Por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil a partir de este viernes personal de un hospital privado empezarán a realizar las pruebas de COVID-19 a los migrantes nicaragüenses varados en Peñas Blancas y así puedan cumplir con la exigencia del régimen Ortega Murillo para ingresar al territorio de Nicaragua, confirmó la directora de Migración y Extranjería de Costa Rica, Raquel Vargas.
Para ello, el gobierno de Costa Rica habilitará un área en las fronteras para que un hospital privado puedan instalar una pequeña tienda y empiece a realizar las pruebas a partir de este viernes, expresó Vargas quien junto al ministro de Seguridad, Michael Soto, visitaron la mañana de este jueves la línea fronteriza de Peñas Blancas.
Soto, se mostró esperanzado que en los resultados de las pruebas de los nicaragüenses de negativo para que puedan seguir a su país. Las autoridades manifestaron que probablemente en 48 horas estarán los resultados de la prueba de COVID-19.
Ambos funcionarios insistieron en aclarar que esta acción a favor de los migrantes nacionales es meramente de parte de las Organizaciones No Gubernamentales.
Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más que efectuó una transmisión sobre la situación en Peñas Blancas con dos de sus defensores, observó que estarán pendientes alrededor de lo qué pasará en caso de los nicaragüenses que resulten positivo al test y si el régimen no pondrá obstáculos cuando se realicen esa prueba.
Carrión adelantó que el régimen no debe cerrar las puertas a los nacionales. “Seguimos exigiendo que las fronteras tienen que estar abiertas”, indicó Carrión.
Los defensores Braulio Abarca y Juan Carlos Arce, desde Peñas Blancas expusieron el panorama desolador que apreciaron entre los nacionales, que desde el pasado fin de semana permanecen en una franja de la línea fronteriza de Peñas Blancas en territorio nacional bajo el asedio e intimidación de antimotines.
“Están agotados”, dijo Arce, quien conoció que al menos una decenas de personas mostró interés de regresar a territorio costarricense, sobre lo cual las autoridades costarricenses no se quisieron pronunciar.
Igualmente Arce conoció, que algunos nacionales que optaron por retornar a Nicaragua por puntos ciegos de la frontera sur, pagaron a policías que cobraron 600 córdobas por persona “lo que es ilegal y fomenta la total desprotección”.
Igualmente mencionó que el funcionario costarricense comandante Carlos Erra, les confió que ha conocido de al menos seis personas nicaragüenses han sido capturadas y entregadas por el Ejército de Nicaragua a autoridades costarricenses.
“Arrogándose funciones de Migración”, dijo Arce quien criticó que con esto los militares que vigilan las fronteras fomentan la inseguridad de los nacionales a quienes les violentan los derechos fundamentales.
La directora de Migración costarricense insistió en que la dirección a su cargo emitió un lineamiento que establece que los nicaragüenses no pueden viajar a las fronteras de Peñas Blancas sin la prueba de COVID-19, para evitar nuevas aglomeraciones como la actual.
A su vez, Vargas les llamó a buscar un hospital privado para efectuarse la prueba pues Costa Rica no tiene la capacidad de hacerlo. O deberán esperar que cambien los lineamientos, dado que las fronteras terrestres siguen cerradas.
Y aclaró que esto indica que las personas que tenían residencia tienen un impedimento de entrada a ese país pues hasta que no abran las fronteras terrestres habrá restricciones.