Un análisis de 113 casos de personas asesinadas del total de 328 crímenes perpetrados durante la represión de 2018, determinó que las personas que salieron a manifestarse en Nicaragua recibieron un tratamiento de “enemigas del régimen”.
Lo anterior es parte de un informe realizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que a su vez reveló que la mayoría de personas que participaron en las manifestaciones entre abril y septiembre del 2018, no tenía una afiliación ni militancia a un partido político nicaragüense.
De acuerdo al informe «¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales
y represión en Nicaragua, ¿Hasta cuándo? , 98 de las víctimas (86.73%) eran personas no vinculadas directa o indirectamente a movimientos políticos, pero que participaron en el movimiento social desencadenado en abril de 2018.
Solamente en 11, de las 113 víctimas (9.73%) se estableció que existía militancia o afinidad política directa, o a través de familiares, con el partido de gobierno (FSLN) y 4 (3.54%) tenían nexos con partidos de la oposición.
Igualmente, el informe señala como ejecutores de la represión a miembros de la Policía con el auxilio de estructuras paraestatales que se movilizaban a bordo de vehículos propiedad de instituciones gubernamentales, quienes atacaron a los manifestantes e impidieron que ejercieran sus derechos a la manifestación y la protesta.
Según el informe, el régimen “tenía claridad sobre la falta de militancia política de las y los estudiantes manifestantes, y que las motivaciones para protestar estaban vinculadas a las reformas a la seguridad social, como es el caso entre otros de Richard Eduardo Pavón Bermúdez, asesinado el 19 de abril de 2018, Marlon Manases Martínez Ramírez, asesinado el 20 de abril de 2018 y Moroni Jacob López García, asesinado el 21 de abril de 2018”.
Acorralados para ser atacados
“Los manifestantes fueron objeto de cercos programados, mediante los cuales se les acorralaba para ser objeto fácil de ataque. El uso de armas de fuego causando muertos y heridos como estrategia para generar miedo empezó a ser habitual, mientras el desalojo de los manifestantes con armas de fuego tuvo como objetivo adicional generar daños materiales, una conducta que se repitió en todo el país”, refiere la FIDH y el CENIDH en su informe.
En tanto impidieron que personas heridas durante las manifestaciones recibieran atención médica en los centros hospitalarios de carácter público.
De acuerdo al mismo, a causa de los ataques directos contra manifestantes 56 personas fallecieron en distintas ciudades del país, igualmente los ataques contra personas no vinculadas a las manifestaciones, dejaron 9 muertes (2 en Estelí, 1 en León, 5 en Managua y 1 en Masaya).
Entre esos casos está el crimen contra el periodista Ángel Eduardo Gahona de 42 años, asesinado el 21 de abril de 2018, mientras realizaba una transmisión en vivo de las protestas ciudadanas en la ciudad de Bluefields, en el Caribe Sur.
“Su asesinato evidencia el agudizamiento y la censura por parte del régimen a medios de comunicación independientes”, señala el informe.
También registra el informe que los ataques contra los tranques, cuando inició la llamada “Operación limpieza”, durante los primeros días del mes de junio de 2018 dejó como resultado la muerte de al menos 27 personas en distintas ciudades del país y fue ejecutada por la Policía e integrantes de estructuras paraestatales, “que usaron armamento de uso exclusivo del Ejército”.
Por ejemplo, menciona el crimen contra Junior Gaitán, de 15 años, perpetrado el 2 de junio de ese año en Monimbó, Masaya.
Según un testigo, un policía le disparó a Gaitán a quemarropa en el pecho, mientras él arrodillado suplicaba: “No me matés hombre, vos me conocés” pero el policía no tuvo piedad”.
Otro caso que trascendió en ese momento fue el de Marcelo Mayorga, asesinado durante la operación limpieza que efectuó la Policía, el 19 de junio de 2018, en Masaya. Recibió un impacto de bala en la cabeza, quedó tendido en el suelo sobre un charco de su propia sangre. Su esposa recuperó su cuerpo mientras era amenazada por la Policía fuertemente armada.
A su vez, menciona actos de desaparición, detención, persecución y saqueo por parte de agentes estatales y paraestatales, que causaron la muerte de 15 personas en distintas ciudades del país.
Ataques continúan
“Los ataques directos contra personas consideradas enemigas por agentes estatales y paraestatales han continuado más allá de los acontecimientos acaecidos durante las manifestaciones y tranques entre abril y septiembre de 2018, provocando la muerte de 6 personas de las 113 documentadas por el equipo del CENIDH (3 en los Trojes, el Paraíso, Honduras, 2 en Jinotega y 1 en León)”, refiere el documento.
Entre los casos que menciona están los perpetrados contra la familia Montenegro, asesinatos documentados por el CENIDH que reflejan la existencia de un ensañamiento contra las personas que participaron en las manifestaciones de abril de 2018.
Oliver José Montenegro Centeno, del municipio de El Cuá, Jinotega y su hermano Edgard Montenegro Centeno quienes participaron en la protesta social iniciada en abril de 2018, se vieron obligados a desplazarse de la zona por un tiempo, debido a amenazas de muerte directas de la Policía y fanáticos del régimen.
Sin embargo, Olivier Montenegro fue asesinado el 23 de enero de 2019 a 200 metros de su propiedad y su hermano Edgard, el 27 de junio del mismo año junto con su hijo de crianza Yalmar Antonio Zeledón Olivas, en Trojes, El Paraíso, Honduras donde habían buscado refugio debido a las amenazas de muerte. Un cuarto miembro de la familia Montenegro, Francisco Blandón Barrera, fue acribillado a balazos por un desconocido que se movilizaba en una motocicleta, en la comunidad San José de Maleconcito del municipio de Wiwilí, Jinotega, a finales de agosto 2019.