La liberación inmediata de más de 60 presos políticos, así como el régimen de convivencia familiar para presos comunes en riesgo por enfermedades crónicas condiciones más dignas y de salubridad para los presos comunes en general, por causas del COVID-19, realizan a través de un escrito suscrito por más de 50 organizaciones de la sociedad civil tanto a lo interno como en el exterior.
Mientras la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), anunció que la tarde de este miércoles la abogada María Oviedo presentará un escrito ante el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), donde solicitará la excarcelación y aplicación de convivencia familiar para los presos políticos Osman Marcel Aguilar, Jaime Enrrique Navarrete José Santos Sánchez, Kevin Antonio Zamora, José Ángel González, Edwin Antonio Hernández, Néstor Montealto y Wilber Prado. representados por esta organización. Esto porque consideran que no existen condiciones de salubridad y atención médica.
En el escrito de las más de 50 organizaciones menciona que hay algunos presos políticos que han denunciado complicaciones de salud como María Esperanza Sánchez, quien sufre hipertensión arterial y asma crónica, a quien se ha denunciado le han negado el ingreso de los medicamentos, Jaime Navarrete, dos veces detenido por razones políticas, gravemente enfermo, sometido a torturas y encerrado en un ambiente insalubre dos veces y Carlos Bonilla que también ha sido torturado y mantenido en condiciones insalubres.
Igual es incluido en este grupo a Marvin Vargas, el exlíder de los Cachorros de Sandino y considerado el primer preso político que el régimen mantiene en sus cárceles desde hace nueve años y “con aparente cáncer de próstata” y que se ha denunciado ha sido víctima de “graves torturas”.
Presos políticos más vulnerables
Entre las organizaciones dentro y fuera del país que suscriben la comunicación están Unión de Presas y Presos Políticos, Asociación de familiares de presos político, Asociación de Víctimas de Abril , Comité Pro Liberación de Presos Políticos Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia Articulación de Movimientos Sociales.
“Denunciamos que por las torturas recibidas y problemas de salud crónica los prisioneros políticos tienen un grado de vulnerabilidad mayor ante el COVID-19”, señalan en su escrito estas organizaciones, que a su vez demandan de inmediato la cancelación de todos los juicios políticos
También demandan al Estado de Nicaragua informar y aplicar un protocolo de atención en los penales del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), ante la pandemia del COVID-19 y que reconozca la vulnerabilidad extrema y riesgo de muerte en el que están los prisioneros políticos y los reos comunes dentro del SPN, cuyas cárceles no cumplen con las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del virus y la muerte a causa de la pandemia.
Al tiempo que señalan que el estado de hacinamiento es violatorio de los derechos humanos pues en celdas con capacidad de seis personas están recluidas hasta 20 personas con casi nulas medidas higiénicas lo que aumenta la insalubridad, mientras cuentan con poco personal de salud.
El pasado 8 de abril el Ministerio de Gobernación confirmo a través de una nota de prensa que bajo el régimen de convivencia familiar fueron excarcelados 1,700 presos comunes. Pero como ha sucedido anteriormente no especifica quienes son los presos beneficiados con esta medida. Únicamente especifican las cifras de reos por penales que fueron excarcelados.