La iniciativa de ley de defensa de los derechos del pueblo demuestra “la voluntad del absolutismo” del régimen que con la misma ejecuta “una mutación constitucional”, asegura el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión.
Recordó Carrión, que esta iniciativa se suma al combo de leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional con mayoría del oficialismo y que violentan los derechos de la población.
“Es una perpetuidad en medio de las cenizas en medio de la ruina, cuando un funcionario comete una recaída cualquier persona tiene derecho de acudir a algún órgano para frenarlos”, expresó Carrión.
En este caso, dice Carrión, el régimen “arrasa” y “anula” la Constitución mediante una ley ordinaria, por lo que considera que la misma es “improcedente, inconstitucional y hay una usurpación de poder brutal porque nadie puede cambiar el sentido de la Constitución, decir que ya no tienen derechos nadie la puede cambiar”.
En la iniciativa de ley el oficialismo establece que no podrán a optar a cargos de elección popular, aquellos a quienes consideran que encabecen o financian un golpe de estado, “que fomenten actos terroristas” o “que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares” o que “propongan o gestionen bloqueos económicos comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”, así como aquellos que “exalten y aplauden las imposiciones de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
El mismo Ortega aseguró la noche del viernes: “Y se alegran cuando anuncian una sanción, lo celebran, se alegran. Esos no son nicaragüenses, no sé ni cómo se les ocurre pensar que con esa actitud van a poder participar en unas elecciones, sino no son nicaragüenses. Esos que vayan a participar en unas elecciones en los Estados Unidos, que vayan a buscar en unas elecciones en los países que los financian para que comentan aquí actos de terror para que incluso en medio de la pandemia, en los momentos más difíciles montaron una campaña feroz para que el país se destruyera”.
La iniciativa “es contra la voluntad de todo un pueblo que ya habló fuerte desde abril”, expresó Carrión quien explicó que la misma es inconstitucional porque una ley ordinaria no puede anular los derechos humanos sean individuales o políticos.
“Él está convirtiendo a los nicaragüense en cualquier cosa, despojándolos de sus derechos”, dijo Carrión que recordó que “los derechos solo se pueden limitar, no anular”.
Buscan preparar un nuevo circo
Para el integrante de la Coalición Nacional, José Pallais, la iniciativa demuestra que Daniel Ortega “sigue perfeccionando su fraude sistémico que ha venido montando con la suspensión de facto de los derechos y garantías constitucionales”.
La iniciativa busca restringir la participación de la verdadera oposición y “preparar un nuevo circo, una nueva farsa”, pues busca “él (Ortega) escoger a su competencia”, a su conveniencia, sostuvo Pallais.
Y es una ley que “niega al pueblo la facultad de elegir y participar en verdaderas elecciones”, y carece de un procedimiento para ser aplicada, lo que lleva a pensar a Pallais que está diseñada para ser aplicada de forma arbitraria.
El artículo 50, de la Constitución Política, establece que “los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal”.
Y en el artículo 55 señala, que los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos, con el fin de participar, ejercer y optar al poder.
El integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, consideró que “en el fondo más bien es una iniciativa de una dictadura arrinconada, una tiranía huérfana que busca desesperadamente cualquier artimaña para detener su inminente derrota en un escenario electoral”.
“Es una patraña que llevaría a inhibir electoralmente a millones de personas en Nicaragua, que al unísono hemos pedido …sanciones contra quienes han cometido crímenes de lesa humanidad”, indicó Maradiaga.
Por su parte José Dávila, miembro de la Alianza Cívica, la iniciativa «es un golpe final» para las próximas elecciones, pues está encaminada a inhibir a los opositores,
«Es una ley guillotina porque quieren eliminar a todo aquel que haga crítica», consideró Dávila, quien considera que Ortega busca ser el único candidato en los próximos comicios «o competir con candidatos mudos».