Nicaragua ha empezado el 2021 con el arrastre de una serie de “deudas” pendientes en materia de derechos humanos desde hace tres años de parte del régimen, en representación del Estado de Nicaragua, las que se profundizaron el recién pasado año.
Wendy Flores, directora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más destacó, que entre “las deudas” pendientes con los nicaragüenses está la justicia a favor de las víctimas de la represión, “si consideramos que a raíz de las protestas de 2018 fueron asesinadas 328 personas, y que esta cifra se ha ido incrementando entre 2019 y 2020 con el asesinato de campesinos opositores, también en la zona norte del país y de líderes indígenas”.
Y sin duda una de las deudas principales fue la liberación de los presos políticos, cifra que en la actualidad es de aproximadamente 120 personas, en las que Flores incluye los nueve presos políticos del caso 19 de julio y al exlíder de los Cachorros de Sandino, Marvin Vargas, quienes dijo, permanecen bajo todo tipo de privación, “sometidos a malos tratos y crueldad e incluso actos de tortura por haber participado en protestas o ser disidentes reconocidos a nivel local”.
Obligados a protestar
Antes de finalizar el año los presos políticos desde La Modelo anunciaron el inicio de protestas para presionar al régimen que les deje en libertad.
En un comunicado la Coalición Nacional expresó su solidaridad y cercanía con los más de 100 presos y presas políticas “que fruto de la desesperación, en su soledad y en medio de las torturas que le impone el régimen, recurrieron a medidas extremas para clamar por su liberación”.
La Coalición criticó que el régimen “ha desoído el clamor de decenas de familiares de reos de conciencia, que solicitan la liberación inmediata de sus esposos, esposas, madres, padres, hijos y hermanos”, a quienes “el sistema judicial, controlado por el oficialismo, les inventó acusaciones falsas que carecen de todo argumento jurídico y les condenó a penas infames solo por expresar su inconformidad con el régimen Ortega Murillo”.
Otro señalamiento que hizo Flores, fue que la Policía del régimen sigue sin rendir cuentas por los graves abusos de poder y violaciones de derechos humanos y más bien “mantiene a la población bajo permanente vigilancia y asedio”, sobre todo a excarcelados políticos o líderes sociales, líderes políticos y defensores de derechos humanos.
Igualmente Flores mencionó la violencia extrema contra mujeres que en 2020 cobró la vida de 71 de ellas, ante la falta de medidas de prevención y protección ante “este flagelo” que sigue sin control “y que aprovechando esta situación se reformará la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua que más allá de obtener un cambio en este sentido servirá para perseguir la disidencia política”.
A su vez, señaló Flores, aún sigue pendiente la devolución de las personerías jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales, cuyas instalaciones más bien fueron adjudicadas el recién pasado años al Ministerio de Salud (MINSA) para establecer casas maternas, que aunque reconoció son necesarias para garantizar la salud de las mujeres, “no basadas en el irrespeto al derecho de asociación y propiedad privada”.
También incluye como pendiente el asedio y el impedimento a la libertad de expresión y de prensa que enfrentan los periodistas independientes, a la que le han sumado mayor control con la aprobación de las Leyes de Ciberdelitos y Regulación de Agentes Extranjeros.
Profundiza deterioro de Derechos Humanos
En la presente semana, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, había considerado que durante el recién finalizado 2020 se profundizó aún más el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua.
Y es por ello, que Carmona observa un panorama nada bueno para este 2021 que inicia, “ya que tenemos también en nuestra cabeza la guillotina de tres leyes nefastas que fue aprobada por la Asamblea Nacional , que están deteriorando aún más la fragilidad de la democracia en el país, Ciberdelitos, Agentes Extranjeros y Cadena Perpetua, son leyes que no contribuyen y de alguna manera vienen a deteriorar más los derechos humanos que tenemos los nicaragüenses”.
“Como CPDH podemos reafirmar una vez más que en Nicaragua se está viviendo un Estado de hecho y no hay un verdadero Estado de Derecho. Y decimos que no hay Estado de Derechos porque no hay instituciones del Estado que estén tutelando los derechos y garantías constitucionales de los nicaragüense”, manifestó Carmona.