Elea Valle, mantiene reclamo de justicia. Fotografía Archivo de Elízabeth Romero.
El régimen “siguió sin hacer ningún esfuerzo por investigar” los crímenes perpetrados desde 2017 en el campo de Nicaragua en particular en el Caribe Norte y Sur, que son considerados como ejecuciones extrajudiciales, desde 2017 en menciona el informe anual 2020 sobre derechos humanos del Departamento de Estado, de Estados Unidos. Según la coordinadora de Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Wendy Flores, la investigación de estos hechos es una deuda pendiente con el campo.
“El Ejército siguió negando su participación en casos que las organizaciones de derechos humanos percibieron como ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos. y encarcelaron a muchos miembros de la oposición prodemocracia, las organizaciones de derechos humanos documentaron ampliamente que las investigaciones y los cargos no se ajustaban al estado de derecho”, refiere el documento de Estados Unidos.
Flores consideró uno de los casos emblemáticos registrados durante 2017 en las montañas nicaragüenses, fue el crimen de los hijos menores de Elea Valle, que aún siguen en impunidad, sin que ellas haya asistido a su funeral. “Ese proceso doña Elea no lo ha vivido”, dijo Flores, quien aseguró que más bien Valle ha sufrido impunidad, hostigamiento y amenazas.
El hecho referido por Flores, fue perpetrado el 12 de noviembre de 2017, en la comunidad San Pablo 22, de la Cruz de Río Grande, en esa ocasión el jefe del Sexto Comando Militar, coronel Marvin Paniagua habló del hecho como un enfrentamiento entre militares y delincuentes, donde únicamente se refirió a la muerte de Rafael Pérez Dávila, como parte de una banda delincuencial que se dedicaba al tráfico de marihuana, robo de ganado y extorsión, con lo que sembraba el temor entre los productores.
“Las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación independientes alegaron que algunos asesinatos tenían motivaciones políticas, una acusación difícil de confirmar porque el gobierno se negó a realizar investigaciones oficiales”, menciona el documento.
En la Sección 1, del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, referido al Respeto por la integridad de la persona, incluida, la relacionada con la privación arbitraria de la vida y otros homicidios ilegales o por motivos políticos, refiere que “hubo numerosos informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”.
Igualmente el documento del Departamento de Estado retoma los informes en los que grupos de derechos humanos y defensores de los campesinos documentaron al menos 30 asesinatos de campesinos entre octubre de 2018 y agosto de 2020, en los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia y sus alrededores.
“Grupos de derechos humanos dijeron que estos asesinatos marcaron una escalada de una campaña de terror en las regiones centro-norte y RACN, perpetrada por grupos parapoliciales para acabar con la oposición política al partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”, retoma el informe.
Antecedentes de impunidad
“Esa es como una persecución a las víctimas”, sostuvo Flores, quien recordó que siguen en impunidad otros casos perpetrados en el campo antes del 2017, como el de José Gabriel Garmendia, conocido como Yajob, un exmiembro de la Resistencia Nicaragüense asesinado en 2011.
Y recordó la defensora de derechos humanos, que en esos hechos el Ejército bajo el alegato de que las víctimas perecieron durante operativos ejecutado por sus fuerzas a quienes les ha descalificado como criminales, ha justificado estos hechos para anular el derecho a la vida cuando “en Nicaragua está prohibida la pena de muerte y el primer derecho que tiene que proteger y cuidar es la vida y la integridad personal son derechos irreparables”.
El Ejército ha alegado en su defensa que es una “campaña de desprestigio” en su contra, pero Flores expresó que son muchos los crímenes cometidos en las comunidades que no han sido investigados en el país, como el de la llamada Mochila bomba, ocurrido el 20 de enero de 2015, en la comunidad de El Portal, Pantasma, sin que la Policía o el Ministerio Público hayan investigado como corresponde, pese a que “eran operativos para matar”. Tres personas fueron asesinadas en esa ocasión.
“Hay una deuda con los campesinos y es de justicia, y la otra deuda es que cese la represión en el campo”, señaló Flores quien apuntó: “Extrañamente siguen apareciendo campesinos asesinados, opositores coincidentemente casi todos opositores políticos y sin ninguna investigación”. Y puso de ejemplo los crímenes contra la familia Montenegro en el norte del país.
Es de destacar que no es la primera vez que el Ejército niega responsabilidades. En enero del 2020 fue conocido un documento que de forma selectiva distribuyó como respuesta al informe sobre Situación de Derechos Humanos de la población campesina, presentado por tres organizaciones incluido el Colectivo que coordina Flores, durante el 173 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 25 de septiembre de 2019, en el que rechazaba los señalamientos y descalificaba a quienes presentaban el informe en el que mencionaban a esa fecha unos 30 campesinos asesinados.
En esa ocasión el Ejército no solo rechazaba el informe presentado ante la CIDH, por el Movimiento Campesino, Acción Penal y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, sino que lo descalificaba y atribuía al Movimiento Renovador Sandinista y al Movimiento Rescate al Sandinismo Histórico.
En esa ocasión el Ejército advirtió; “El día que salgamos del campo Nicaragua se sumará al caos como el que existe en el Triángulo Norte de Centroamérica o como áreas de México”.
“El Ejército puede negar su vinculación, pero lo que no se puede negar es que no ha habido investigación, que la Policía y el Ministerio Público demuestren de forma transparente ¿Cuál ha sido la investigación en todos esos casos? ¿Dónde están las personas investigadas?, los presuntos militares que participaron en estos operativos y que se demuestre ante un proceso judicial que actuaron con proporcionalidad, con racionalidad y que actuaron en legítima defensa por ejemplo”, apuntó la defensora de derechos humanos
“Y en todo caso es a un juez al que le corresponde determinar cómo fue la actuación de quienes participaron, sean agentes policiales o militares. Las víctimas no han sido convocadas ni por la Fiscalía ni por un autoridad judicial para que sus voces, sus testimonios sean escuchados”, señaló Flores.
Tras advertir que hay riesgos de que estas ejecuciones extrajudiciales podría continuar en el campo en el contexto electoral “porque Nicaragua no ha dado paso s de garantía para un ejercicio democrático libre(…) podría estar haciendo pasar como crímenes comunes, lo que le convierte en una situación distinta es que (las víctimas) son opositores políticos”.
“Esto debe llamar la atención al Estado de que hay una especie de persecución en el campo y lo que antes veníamos viendo de estos asesinatos en el campo se trasladó en 2018 a la ciudad…lo vimos en tiempo real y eso fue imposible de ocultar por mucho que el Estado quiera decir en su narrativa que se trató de golpe de estado, el hecho es que están acostumbrados a atacar a personas civiles, o personas desarmadas que reclaman y exigen derecho”, sostuvo la defensora de derechos humanos.
En el mismo informe del Departamento de Estado también mencionó que oficiales del Ejército el 15 de agosto del 2020 capturaron a Hader González y Cristian Meneses en la frontera sur.
«González y Meneses no recibieron asesoría legal y sus familias no fueron informadas de su paradero hasta el 20 de agosto, cuando el Ejército los presentó públicamente, vinculando su captura con un asesinato a principios de año. El Ejército se refirió públicamente a González y Meneses como delincuentes, aunque la Policía no confirmó formalmente su arresto hasta el 21 de agosto. Según la constitución, los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad», apunta el Departamento de Estado.