El periodismo independiente ha jugado un papel importante en denunciar la realidad que vive Nicaragua. Fotografía: Archivo.
El régimen busca cercar aún más al periodismo independiente que publica a través de plataformas digitales y a la población en general que hace uso de las redes sociales en Nicaragua, al presentar este lunes en la Asamblea Nacional una nueva iniciativa de ley de Ciberdelitos, que según defensores de derechos humanos se convierte en una nueva ley del bozal o el retorno al llamado Código Negro, de la época somocista
En esta ocasión, amenaza con cárcel a quienes difundan lo que ellos consideren “noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación” e incluye a quienes están en el exterior pues advierte que puede pedir la extradición.
Por ejemplo, en el artículo 30, de esa iniciativa quienes el régimen considere que «publiquen o difundan información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella ,una persona o a su familia». En este caso las penas van de dos a cuatro años y de 300 a 500 días multa. Y en el caso que afecte el honor, prestigio o reputación las penas son de uno a tres años de prisión y de 150 a 300 días multa.
En caso que consideren que la publicación «incite al odio o la violencia» y pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana la pena será de tres a cinco años de prisión y de 500 a 800 días multa.
Para Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), esta nueva iniciativa del oficialismo, representa “el Código Negro (…) es la forma moderna de censurar la libertad de expresión, porque las redes sociales) es una manera alternativa” de información que ha encontrado la población ante esta crisis sociopolítica a la que ha sido sumida la población.
Cuevas considera que las nuevas plataformas digitales es uno de los objetivos contras quienes el régimen dirige esta iniciativa pues han empezado a incidir aún más entre la población, aún más que los medios tradicionales.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, anunció que esa organización hará un análisis pero en su primera reacción consideró que “esta es una amenaza perversa (…) porque no solo es la amenaza de la ley, sino el riesgo que percibe la gente (…) de no poder contar con la posibilidad de expresar su indignación”.
Buscan callar a todo el mundo
“Están queriendo callar a todo mundo (…) una persona desesperada es lo más peligroso que hay”, advirtió la presidenta del CENIDH, quien valoró que la iniciativa representa “la mayor muestra de miedo, solo la persona que se está muriendo que sabe que no se va a salvar está en un trance así, hace uso de cualquier maldad. Se están copiando lo más malo de todas partes”.
Esta nueva iniciativa del oficialismo, para Núñez demuestra que “estamos en un riesgo gravísimo y si seguimos pensando que con argumento jurídico y comunicados los vamos a detener no (es así), estos comunicados, como posicionamientos que nos sirvan para impulsar las acciones que hay que tomar”.
Cuevas, calificó el mensaje de esta iniciativa como “apocalíptico”. Y piensa que con esto el régimen busca que no vuelva a repetirse lo ocurrido en abril 2018.
El defensor de derechos humanos considera que, la población es quien más resultará afectada con esta iniciativa de ley, pues contará con menos información creíble y tampoco podrá compartir información que el régimen puede calificar de falsa.
Cuevas dijo, que el régimen sabe que con la crisis sociopolítica que sufre el país de 2018 a la fecha surgieron muchas plataformas informativas que vinieron a satisfacer la necesidad de información donde quedó un vacío dejado por medios tradicionales forzados a cerrar sus espacios y lo que busca con esta iniciativa “mantener un monopolio informativo”.
Las penas que pretenden imponer las calificó Cuevas como abusivas y vulneran el artículo 39, de la Constitución que indica que el objeto de la pena es provocar el cambio de conducta, pero este pregunta, «qué cambio de conducta va a provocar en un ciudadano que no tiene una conducta disocial» por ejemplo una pena de ocho años, cuando “simplemente estaba ejerciendo su derecho a expresarse (…) de que se le facilite información, recogerla y transmitirla”.
“Es una aberración jurídica no tiene ninguna lógica, vulnera derechos humanos y constitucionales y hace que el funcionario cometa delitos de abuso de autoridad”, dijo Cuevas, tras señalar, que “estamos en una fase represiva sumamente peligrosa, donde las autoridades no les interesa lo que opine la ciudadanía, lo que opine la comunidad internacional, la OEA, Naciones Unidas, simplemente les interesa mantenerse en el poder a cualquier costo”.