Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, dos de los cinco precandidatos presidenciales detenidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), adoptar medidas provisionales a favor de los precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga así como para los activistas opositores Violeta Granera y José Adán Aguerri y sus núcleos familiares, por considerar que están “en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos”.
La CIDH señala, que a pesar que estos mantienen medidas cautelares, las cuales les fueron otorgadas entre 2018 y 2019, estos continúan en situación de riesgo que se incrementó en el contexto actual de crisis de derechos humanos en el país y que particularmente buscan participar de las elecciones generales de noviembre de 2021 desde los espacios políticos de oposición que representan.
“En tal sentido, se destaca que las mismas son personalidades públicas, integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y de la Unidad Nacional Azul y Blanco; con un rol de liderazgo y visibilidad en contra de las medidas impulsadas por el actual gobierno de Nicaragua desde abril de 2018, y se habrían manifestado en oposición a las acciones represivas estatales en contra de la población civil en el contexto de crisis de derechos humanos. Además, buscan que las elecciones generales de noviembre de 2021 sean democráticas”, señala un comunicado de prensa de la CIDH.
El mismo resalta, que “la información recibida sugiere que la privación de libertad de estas personas guarda estrecha relación con una intención dirigida a silenciarles mediante represalias y con ello enviar un mensaje de castigo a las personas que se manifiesten o protesten en contra de las acciones estatales o que busquen ser oposición al actual gobierno de Nicaragua en las próximas elecciones generales de noviembre de 2021”.
A su vez, refiere la CIDH, que “existen indicios de arbitrariedad en la detención realizada en junio de 2021 relacionada con la utilización de un marco normativo que termina criminalizando a la oposición; además, no se cuenta con información concreta sobre sus condiciones actuales de detención o paradero exacto ni de las medidas efectivas para proteger sus derechos en riesgo ni las presuntas violaciones al debido proceso en sus causas”.
Por tanto la CIDH solicita a la Corte IDH, que requiera al Estado de Nicaragua que: “a) Adopte las medidas necesarias para garantizar su vida, integridad personal y salud para proteger tanto a las cuatro personas identificadas como a los integrantes de sus núcleos familiares; b) Tome las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan tener acceso inmediato y constante a sus familiares, abogados y representantes legales, así como que puedan recibir las valoraciones necesarias para conocer su estado de salud, lo que incluye las valoraciones médicas”. Igualmente plantea que “las autoridades competentes” adopten medidas alternativas a la privación de libertad para estas personas y las concierte con las personas beneficiarias y sus representantes.
Es de destacar que las medidas provisionales son emitidas por la Corte IDH en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas y tienen carácter obligatorio para los Estados.