Familia opositora en Nicaragua lleva doce años en espera de justicia

Los miembros de la familia Chavarría están entre los primeros ciudadanos que en Nicaragua  han sido víctimas de la persecución  desatada por  el régimen Ortega Murillo contra opositores, tras haber sufrido violencia electoral previo a los comicios de 2008. Desde entonces esperan justicia.

Jaime Chavarría, fue agredido junto a su familia, el 27 de julio de 2008, durante el proceso de verificación previo a las elecciones municipales a celebrarse en noviembre de ese mismo año, durante las cuales fue candidato a concejal por la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

En esa ocasión la familia Chavarría fue agredida por miembros del partido oficialista por atreverse a reclamar en la junta de verificación 313, de la Escuela Josefa Toledo de Aguerri, en Ciudad Jardín, por el cierre de la misma cuando todavía había personas en la fila para verificarse.

Jaime Chavarría herido en 2008 por simpatizantes del régimen en el Distrito Cuatro de Managua. /Fotografía cortesía

Desde ese mismo instante, Chavarría empezó a presentar denuncias, primero lo hizo vía administrativa como delitos electorales, al introducir en el mismo instante un recurso en el centro de verificación, luego llevó el caso a las estructuras del Consejo Supremo Electoral correspondientes.

“Porque nosotros estábamos defendiendo el derecho de verificación de 100 personas que no dejaban verificarse. Ordenaron a unas turbas que nos masacraran”, expresó Chavarría quien aseguró que ha presentado pruebas contundentes y que apuntan a delitos de orden penal y electoral.

En su denuncia Chavarría señaló al régimen, pues destacó que aunque los que actuaron fueron operadores del partido oficialista, en la negativa de justicia en su contra estuvieron coludidos los cuatro poderes del Estado.  

En 2009 Chavarría continuó con la denuncia penal por agresión a su familia sin que obtuviera respuesta. Tras agotada la vía penal a nivel interno, Chavarría presentó una denuncia ante organismos de derechos humanos nacional que también lo acompañaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Víctima de persecución

Durante este proceso, Chavarría y su familia ha sido víctima de persecución. Mencionó como ejemplo, que hace más de dos años una hija suya fue despojada de dos empresas de repuestos que poseía y aunque ganaron el caso ante la justicia, las autoridades correspondientes “no le entregaron nada”.

Y hace unos meses a uno de sus hijos, Jeffer, que también fue víctima de la agresión en el centro de verificación en 2008, “fue perseguido por unos paramilitares armados de fusiles AK, y en camionetas, cuando iba con su esposa y sus hijos  (…) uno de ellos le advirtió “decile a tu papá y a tu familia que busquen como retirar el caso de la CIDH”.

“Ha sido una persecución familiar desde que iniciaron el juicio; han pretendido que abandonemos  el caso en la CIDH”, manifestó Chavarría.

Proceso lleva tiempo

Según Chavarría, en una reciente entrevista que sostuvo con el secretario ejecutivo de CIDH, Paulo Abrao, este le expresó que “el caso estaba fundamentado y que el gobierno le había pedido ampliación para responder. Ya se la negaron van a un proceso de resolución de la CIDH”.

Chavarría también aseguró que en su caso “Abrao reconoció que había retardación de justicia”, tras señalar que cuando ocurren situaciones como las que viven ellos las víctimas se cansan de seguir empujando las denuncias en la CIDH porque los procesos son largos

Igualmente Abrao le habría consultado a Chavarría “si quería negociar  con el gobierno”, pero Chavarría dijo que no está interesado, pues “lo que desean es justicia y reparación y que se sepa”.  

Después de once años de la denuncia en la CIDH, Abrao le explicó a Chavarría “que ya está en la fase final de estudio del Comité Jurídico para la resolución de la CIDH”.

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