Un análisis de Popol Na y Fundación del Río ha identificado cuatro etapas en las que aseguran el régimen ha violentado la libertad de asociación en Nicaragua, para lo cual se ha valido de normativas y leyes que pone en práctica a través de la Dirección de Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación.
Aunque en su análisis de la libertad de asociación en Nicaragua durante los últimos 13 años, ambas organizaciones mencionan que las violaciones a la libertad de asociación iniciaron desde 1997 con los gobiernos neoliberales, apuntan que fue en 2007 cuando aumentaron las violaciones a este derecho.
Y es así como entre 2007 y 2010, según Popol Na y Fundación del Río, es cuando el régimen “socava todo el modelo de participación ciudadana y se inician las primeras restricciones a las diversas formas asociativas, tratando de coartar, deslegitimar y disminuir sus capacidades de incidencia en espacios públicos y en las dinámicas políticas del país, tanto a nivel municipal como nacional”.
A esto seguirá la segunda etapa, entre 2011 hasta 2015, donde la represión estuvo dirigida principalmente hacia los movimientos sociales que salieron a la calle para demandar sus derechos, en contra de los procesos extractivos y de megaproyectos que se venía consolidando entre el gobierno Ortega Murillo y el gran capital.
En tanto entre 2016 a 2018, que identifican como la tercera etapa, aseguran estuvo caracterizada por el aumento de las presiones a las organizaciones sin fines de lucro que acompañaban a los movimientos sociales que salieron a las calles por la defensa de sus derechos.
El despojo de personerías
Estas violaciones culminaron con la cancelación de la personería jurídica de nueve organizaciones que se dedicaban al monitoreo y denuncia de los derechos humanos.
Recuerdan ambas organizaciones, que los procesos de cancelación iniciaron con un informe emitido por la Dirección de Asociaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación (MIGOB), que no fue conocido previamente por las organizaciones a las que tampoco les permitió el derecho a la legitima defensa ni hubo nunca un proceso judicial que justificara ninguna de las actuaciones.
“El argumento usado fue que las organizaciones habían desnaturalizado los fines para los que fueron creadas y que formaron parte del estallido social de abril –en la narrativa oficial de un intento de golpe de Estado-“ , expresa el análisis.
La cuarta etapa, en tanto inició en 2019 y continúa hasta la actualidad. La misma “se caracteriza por la consolidación de un marco legal restrictivo a las organizaciones sin fines de lucro para pretender justificar jurídicamente las agresiones, el aumento del control, seguimiento, intimidación y restricción del trabajo de las organizaciones internacionales presentes en el país, así como la negativa a entregar los documentos que permiten la operatividad de las organizaciones sin fines de lucro nacionales, y una posterior cancelación de nuevas personerías jurídicas en el país, como creemos sucederá”, refieren.
“Uno de los patrones que ha sido constante en todas estas etapas es el cierre absoluto de la vía administrativa (la administración pública no contesta ni una carta ) y la falta de acceso a la justicia. Casi todos los casos de violaciones a la libertad de asociación que se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no han sido fallados”, expresan Fundación del Río y Popol Na en su análisis, dos de las nueve organizaciones a las que les fue cancelada la personería jurídica.
El 12 de abril de 2019 el gobierno elaboró la Normativa del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, para la Supervisión y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Fue aprobado prácticamente de forma secreta.
“Esta normativa aumenta los requisitos a las OSFL y limita la aplicación de su propio derecho de asociarse, aumenta los niveles de discrecionalidad, se atribuye funciones que no les corresponde, establece multas nuevas, es violatoria de los varios artículos de la Constitución Política y define visitas de seguimiento y control actuando como juez y parte contra las OSFL”, sostienen Popol Na y Fundación del Río.
Esta normativa 07-2019, que ya es aplicada por el MIGOB, sanciona con multas a las organizaciones nacionales e internacionales, pues tras visitas de “seguimiento y control”, algunas han tenido que pagar las multas pese a que la base de su justificación no se corresponda con la realidad. Pero la normativa no establece un proceso de debida defensa en el caso que las organizaciones no estén de acuerdo con lo establecido.
Y mencionan que algunas organizaciones internacionales han sido amenazadas para que paguen la multa y que no interpongan recursos legales en el país. Pero, aunque “hayan pagado la multa, no hay seguridad de entrega de la constancia de cumplimiento”. Al tiempo que sostienen que esto también sucede con las organizaciones nacionales que, a pesar de cumplir con los nuevos requisitos, no les han entregado los documentos legales que le permiten operar.
“Estas son formas de hostigamiento y también de recaudación arbitraria por parte del Estado. Estamos ante un inminente cierre de las OSFL por la vía de los hechos”, indica el documento que menciona también que la mayoría de las organizaciones miembros de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales (FONG) y de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), enfrentan esta situación, aunque muchas de ellas no lo denuncian por temor a que les quiten su personería jurídica.
A esto le suman la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, (Ley 1040), “con la que pretenden criminalizar, asfixiar y aterrorizar toda expresión opositora en el país. Su principal objetivo son los movimientos sociales, liderazgos territoriales, organizaciones de la sociedad civil, prensa independiente y cualquier persona que se declare en rebeldía contra el régimen”.