Mientras se realizaba la audiencia pública exiliados en San José Costa Rica demandaron acciones firmes para la liberación de todos los presos políticos. Fotografía: Cortesía.
Una prueba de vida de los cinco beneficiarios con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH ) fue una de las principales peticiones realizadas por familiares que asistieron a la audiencia virtual de revisión de las mismas y en la que no participó la representación del Estado de Nicaragua cuya ausencia fue lamentada por la presidente de ese tribunal, juez Elízabeth Odio.
La audiencia fue convocada por la presidenta de la Corte con el objeto de recibir por parte del Estado información actualizada sobre las acciones que ha adoptado en cumplimiento de las medidas provisionales dictadas el 24 de junio de 2021 y resolución de medidas urgentes dictadas el 19 de julio de 2021, en asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua. Y conocer observaciones de los familiares y de CIDH.
La abogada Wendy Flores, directora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más aclaró que la petición concreta a la Corte es que ese tribunal reitere la medida de libertad para los cinco beneficiarios con estas medidas de protección que son: Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri, Violeta Granera y Tamara Dávila quienes permanecen desaparecidos desde hace casi tres meses. El 24 de junio la Corte requirió al Estado de Nicaragua proceda a la liberación inmediata.
Y mientras eso ocurre que los detenidos tengan derecho a la visita de abogados y sus familiares para saber que están con vida y se les ha respetado su integridad física, pues dijo que hasta ahora ninguna gestión interna para verlos ha sido efectiva, “que por lo menos puedan acceder a verlos”.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), explicó que debido a que un judicial ya ordenó prisión preventiva para los cinco beneficiarios en contra de quienes han formalizado una acusación, pidan que la medida preventiva sea sustituida por medidas “más humanas” en sus casas, mientras concluye el proceso judicial que les siguen.
Por su parte, María Luisa Gómez, del Instituto Raza e Igualdad, refirió que “el Estado tiene que cumplir con lo que ordena la Corte, es decir, no cabrían medidas alternativas en este caso”. Por tanto, dijo la única medida que cabe es la liberación inmediata de estas personas y que mientras se produce se cumplan con todas las garantías procesales como visitas de familiares y abogados.
La presidenta del CENIDH aseguró, que el contexto de represión que motivó estas medidas siguen vigentes y se agrava cada día, permanecen en las cárceles más de 140 presos políticos, pues continúa la persecución a través de leyes como la 1055 y 1060 para criminalizar las voces críticas que luchan cívicamente por los derechos humanos.
Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó que todas las personas beneficiarias “son líderes y lideresas personas capaces de articular competencia relevante en el marco de las próximas elecciones, por eso fueron privadas de libertad y se mantienen en un lugar desconocido y, totalmente aislados”.
“A más de dos meses de ocurridas las detenciones las personas beneficiarias continúan en una situación de riesgo que incluso se ha extremado, ellas continúan privadas de libertad e incomunicadas sin garantías judiciales mínimas que todo proceso penal exige de acuerdo a los estándares internacionales, sin claridad sobre si están recibiendo atención médica para atender sus condiciones de salud, si están recibiendo la alimentación o el agua que entregan sus familiares”, sostuvo Urrejola.
Pruebas efectivas
Claudia Paz y Paz, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, refirió que existe jurisprudencia de ese tribunal de la obligación del Estado en los casos en los que una persona está privada de libertad, no solamente de informar sobre su paradero, sino también brindar información de la persona detenida. Para ello mencionó el caso Munárriz Escobar y otros versus Perú.
Destacó Paz y Paz, que en los casos de desaparición y aislamiento prolongado “es una vulneración también a la integridad física” y en este caso por casi 3 meses los familiares y ningún organismo independiente ha podido tener contacto o los ha podido ver.
“Se necesitan pruebas efectivas que no existen riesgo para la vida”, dijo Paz y Paz quien recordó que en múltiples informes se ha señalado que en Nicaragua no existe independencia judicial.
Los familiares de los cinco explicaron que desde que fueron sacados de sus casas nadie los ha visto por lo que desconocen dónde están ni como están.
“Han sido completamente sustraídos de todo tipo de marco legal que permita a sus familiares u organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales adoptar medidas a su favor”, explicó por su parte la presidenta de la CIDH.
Durante la audiencia los jueces de la Corte IDH escucharon los testimonios de los familiares de los beneficiados con estas medidas de protección, cuatro de ellos confiaron permanecen en el exilio por persecución.
Carolina Jackson, hija de José Adán Aguerri, refirió: “ha sido como vivir un duelo sin estar muerto”
Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, expresó “mi esposo está en completa indefensión”, quien desde hace 80 días no cuentan con información de dónde está “por eso exigimos al gobierno que los muestren”.
Por su parte Bertha Valle, esposa de Félix Maradiaga lamentó que el Estado de Nicaragua se ha comportado con indiferencia respecto a las medidas provisionales. Valle aseguró que Maradiaga ha sido acusado por delitos “infundados”.
Y en su caso ha sido notificado públicamente que está siendo investigada “por traición a la patria” y manifestó que la situación que enfrenta también la viven los familiares de más de 140 presos políticos.
Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, en el exilio por continua persecución, dijo “mi madre cumple 80 días de estar privada de libertad y 77 de secuestrada”.
Contexto está vigente
La presidenta del CENIDH aseguró que el Estado de Nicaragua que el contexto de represión que motivó estas medidas siguen vigentes y se agrava cada día, permanecen en las cárceles más de 140 presos políticos, pues continúa la persecución a través de leyes como la 1055 y 1060 para criminalizar las voces críticas que luchan cívicamente por los derechos humanos.
En los últimos tres meses 34 personas han sido sometidos a prisión judicial por 90 días, de las cuales el pasado 24 de agosto miembros de la desaparecida Fundación Violeta Barrios fueron acusados por supuesto lavado de dinero, sin que pudieran intervenir sus abogados y este jueves acusaron a los beneficiarios de estas medidas por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, decretándoles prisión preventiva prolongando la prisión arbitrara de su libertad.
Los representantes sostenemos que “estamos ante una forma de desaparición forzada”, dijo que les preocupa la situación de salud pues la mayoría padece de enfermedades crónicas, no cuentan con el esquema completo de vacunación para prevenir el contagio de COVID-19, dijo Núñez.
.