La situación de los más de sesenta presos políticos que aún quedan en las cárceles del régimen y la impunidad en que aún permanecen los crímenes perpetrados en el contexto del estallido de 2018, destacan entre las preocupaciones expresadas por la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) e integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), Claudia Paz y Paz, que investigó los hechos de violencia registrados entre el 18 de abril y el 30 de mayo, de ese mismo año.
“Nunca se investigaron realmente, los crímenes perpetrados por funcionarios estatales, principalmente por policías o paraestatales, no avanzaron esas investigaciones”, lamenta Paz y Paz quien además señala , que es motivo de preocupación el hecho que a dos años del inicio de la crisis sociopolítica en el país “hay libertades que siguen siendo restringidas, como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación”.
No obstante, pese a que la crisis se ha extendido durante dos años en Nicaragua, la directora de CEJIL considera que esta situación ha dejado resultados, como es el hecho de visibilizar como el régimen durante años ha acumulado poder y lo ha trasladado a otros Poderes del Estado.
Menciona entre esas instituciones al Poder Judicial y a la Fiscalía, “que no son para nada autónomas, independientes y esa grave brecha en una democracia, eso se puso en evidencia a partir de lo ocurrido el 18 de abril”. También estima que fue un momento que permitió a muchos ciudadanos hacer valer sus derechos y pudieran organizarse de otras maneras para seguir resistiendo.
“Y creo que lo más importante en este momento es que aquí están las transformaciones políticas electorales, indispensables para que puedan haber elecciones en otro contexto”, señala la directora de CEJIL.
Paz y Paz también expresó preocupación por la actual situación enfrentada en Nicaragua con el manejo que el régimen ha dado a la pandemia del COVID-19, lo cual consideró es “sumamente alarmante”, por el hecho de que “no solo no se toman esas mínimas medidas necesarias, sino que además se alientan las reuniones de personas”. Esto, dice, pese a que el país cuenta con un sistema de salud frágil, al igual que la mayoría de países de la región, a excepción de Costa Rica, lo cual representa un riesgo a sus vecinos.
Al cumplir dos años del inicio de la resistencia pacífica en Nicaragua, la experta guatemalteca también habló sobre el trabajo realizado como una de las integrantes del GIEI, formado bajo un acuerdo entre la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el régimen.
Al GIEI le correspondió investigar los hechos violentos acaecidos entre el 18 de abril y el 30 de mayo del 2018 y aunque en un inicio estaba sujeto a la posibilidad de extender la presencia del grupo de expertos, al final el régimen les solicitó a sus miembros que abandonaran el país. Esto ocurrió en diciembre 2018.
- Usted formó parte de las investigaciones del equipo de expertos del GIEI que se realizaron hace dos años ¿Qué fue lo que más le impresionó a usted durante ese período que estuvo en Nicaragua?
Creo que nosotros llegamos para julio, los hechos estaban ocurriendo, íbamos a documentar noches que habían pasado, no una situación que estaba, por decirlo de alguna manera resuelta, sino que en ese momento estaba ocurriendo y el nivel de presencia policial era sumamente impresionante.
Y creo que a todos nos impactó muchísimo como los asesinatos de jóvenes habían pasado, ocurrido a la vista de todos. Es una situación de violación de derechos humanos que estuvo prácticamente fotografiada y filmada. Muy doloroso, muy doloroso ver que la protesta fue reprimida de esa manera con una cauda de vidas humanas tan grande.
- El informe del GIEI dice que se cometieron crímenes de lesa humanidad, ¿Cómo ve que esta situación persista en el país, que el régimen no tomen medidas de reparación?
Otro de los elementos que nos impactó a nosotros muchísimo fue saber si íbamos a colaborar con las autoridades, con la Fiscalía para esclarecer los casos. Fue la absoluta sumisión de una institución que debería ser autónoma en el ejercicio de sus funciones como estaba en la sumisión del Poder Ejecutivo, entonces desafortunadamente no considero que existan condiciones para que esos casos se esclarezcan, en este momento en Nicaragua, porque no hay Poder Judicial independiente.
