La representación de 59 países ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó al régimen a garantizar la protección de los derechos humanos en Nicaragua “y hacer rendir cuentas a los responsables”, así como que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros sin temor a represalias.
“Nos preocupa que el gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 de la Organización de los Estados Americanos, respaldada por este Consejo en marzo”, señala la declaración.
Igualmente a través de la misma, los 59 países expresan preocupación porque las leyes promulgadas recientemente “restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación. La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples contendientes presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su liberación inmediata”.
Y no descartan que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua previstas para el 7 de noviembre.
Este mismo martes, la organización no gubernamental Human Rights Watch publicó un informe a través del cual considera que la creciente campaña represiva existente en el país requiere aumentar el rol que juega Naciones Unidas respecto a la crisis en Nicaragua.
El informe titulado Arremetida contra críticos: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua, concluye que los arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos a pocos meses de las elecciones presidenciales parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política y facilitar la reelección de Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo.