Las evidencias de un Estado totalitario, el libro blanco que expone la represión en las universidades públicas

Las evidencias de un Estado totalitario: Violaciones de los derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua, es el título del Libro Blanco que  demuestra que uno de los sectores víctima de la represión ejercida en Nicaragua por el régimen Ortega Murillo fueron las universidades públicas, la que fue ejecutada a través de las autoridades universitarias, Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y sindicatos oficialistas que actuaron como operadores políticos para violentar los derechos humanos.

A casi tres años del estallido de abril en el que los universitarios jugaron un papel preponderante, el libro suscrito por al menos 12 organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil será presentado de forma virtual, este 29 de marzo por Bianca Jagger, de la Fundación Bianca Jagger Pro Defensa de los Derechos Humanos, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao y Rosalía Miller,  presidenta de Conexión Nica-USA. Durante el mismo intervendrán con sus testimonios tres de los expulsados: Nahiroby Olivas, cuyo testimonio incluye el libro así como de Levis Artola y Alejandra Centeno.

De acuerdo a los testimonios de 20 universitarios afectados y entrevistas con especialistas en la materia, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua/UNAN León), Universidad Nacional Agraria (UNA) y Universidad Nacional de Ingeniería (UNI),  no defendieron el derecho de los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos afectados con las decisiones arbitrarias,  tampoco la autonomía universitaria sino que más bien pasaron por encima de normas internas, leyes nacionales y garantías constitucionales  para ejecutar las decisiones del régimen.  

Hasta ahora, no hay una cifra oficial sobre la cantidad exacta de estudiantes a quienes las universidades les violentaron el acceso a la educación por el único motivo de disentir con el régimen Ortega Murillo y que a casi tres años se niegan a reintegrar a sus salones de clase.

Únicamente existen aproximaciones del listado de afectados que hacen organizaciones estudiantiles surgidas después de abril de 2018. La cifra inicial que se conoció fue la de 82 expulsados en la UNAN Managua, según carta que salió a luz, del secretario general de la UNAN Managua, Luis Alfredo Lobato dirigida al director de registro Académico de esa casa de estudios, maestro César Rodríguez confirmó y otros 13 de la UNAN León.   

De acuerdo a esa carta de Lobato, la expulsión fue tomada, según resolución del Consejo Universitario que conoció un informe presentado por una Comisión Especial, la que fue creada para tal fin durante una sesión extraordinaria del 7 de agosto 2018 y que le tomó 10 días para investigar. En el caso particular de la UNAN Managua, a sus autoridades ya se les había vencido el período para el cual habían sido electas, lo que de acuerdo a los expertos invalida esos actos administrativos.

El libro también recoge expresiones de los exrrectores Carlos Tünnermann y Ernesto Medina y del exdocente Freddy Quezada, y del especialista Jorge Mendoza, alrededor de las expulsiones y de la violación a la autonomía universitaria.

En indefensión

En sus testimonios los estudiantes coinciden que las autoridades universitarias los dejaron en indefensión pues no fueron notificados sobre las disposiciones en su contra y pese a tratarse de procesos administrativos, de antemano los estudiantes fueron criminalizados cuando fueron advertidos con tramitarles causas en los tribunales, si se presentaban a los recintos.

El libro explica que en la mayoría de los casos los estudiantes afectados conocieron de la expulsión cuando intentaron conocer su situación académica a través del sistema en línea después de filtrada la carta resolución, por tanto, no pudieron defenderse de las imputaciones que les hacían, lo que violenta el procedimiento según el Reglamento Disciplinario Estudiantil de la UNAN Managua.

Las expulsiones tuvieron carácter definitivo aún cuando el tipo de falta aplicado, falta grave, contempla un semestre de suspensión, además las universidades no implementaron la llamada Ley de Amnistía, Ley 996, que expresa que deberán ser cerrados todos los procesos administrativos; por lo que durante la presente semana Acción Universitaria dio a conocer una carta pública a través de la cual demanda a las autoridades de la UNAN Managua autoricen su ingreso.  

Hay testimonios de estudiantes que expresan que además de afectárseles con la suspensión de sus estudios universitarios también fueron acusados judicialmente, donde  dirigentes de UNEN  actuaron como testigos durante los procesos judiciales. 

En todo este proceso de represión los estudiantes aseguran que fueron levantadas listas negras mediante procedimientos irregulares, que podría conllevar actos de persecución y chantaje de personas afines a grupos que tienen el control de las universidades y que fueron infiltradas en las protestas.

En los testimonios presentados en el libro, los afectados señalan directamente a rectores, decanos y la dirigencia de UNEN, que en 2018 estaba en manos de Luis Andino como los que ejecutaron la represión en los recintos universitarios.

De acuerdo a los testimonios de los universitarios, las expulsiones tenían como fin  descabezar a quienes consideraban una amenaza, por no seguir el adoctrinamiento de UNEN, mano derecha del partido oficialista dentro de las universidades públicas.  

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