Informe de Monitoreo Azul y Blanco indica que la Policía es la que más realiza hostigamientos. Fotografía: Archivo.
Un promedio de seis incidentes de hostigamiento por día en contra ciudadanos identificados como opositores y sus familiares fueron registrados en los últimos seis meses en Nicaragua, donde el hostigamiento de Estado ha sido la forma de represión más utilizada por el régimen de acuerdo al último reporte realizado por el Monitoreo Azul y Blanco.
El informe Hostigamientos: parte de la estrategia represiva del Estado en Nicaragua, presentado este jueves por Monitoreo Azul y Blanco destaca que entre noviembre 2020 y abril 2021 identificó 1,150 de ese tipo de hechos.
El hostigamiento de Estado constituye violaciones a los derechos humanos porque atentan contra la integridad física, psicológica, libertad individual, libertad de movilización, opinión, expresión, circulación, pensamiento, derecho a participar en los asuntos públicos, a elegir y ser elegidos, el derecho a la vida privada y la inviolabilidad del domicilio, entre otros, señala el mismo.
Las principales víctimas de hostigamiento han sido excarcelados políticos así como familiares de presos políticos, opositores o manifestantes, integrantes y líderes de movimientos sociales, políticos y territoriales, e incluye a periodistas y defensores de derechos humanos.
Entre los principales hallazgos del informe están que un 90 % de los hostigamientos fueron realizados por la Policía del régimen, ya sea solos o acompañados por parapolicías, o civiles no identificados, dos de cada tres de los mismos ocurrieron en las viviendas de las víctimas o cerca de las mismas, hubo 167 casos en las que hubo amenazas directas; en nueve incidentes las personas agredidas reportaron lesiones o heridas, y en cuatro casos se reportaron víctimas de violencia de género y agresiones sexuales.
En 153 incidentes hubo reportes de agresiones físicas o daños a su patrimonio; esto incluye pedradas o pintas en las paredes y puertas de las viviendas con la frase «PLOMO».
Este tipo de hechos han incrementado al pasar de 223 casos en noviembre de 2020 a 384 en abril del presente año.
El informe indica que también prevalecen otras formas de violencia estatal como detenciones arbitrarias e ilegales, judicializaciones, agresiones, amenazas, torturas y malos tratos.