La criminalización en los últimos días de al menos 20 personas, entre ellos cinco precandidatos presidenciales, arrestados tras allanamientos domiciliares sin ninguna orden judicial, destacó en el informe presentado este miércoles por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Urrejola expresó “la seria preocupación por el grave escalamiento de la represión en Nicaragua ocurrida en las últimas semanas consistente en la intensificación de la persecución penal contra reconocidos líderes y lideresas de la oposición nicaragüense, personas defensoras de derechos humanos y también de la prensa independiente”.
Urrejola destacó que existe una profundización de la situación de derechos humanos y los nuevos hechos revelan una nueva fase de represión de cara a las elecciones y que ponen en duda la voluntad del régimen de ejecutar elecciones libres y transparentes.
“Es más que evidente que existe una profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua con grave consecuencias políticas y democráticas”, dijo Urrejola tras hacer un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que exijan al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de personas detenidas de forma arbitraria, así como el cese de todo acto de persecución en contra de voces disidentes, restablecer derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, derogar leyes restrictivas.
El embajador de Nicaragua, Luis Alvarado una vez más rechazó el informe de la CIDH, a la que llamó de estar instrumentalizada por Estados Unidos, que su informe carece de credibilidad pues “tergiversa la realidad nacional”. Y que forma parte de una campaña de desprestigio contra el país con lo cual busca la condena y el linchamiento político en la OEA.
Aumenta solicitud de medidas cautelares
Urrejola destacó que la CIDH ha venido documentando un prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho que enfrenta el país a raíz de la crisis de 2018 y donde se ha intensificado el cierre de espacios democráticos bajo una estrategia que busca inhibir cualquier forma de manifestación contra el régimen. Todo esto ocurre en un contexto de impunidad generalizada.
La gravedad de la situación de derechos humanos del país se ve reflejada, indicó Urrejola en el número de solicitudes de medidas cautelares que en lo que va del año ha recibido 27, la mayor cantidad ha sido presentada en el presente mes de junio, superior a las 26 presentadas en 2020. Y resaltó que varios de los detenidos de las últimas semanas son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH.
Urrejola destacó, que en la mayoría de las detenciones de las últimas semanas las personas han sido acusadas con la Ley 1055, que establece una serie de delitos incluidos en el Código Penal, como traición a la patria, a excepción de Cristiana Chamorro que es acusada de presunto lavado de dinero.
A la fecha la CIDH estiman que en Nicaragua 124 personas permanecen privadas de libertad de forma arbitraria. Y solo en los últimos 20 días el régimen ha detenido a cinco precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.
En particular Urrejola expresó preocupación por la situación de Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Pallais, quien no estaría recibiendo medicamentos adecuados para sus padecimientos, Suyén Barahona, Hugo Torres, Victor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, Dora María Téllez, y Ana Margarita Vijil. Según dijo, la CIDH conoció de que tanto Vijil como Téllez recibieron golpes durante su detención. Igualmente mencionó los últimos arrestos del banquero Luis Rivas, del periodista Miguel Mendoza y la exdiputada María Fernanda Flores así como el allanamiento en la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro, también fueron resaltados por Urrejola.
La presidenta de la CIDH manifestó, que ninguno de los detenidos ha sido acusado formalmente por la Fiscalía y están bajo una figura procesal de detención preventiva sin acusación fiscal hasta de 90 días gracias a una reforma del Código Procesal Penal (CPP), los procesados no tendrían derecho a una defensa, la mayoría estaría incomunicada. Al tiempo que informó la CIDH conoció de audiencias secretas sin representación legal realizadas en instalaciones distintas a los juzgados de Managua, la falta de efectividad de los recursos de Habeas Corpus y el desconocimiento del sitio de la detención que presumen está en la Dirección de Auxilio Judicial, señaló.
“La falta de garantías judiciales mínimas para cualquier persona refleja la arbitrariedad en el actuar del gobierno nicaragüense en un sistema sin peso ni contrapeso, caracterizado por la falta de independencia judicial y falta de independencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo como lo ha venido reiterando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo Urrejola.