Cifras por pérdidas dejadas por huracanes deben compararse con las de otros países

El muelle de Bilwi, fue uno de los que resultó dañado por los embates de Iota.

Como una cifra “monstruosa”, calificó el analista político Bosco Matamoros, las pérdidas de 738.6 millones de dólares equivalentes al 6.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), que ocasionaron los huracanes Eta y Iota a su paso por Nicaragua, según un informe preliminar de funcionarios del régimen.

El informe fue presentado ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, así como agencias internacionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y la pregunta que hace Matamoros es de “¿Cómo logran cuantificar ellos esa cifra tan rápidamente?”.

Entre los daños mencionados en el informe están 5,818 viviendas destruidas totalmente, otras 39, 600 resultaron con daños parciales y 105 con riesgo de colapsar. A su vez, 1,975 kilómetros de caminos de macadán dañados, 1,750 kilómetros de carreteras, 2,644 caminos rurales destruidos. Igualmente 106 ´puentes y dos muelles afectados.

Matamoros consideró, que “hay que manejar las estadísticas con mucho cuidado porque se pierde credibilidad fácilmente si no son confiables esas cifras”, por lo que aconsejó también que debe haber una comparación con otros países de la región que han sido impactados por el fenómeno como Honduras y Guatemala.

La Asamblea Nacional aprobó el martes una iniciativa de decreto de Ley enviado de urgencia por Daniel Ortega ante la aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI)  a su la solicitud de asistencia financiera de emergencia por 185,32 millones de dólares, para ayudar al país a atender las necesidades urgentes de la balanza de pagos derivadas de la pandemia de COVID-19.

Matamoros estimó, que hay reservas en cómo maneja el régimen lo relacionado a la asistencia internacional, “porque hay evidencia que la partidariza. Por eso el FMI, ese crédito, el 50 % de los fondos los va administrar el gobierno y el otro (50%) la oficina de la ONU y el PMA”.

Ya existen denuncias, sobre todo de parte de habitantes del Caribe Norte que indican que para entregar láminas de zinc, por ejemplo, les han solicitado a los damnificados el carnet de militancia del partido oficialista.

Entre los daños están más de 5,000 viviendas destruidas, según un informe del régimen. Fotografía: Cortesía.

El experto consideró, que “si el gobierno continúa utilizándolo (el financiamiento) para fines políticos o proselitismo va a provocar una reacción boomerang negativa de parte de la comunidad internacional, porque el gobierno no debe confundir lo que es la solidaridad internacional con el apoyo internacional al gobierno, son dos cuestiones completamente diferentes: Uno es un tema humanitario, el otro es político y el gobierno no puede politizar ese tema humanitario”.

 Y esa información, dijo Matamoros, ya debe ser del conocimiento de los organismos internacionales.

Financiamiento del FMI insuficiente

Y señaló que el financiamiento del FMI no es suficiente y está pendiente una respuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial.

“Y a medida que llegan estos reportes, los países donantes no quieren ser coautores de esta política clientelar del gobierno puede ponerla en riesgo, al día de hoy no miro eso, pero mientras más se acumula esa evidencia, más precaria se vuelve ese entendimiento”, dijo Matamoros.

Desde el 19 de octubre pasado está en vigencia la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que clasifica como agentes extranjeros a quienes a lo interno del país perciban fondos, bienes o cualquier objeto de valor provenientes de personas naturales, Gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo de naturaleza que sea.

También establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”.

Más de 39,000 viviendas son registradas por el régimen con daños parciales. Fotografía: Cortesía.,

La implementación de la ley coincidió con la situación de emergencia que sufre el país a causa de los huracanes Eta y Iota que afectaron el país en menos de quince días y que ha motivado la ayuda internacional, por lo que Matamoros indicó, que “no tiene lógica, está pidiendo por un lado ayuda de la comunidad internacional, por otro querés controlarla toda y fiscalizarla; lo que suscita sospechas”.

Esto le lleva a Matamoros a sostener que esta es una mentalidad de hace cincuenta años, y el régimen “todavía no ha entrado en el siglo XXI”, que carece de autonomía institucional, “porque todos dependen aquí de un proceso de decisiones centralizados y que optimiza a la gente incompetente y margina a aquellos que tienen capacidad”.

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