Las organizaciones defensoras de mujeres y movimientos sociales de forma constante han denunciado su secuestro a través de las redes sociales y demandan su libertad.
La Policía del régimen la secuestró el 13 de julio, tras un plantón en las inmediaciones de la Catedral de Managua. Está presa en la cárcel «La Esperanza», denunció la organización Mujeral en Acción en un pronunciamiento para demandar su libertad.
«La acusan de ‘robo agravado’, pero ella no es ladrona, es un tremendo ejemplo de esfuerzo de superación y dignidad; originaria de Rivas, a sus 22 años, estudiaba en Managua dos carreras, banca y finanzas en el Recinto Carlos Fonseca Amador (RUCFA-UNAN) y por la noche, ingeniería electrónica en la Universidad de Ingenierías (UNI). Además en su secundaria ya había estudiado otras carreras, dijo su mamá Dulce Briceño», refiere Mujeral en acción.
La causa de María Guadalupe está radicada en el Juzgado Cuarto de Distrito Penal de Juicio de Managua y el juicio está programado para el 23 de septiembre, a las 9:00 en la sala 14 del complejo judicial.
Entre las redes y organizaciones feministas, organizaciones, movimientos y articulaciones, circula un formulario de adhesión en el que denuncian los ataques permanentes del régimen en contra de mujeres, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos en el país.
Entre los casos mencionados está el de María Ruiz Briseño, quien refieren ha participado activamente en otras protestas en contra del régimen, «siendo parte activa de distintos piquetes y acciones en la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN) los cuales generaron fuertes respuestas represivas por parte de autoridades y grupos de choque».
«El caso fabricado en contra de María ejemplifica un nuevo patrón en la forma de criminalizar a las personas que participan de las acciones de protesta social que se dan en Nicaragua, quienes ahora son acusadas de delitos comunes», refieren las organizaciones que recuerdan que «esta nueva modalidad genera que los casos políticos sean más difíciles de identificar y alimenta la narrativa del gobierno que señala que no tiene encarceladas personas por razones políticas».
Señalan las denunciantes que estas acusaciones «requieren la fabricación de casos y la generación de pruebas falsas por los agentes policiales tras practicar detenciones arbitrarias».