Detención de Miguel Mora y resto de opositores coinciden en que son inconstitucionales, asegura Colectivo de DD.HH

En domingo y de noche, “llegaron pegando gritos, tirando patadas”, describió a 100% Noticias la periodista Verónica Chávez, la incursión a su casa por parte de la Policía del régimen para sacar a su esposo el aspirante presidencial, Miguel Mora y así capturarlo por segunda vez.

Entre llantos Chávez relató que Mora les respondía a los policías: “Aquí estoy, déjenme abrir, dejen de patear para poder abrir”. El temor para ambos era lo que pudiera pasar con su hijo con discapacidad por el miedo causado por el atropello ejecutado por la Policía.

Para el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más “la detención de Miguel Mora al igual que la de todas las personas presas políticas tienen en común la inconstitucionalidad porque de acuerdo al artículo 33 constitucional, las personas solo pueden ser detenidas en flagrante delito o con orden de autoridad competente”.

SIP condena captura

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la detención por segunda ocasión del fundador de 100% Noticias e hizo un llamado urgente a la comunidad internacional a unir esfuerzos y repudiar la represión del  régimen contra todo indicio de oposición y de crítica independiente.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó: “Estamos ante un régimen que, resguardado en leyes creadas a su medida, se empeña en aniquilar todas las voces críticas y a sus rivales políticos. Se trata de un claro atentado contra la democracia y la libertad de expresión”.

Menciona la SIP que “la escalada de agresiones también afecta a numerosos periodistas a los que la Fiscalía citó a declarar en el proceso por presunto ‘lavado de dinero’, el mismo con el que se acusa a Cristiana Chamorro”.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más por su parte  señala que ninguna disposición constitucional autoriza allanamientos y capturas en horas de la noche para luego someter a una persona a una investigación durante 90 días “y además para mantener a las personas en aislamiento sin comunicación con sus familiares y su defensa, en consecuencia se trata de verdaderos secuestros que violentan todos sus derechos humanos”.

Según el Colectivo, en todos los casos a los detenidos el régimen les ha violentado los derechos civiles y políticos: la libertad, presunción de inocencia, seguridad e integridad personal, a ser oídos, asistidos por abogados de su elección y a ser presentados en audiencia oral y pública, entre otros.

Por su parte el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), desde su cuenta de Twitter recuerda que con la detención de Mora ya son 18 los dirigentes sociales, políticos, y empresariales “secuestrados por el régimen”, con lo cual “la amenaza, la incertidumbre y la agresión psicológica contra el pueblo nicaragüense y especialmente contra familiares de los detenidos es brutal”.

Además de Mora están detenidos los precandidatos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. así como líderes opositores de diferentes sectores y extrabajadores de la fundación Violeta Barrios. En total en el país hay más de 130 presos políticos según las organizaciones defensoras.

Persecución judicial

El pasado 16 de junio el observatorio ciudadano “Urnas Abiertas” presentó su tercer informe “Radiografía de la persecución judicial contra la oposición en Nicaragua”, en el que expresa que las condiciones actuales respecto a normativa electoral y Derechos Humanos no cumplen con los estándares internacionales y advierte que desarrollar un proceso electoral bajo estas condiciones, desembocaría en un gobierno sin legitimidad de origen, nuevamente.

Menciona que el 20 de mayo, después de las cancelaciones arbitrarias e ilegales a los partidos políticos Partido Restauración Democrática (PRD) y Partido Conservador (PC), “se dio inicio a una nueva modalidad de represión contra la oposición electoral. Se trata de la persecución judicial contra la oposición”.

“En los últimos días, el Ejecutivo ha hecho uso de manera autoritaria de toda la estructura estatal para atentar contra los derechos políticos y electorales de organizaciones y, particularmente, de personas aspirantes a candidaturas presidenciales”, indica Urnas Abiertas, que menciona que para ello el régimen se ha valido de cuatro leyes en la persecución judicial contra opositores: Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados; Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos; Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz; y Ley 1060, Ley de Reforma y Adición al Código Procesal Penal.

 Entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de mayo de 2021 Urnas Abiertas registra 721 hechos de violencia política en el contexto electoral.

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