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La agenda de la Nueva Nicaragua, propuesta por la Alianza Cívica

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia  presentó este jueves una propuesta de agenda Nueva Nicaragua en el que plantea reformas a la Constitución Política de la República para eliminar definitivamente la reelección presidencial, reformas al Poder Electoral, al Ejército y la Policía, así como el combate de manera frontal a la corrupción y la derogación de la Ley 840, Ley Anticanal. 

Las reformas al Poder Electoral deben ser de manera integral, según las propuestas de reformas ya elaboradas por la mesa de reformas electorales, dice la Alianza Cívica.

Entre las reformas más urgentes menciona un nuevo Consejo Supremo Electoral, que sea compuesto por ciudadanos honestos, a la par de cambios en las estructuras de ese Poder del Estado, limpieza del Padrón Electoral, acceso y funcionamiento sin impedimentos de fiscales de los partidos políticos, observación nacional e internacional irrestricta y publicación en tiempo real de los resultados electorales. 

Igualmente propone la libertad de prensa, libertad de expresión y de manifestación, estricto cumplimiento de las leyes de servicio civil y carrera administrativa, acceso a la información pública y ley de participación ciudadana.

En su propuesta de agenda la Alianza Cívica también plantea como aspiraciones a una nueva Nicaragua el erradicar la vieja forma de hacer política, genuino y ecuánime Estado de derecho, justicia para las víctimas de los abusos de violación de derechos humanos, política social que asegure la equidad y el desarrollo humano sostenible, entre otors.

Y en el campo de la justicia propone reformes al sistema de justicia que incluya un nuevo sistema nacional forense y de criminalística con autonomía plena, la suscripción del Estatuto de Roma por parte del Estado de Nicaragua, la creación de una Comisión de la Verdad independiente y una fiscalía especial, donde las víctimas y sus familias como sus objetivos. 

A su vez propone dejar sin efecto la llamada Ley de Amnistía, así como la entrada al país de organizaciones de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para la Derechos Humanos (OACNUDH), el cierre del Chipote y erradicación de la tortura y devolución de propiedades confiscadas.

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