A tres años la crisis en Nicaragua “no solo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, advierte la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su actualización oral, sobre la situación de derechos humanos en el país, durante la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La Alta Comisionada lamentó que el Estado de Nicaragua no ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por su Oficina y señaló que desde su último informe en febrero pasado su Oficina observa “un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos”, lo cual considera aleja la posibilidad del ejercicio pleno de los derechos políticos en elecciones el 7 de noviembre.
Bachelet hizo un llamado al régimen a “un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral”, lo cual requiere como mínimo de “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.
Bachelet también hizo un llamado al Consejo “para que considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Ello incluye la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas desde abril de 2018”.
Sin embargo, la reacción del canciller Denis Moncada fue demandar el respeto al derecho a vivir tranquilos, y para hablar que Nicaragua enfrenta lo que llama “la codicia” de Estados Unidos y Europa.
“Venimos a este Consejo a denunciar a Estados Unidos y las potencias europeas que son sus cómplices y denunciar su política inmoral e indecente de medidas agresivas, arbitrarias, ilegales coercitivas y unilaterales, que violentan todos los instrumentos del derecho internacional”, dijo Moncada.
Y alegó que la denuncia contra el Estado de Nicaragua es parte “de la misma estrategia de difamación” y es debido a que las personas que están respondiendo ante la justicia nicaragüense son “sus fracasados asalariados, desgraciadamente vende patrias de siempre que han cometido delito contra la soberanía, la independencia, la seguridad y la paz en nuestra Nicaragua”.
Persecución selectiva
Menciona por ejemplo Bachdelet, que desde la segunda mitad de abril su Oficina registró “un escalamiento de la persecución selectiva contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y personas percibidas como opositoras”.
Igualmente entre el 2 y el 21 de junio, la Policía y el Ministerio Público detuvieron a varios miembros de la oposición, entre ellos cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatas presidenciales, otras cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales.
“Sus detenciones, bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria, fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales. Al respecto, me preocupa especialmente la situación de las mujeres y de las personas adultas mayores privadas de libertad”, manifestó Bachelet.
Además, dijo, “se registraron declaraciones públicas de autoridades y algunos medios oficialistas estigmatizando a las personas percibidas como opositoras”. Menciona entre otras amenazas en redes sociales y el hostigamiento contra medios y periodistas independientes a través de su involucramiento en investigaciones penales.
Clima de temor
“Las anteriores acciones en su conjunto generan un clima de temor que inhibe el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, los cuales resultan esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo”.
Destaca Bachelet que las investigaciones penales han sido fundamentadas en las leyes 977, contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Ley 1055, de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la paz.
“Mi Oficina y varios mecanismos especiales de este Consejo ya habían advertido que estas leyes podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, como en efecto está ocurriendo”, señala Bachelet, que también se refirió a la reforma al Código Procesal Penal “para detener a la gran mayoría de las personas mencionadas hasta por 90 días, en lugar del término constitucional de 48 horas”.
Igualmente hizo referencia a la reforma electoral adoptada el pasado 4 de mayo que “no introduce salvaguardias para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita indebidamente los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política”. Al tiempo que mencionó que el 18 de mayo el Consejo Supremo Electoral disolvió la personalidad jurídica de dos partidos políticos, sin que fueran oídos sus representantes.