La Asamblea Nacional es la encargada de legislar. Fotografía: Tomada del sitio web de Asamblea Nacional.
Como “un paso más en la intimidación del pueblo nicaragüense”, calificó este martes el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, la aprobación de la Ley de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación por la paz.
Borrell estimó que con la Ley el régimen “busca prevenir las candidaturas de la oposición”. Y consideró, que además con las anteriores leyes de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, así como la reforma constitucional en curso para ampliar las penas de prisión perpetua alejan al país del Estado de Derecho.
El lunes la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), también expresó preocupación por la aprobación de la Ley de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación por la paz, e instó al régimen a su derogación.
Sin embargo, el régimen más bien tal y como la aprobó de forma expedita la Asamblea Nacional, así la mandó a publicar un día después en el Diario Oficial la Gaceta.
La Ley en su artículo uno indica: «Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico no podrán optar a cargos de elección popular».
Lo que espera la UE
“La UE espera que las autoridades nicaragüenses alineen su legislación, garanticen la implementación con las obligaciones internacionales de derechos humanos y promuevan el papel de la sociedad civil para que las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de oposición puedan operar libremente. Los ciudadanos nicaragüenses deben poder ejercer sus libertades de expresión y asociación de manera efectiva”, expresó Borrell en su declaración.
En su declaración Borrell sostuvo, que la UE espera “avances tangibles” en la plena aplicación de los acuerdos del 27 y 29 de marzo de 2019 entre el régimen y la oposición cívica, plena cooperación y retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos y un acuerdo sobre las reformas electorales e institucionales entre el régimen y la oposición “para garantizar elecciones justas y transparentes”.
Al tiempo que insistió en que “la UE apoya un diálogo urgente e inclusivo sobre reformas electorales con la oposición nicaragüense como un paso esencial para restaurar la confianza. Las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 siguen siendo válidas”.