Nosotros también documentamos cómo casos que habían sido esclarecidos, eran casos con hipótesis totalmente contrarias a la evidencia científica, es decir, no eran realmente casos esclarecidos sino tristemente personas que por alguna razón estaban siendo imputadas con versiones totalmente fraguadas (…) eso lo decimos en el informe una recomendación es que estos hechos sean investigados en otros países por principio de jurisdicción universal.
- ¿Esta situación tiene un tiempo para investigarse o puede ser investigada independientemente en el tiempo que sea?
Claro, es una de las consecuencias que la gravedad sea de esta magnitud que sean catalogados como crímenes de lesa humanidad es que son imprescriptibles.
- ¿De qué manera el régimen los atendió a ustedes? ¿Cómo fue esa situación que se presentó? En diferentes etapas ustedes dijeron que no habían tenido acceso a información oficial? ¿Qué paso exactamente?
Exactamente nosotros nos imaginábamos una situación colaborativa, que partía de la voluntad del gobierno de cumplir con sus funciones de esclarecer los casos, y sin embargo, esto nunca ocurrió. Luego de unas primeras reuniones, luego de nuestra llegada cada vez se fueron distanciando más, realmente la relación con ellos fue de no respuestas.
Enviamos muchas cartas recomendando como se debían investigar los hechos, muchas cartas pidiendo información específica, sobre todo, en el caso de funcionarios policiales que habían pedido la vida, nos interesaba muchísimo poder llegar a sus familias, tener información de los expedientes ver cómo habían ocurrido estos casos, pero ni siquiera, ni en estos ni en ninguno otro pudimos tener acceso a los expedientes, o acceso a prácticamente ninguna información oficial y bueno, la única respuesta que tuvimos fue cuando nos citaron para pedirnos que saliéramos del país.
- ¿Y fue así literal (que les pidieron) que debían salir del país?
Si, fue así literal, esto ocurrió hace dos años pero nos decían damos por terminado los acuerdos por favor salgan del país.
- ¿Usted había participado en otra comisión de expertos, había recibido ese mismo tratamiento ustedes?
No, no de hecho participo en el que está por conformarse en el GIEI de nuevo, de México, pero no, no.
- ¿Esa experiencia como la vivieron ustedes, como la interpretan?
Nosotros estamos convencidos que fue para evitar que pudiéramos presentar nuestro informe en Nicaragua. Es un aporte a la verdad de lo que ocurrió pero no querían que lo hiciéramos en el país, un poco absurdo también, porque no se puede tapar el sol con un dedo y el informe se presentó, el informe se difundió, muchos medios nicaragüenses bastante tiempo sacaron partes, varios fragmentos del informe. Pero, si fue muy muy lamentable porque nosotros estábamos allí por invitación del gobierno de Nicaragua.
- Aunque a dos años ¿De los casos que usted investigó hay alguno que todavía le conmueve?
No uno, muchos, los casos que conocimos fueron casos como explicaba hace un momento, fueron casos sumamente dolorosos porque eran jóvenes que estaban expresándose, manifestándose, quizás alguno tendría una hulera, una tiradora, pero ninguno tenía un arma y la respuesta de la fuerza policial que debía de protegerlos, fue dispararles. Esos hechos son sumamente dolorosos e impactantes para mí y para todos los miembros del GIEI.
- ¿Usted en algún momento pensó que esta situación a dos años no sería investigada todavía?
Era una de las posibilidades, sobre todo, cuando nosotros por ejemplo, intentamos asistir a una audiencia pública para ver un juicio, no se nos dejó entrar, eran señales muy evidentes de que el sistema de justicia estaba totalmente cooptado, que no estaba actuando como debía.