Iniciativa de ley RENACER apunta directamente al régimen Ortega Murillo y a su cúpula

Daniel Ortega. Fotografía: Archivo de Manuel Esquivel.

Una iniciativa de ley que prioriza las sanciones a funcionarios del régimen Ortega Murillo, su familia, miembros de la Policía y del Ejército de Nicaragua fue presentada este jueves por el senador demócrata y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, acompañado de los senadores Marco Rubio, republicano y Tin Kaine, demócrata.

La iniciativa de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para le reforma Electoral (RENACER), busca avanzar en la alineación estratégica de las herramientas diplomáticas de los Estados Unidos hacia la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. Así como reafirmar el compromiso de los Estados Unidos de proteger los libertades y derechos humanos del pueblo de Nicaragua, y para otros fines.

La iniciativa de ley expresa la priorización de  sanciones  requeridas bajo la sección 5 de Nicaragua Ley de Condicionalidad de Inversiones de 2018 con respecto a personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua.

E incluye a  funcionarios del gobierno de  Daniel Ortega, sus familiares, miembros de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas de Nicaragua,  miembros del Consejo  Supremo Electoral, miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares; igualmente personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas en acciones con funcionarios del  régimen de Ortega, su partido o su familia.

Aplicación de una estrategia de sanciones

A través de la misma promueve la inclusión de Nicaragua en la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas a la corrupción, amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras, reafirma la exención legal existente para proyectos humanitarios, la  elaboración y aplicación de una estrategia de sanciones coordinadas con Canadá y Unión Europea.

También plantea la presentación de informes clasificados sobre la participación de familiares de Ortega y funcionarios del régimen vinculados a la corrupción,  sobre las actividades de la Federación  Rusa en Nicaragua,  y sobre los abusos a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad en el interior de Nicaragua.

Señala, que en su  Resolución la OEA  reiteró la preocupación hemisférica por que el régimen de Ortega  no ha  liberado a todos los presos políticos y no ha implementado lo acordado sobre las medidas para garantizar la libertad de expresión. Igualmente apunta, que la OEA convocó a Ortega a aceptar el despliegue de misiones nacionales e internacionales de observación electoral, así como describió la necesidad de negociaciones oportunas e inclusivas para lograr reformas electorales significativas, incluida la modernización del Consejo Supremo Electoral, la revitalización de un proceso político pluralista y auditoría independiente de padrones electorales nicaragüenses.

La iniciativa destaca la represión desatada por el régimen desde abril de 2018, que más recientemente se ha expresado con el combo de leyes represivas, la violación a la libertad de expresión y el hostigamiento a los medios de comunicación independiente.

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