamérica y España piden a Bachelet que solicite autorización al régimen para realizar una visita liderada por su persona, en la que pueda constatar las condiciones de detención de los presos y presas políticas, así como otras violaciones de derechos humanos en el país y ofrezca sus buenos oficios para realizar una mediación que tenga como resultado la liberación de manera inmediata.
Además, escritos similares fueron dirigidos a Margaret Macaulay, Comisionada y Relatora de los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e integrantes del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Al Comité de Expertas las organizaciones piden emitan un pronunciamiento público en el que no solo condenen las detenciones descritas, así como las distintas violaciones a sus derechos que sufren las mujeres en el actual contexto, sino también el cese inmediato a la persecución y represión de mujeres defensoras de derechos humanos. Y que conmine al gobierno a cumplir con los compromisos asumidos por el Estado de Nicaragua derivados de la Convención Belém do Pará, en particular la garantía de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, asociación y reunión, y participación política de las mujeres.
Las organizaciones también instan al Comité de Expertas que demanden la derogación de toda la legislación contraria a los estándares internacionales de derechos humanos que está siendo utilizada por el régimen para reprimir, controlar e ilegalizar las organizaciones feministas y de derechos humanos.
En los escritos las organizaciones indican, que si bien la ONU y la CIDH-OEA ya han condenado la persecución penal contra ciudadanos que se oponen al régimen, explican que en las últimas semanas se ha recrudecido el hostigamiento legal y económico a un sinnúmero de personas y organizaciones, y se han multiplicado los hechos violatorios de los derechos humanos y las garantías democráticas. Todo esto en la antesala del proceso electoral.
Preocupa integridad personal
En las correspondencias explican, que tras la detención de cinco precandidatos a la presidencia ha empezado en Nicaragua una nueva etapa represiva con “con el objetivo de impedir la participación de los opositores políticos más prominentes del país” y entre estos destacan a las opositores: Tamara Dávila, Violeta Granera, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona.
“Nos preocupa la integridad de nuestras compañeras detenidas, luchadoras históricas a quienes se les está castigando por ser mujeres y levantar sus voces críticas contra un gobierno que ha violentado los derechos de las mujeres de manera sistemática”, expresan las organizaciones que resaltan la preocupación por el período de 90 días establecido por el sistema de justicia para investigación de cada uno de esos casos.
Mientras, dicen, “las personas privadas de libertad no han tenido acceso a sus abogados/as de confianza, no se les ha permitido ver a sus familiares ni recibir alimentos sólidos. Ni siquiera constan una notificación formal a sus familiares sobre el lugar de detención. En la práctica, estas personas se encuentran incomunicadas e indefensas ante las arbitrariedades de las autoridades nicaragüenses”.
A esto señalan otras acciones que califican de “prácticas violatorias que también constituye criminalización”, como es el hecho que a algunas personas que trabajan en organizaciones e instituciones investigadas les han congelado sus cuentas bancarias, impuesto restricciones migratorias, han sido citados a declarar y algunos tienen órdenes de aprehensión.
Todo lo anterior explican, ocurre en un contexto de en el que persiste “una falta del principio de separación de poderes, la agudización de la represión contra las voces críticas al gobierno y la inexistencia de reformas institucionales tendientes al restablecimiento del Estado de Derecho”.