Irinea Mejía, madree y esposa de las tres víctimas de la masacre de El Carrizo, Cusmapa, Madriz, se rindió a la muerte, conoció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a casi nueve años de mantener su demanda de justicia.
El 8 de noviembre de 2011 fueron asesinados José Mercedes Pérez, esposo de Mejía y sus hijos Ariel y Elmer Torres Mejía por haber exigido días antes de las elecciones presidenciales frente al Consejo Electoral Municipal, comicios transparentes en un plantón del Partido Liberal Independiente (PLI).
“Este es uno de los casos que permanecen en la impunidad y por los que debemos seguir luchando, nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia. Para el CENIDH doña Irinea Mejía fue y será siempre un referente de lucha y resistencia, nunca se cansó de exigir justicia, ejemplo que debe recoger su familia con orgullo”, señala el CENIDH.
En una nota de prensa el CENIDH recuerda que constató in situ la masacre, documentó el caso y acompañó a doña Irinea Mejía en todo el proceso judicial que favoreció a los hechores por ser servidores del oficialista Frente Sandinista: Eusebio Cruz Montenegro, exfuncionario del Consejo Supremo Electoral, Elvin de Jesús López, exjefe policial, Mauro José Díaz Jiménez, expolicía y Jesús Herrera Zepeda, exsecretario político del partido del FSLN, imputándoles penas que no llegaron ni a los 4 años.
“El CENIDH advierte que este caso, evidencia la falta de independencia de los poderes del Estado y una cultura de impunidad e irrespeto a los derechos humanos, que persiste y recrudece a la fecha; las irregularidades en el proceso fueron totales; investigaciones policiales viciadas, lideradas por el comisionado Ramón Avellán hoy subdirector de la Policía Nacional, una mala tipificación del delito llamándosele homicidio y no asesinato”, señala esa organización de Derechos Humanos.
La matanza fue una de los primeros crímenes que aún están en impunidad en el país pues los condenados nunca fueron llevados al Sistema por lo que cumplieron su pena en la policía de Somoto con beneficios como celda única, derecho a teléfono, internet, libre movilización por todo el penal, entre otros, recuerda el CENIDH.
Pese a todo Mejía acompañada del CENIDH no dejó de luchar por alcanzar la justicia, una de esa acciones fue solicitar al Ministerio Público la apelación de la sentencia, la que fue resuelta tres años después, “que confirmó la aberración jurídica”, y evitó recurrir de casación de la sentencia porque los hechores ya habían cumplido su condena.