“Era la casa o la calle, volvimos del exilio por necesidad”


Por Josué Garay y Uriel Velásquez

Dormir en la calle o en un frío
colchón, no tener qué comer o pedir para hacerlo, caminar por horas en busca de
un trabajo, miradas xenofóbicas, falta de atención médica o lo tardío en la
entrega de un carné de refugio: Esta es la imagen del exilio y la razón para el
retorno de muchos. “Pese que en el país la situación aún no está normal”,
coinciden los entrevistados.

Huyeron a Costa Rica cuando en
Nicaragua se vivía la peor persecución política de las últimas décadas.
Verdadera violencia en “tiempos de paz”. Pero hoy retornan nuevamente al país
debido a la vulnerabilidad y dificultades que tuvieron, y tienen miles de
nicaragüenses más, en el exilio forzado. Quienes retornan solo piensan en no
ser detenidos o aparecer muertos en algún lugar.

El régimen de Daniel Ortega
anunció, en abril de este año, la aprobación e implementación del Programa para
el Retorno Voluntario para recibir a los nicaragüenses “con fraternidad,
cordialidad y solidaridad”. Pero ha sido lo contrario: Diómedes Reyes Hernández
y Ulises Josué Pérez Rivas, son dos jóvenes que retornaron del exilio, fueron
detenidos y acusados de delito común, no político.

Diómedes Reyes Hernández, de 21 años, participó junto a
su padre, su hermano menor y otros amigos de Quilalí, Nueva Segovia, en las protestas
contra el régimen. Pero tras la persecución de policías y paramilitares huyó a
finales de 2018 de Nicaragua para no ser arrestado. “Era la cárcel o la
muerte”, pensó el joven mientras huía por las veredas. Primero con rumbo a
Honduras y más tarde hacia Costa Rica.

Reyes pensó que recibiría la amnistía que aseguró el
régimen. Y retornó de su exilio forzado. Pero, el 27 de mayo llegaron a su
comunidad agentes fuertemente armados y en compañía de paramilitares lo sacaron
de su casa. Actualmente se encuentra en proceso de juicio, acusado por el
delito común de tenencia ilegal de arma de fuego.

La familia de Reyes prefirió no dar entrevistas para este reportaje debido a que tienen un temor fundado. En la zona donde viven, a casi 300 kilómetros de la capital, han ocurrido asesinatos selectivos contra campesinos opositores al régimen orteguista. Y ellos, no desean sumarse a esta larga lista de muertes que permanecen impunes.

Por un sombrero…

El joven Ulises Josué Rivas Pérez fue otro de los que
huyeron de la represión sandinista y regresó a Nicaragua. Pero fue detenido por
policías la mañana del domingo primero de septiembre en Comalapa, Chontales,
departamento donde habitaba. Él regresó al país para  estar en el entierro de su padre, quien murió
de cáncer.

Rivas también se había exiliado y retornó confiando en
las promesas gubernamentales. Durante su tiempo en Costa Rica elevó la voz por
los derechos de las personas de la diversidad, e incluso, se reunió con la
vicepresidenta tica, Epsy Campbell, para denunciar la represión en Nicaragua.
Tan solo pasó un mes de su regreso, cuando fue capturado.

Los policías llegaron a detenerlo cerca de su casa,
mientras algunos de sus familiares luchaban y rogaban inútilmente para que no
se lo llevaran. Rivas está siendo señalado por los delitos de robo agravado en
contra de dos hombres y lesiones leves en perjuicio de una mujer. Actualmente
está detenido en la delegación policial de Juigalpa, Chontales.

De la cárcel al exilio, del exilio a la clandestinidad

Un mes después de salir de la
cárcel, tras haber sido encerrado 10 meses por protestar contra el régimen de
Daniel Ortega, Alex Hernández, originario de Catarina, Masaya, se vio forzado
al exilio. 

Tras su salida de prisión el
asedio policial a su casa y las amenazas constantes a su familia le impidieron
regresar a su pueblo. Costa Rica fue su única opción para tener las condiciones
mínimas de seguridad que el Estado de Nicaragua no le garantizaba. 

“El anhelo de cada excarcelado
era quedarse con sus familias, pero las circunstancias me obligaron. Ni
siquiera pude llegar a mi casa, me tuve que quedar en Managua”, explica.

El Ministerio de Migración se
negó a emitirle un pasaporte, le notificaron que al tener retención migratoria
no podía salir del país por causas penales abiertas, pese a haber sido
excarcelado bajo una Ley de Amnistía. 

Pero Alex se fue. Por punto ciego
decidió cruzar la frontera, temeroso de ser detenido por policías,
paramilitares o agredido por estos grupos represores del régimen. 

En Costa Rica, como miles de
exiliados, chocó con la realidad. El desempleo, el hambre, la urgencia de
conseguir un techo permanente y sobrevivir en un país que ya no da abasto. 

Indiferencia de nicas residentes

Pero la desesperación por no
poder ayudar a otros exiliados fue lo que más le frustró.  “Lo más difícil de mi exilio no fue tanto lo
que me tocara vivir a mí, sino lo que me tocó ver que están pasando los demás y
no poder hacer nada porque los exiliados nos vamos sin nada, con la misma
mochila que me fui, con esa misma regresé, con la misma ropa”, recuerda ahora
en Nicaragua, retornado y en la clandestinidad.

Hernández ya está en Nicaragua,
pero no tiene las condiciones mínimas de seguridad para volver a su casa en
Catarina, Masaya. El asedio y las amenazas no paran.

La etiqueta de excarcelado
político lo expone a ser atacado por turbas o seguidores del Frente Sandinista,
la Policía Orteguista sigue asediando a su familia y como ha pasado con otros
exreos políticos, teme ser encerrado nuevamente con la fabricación de un delito
común. 

Vive en Managua en una “casa de
seguridad” y es activo en varios movimientos opositores al régimen. Sus ganas
de seguir en la lucha por la libertad de Nicaragua lo trajeron de regreso. 

“Estar en otro país viendo los
toros de largo a uno lo desmoraliza. Llega un momento en el que tu conciencia
te dice que ya no podés seguir allá (en el exilio), que debes regresar a
terminar lo que empezaste y llegar hasta el final, resistir hasta donde se
pudiera contra esta dictadura”, expresa.

Muerto en vida

Noventa y seis días han pasado
desde que Roberto Buschthingregresó
de su exilio en Costa Rica y no ha podido volver a plena luz del día a su natal
Matagalpa, para ver a su madre. Vive en Managua en una “casa de seguridad”,
duerme en el piso, come lo que alcanza, no puede volver a la universidad y
tampoco trabajar. 

“He pasado de un exilio en Costa
Rica a otro exilio dentro de mi propio país, condenado a la clandestinidad.
Pero era la casa o la calle, aquí volvimos de Costa Rica por necesidad”,
reconoce este joven, que con apenas 21 años ya vivió un exilio de 10 meses y 26
días. 

En Matagalpa es reconocido por su activa participación y
organización de las protestas contra el régimen. Desde su facultad, siendo
estudiante de segundo año de Economía, se organizó junto a sus compañeros para
protestar contra la imposición de unas reformas al Seguro Social, que días
después se transformaron en un clamor nacional que pedía la salida de Daniel
Ortega del poder.

Ser un líder universitario le trajo consecuencias. El 28 de
julio, en una de las protestas estudiantiles más grandes que vivió Matagalpa,
Buschthing estuvo a punto de morir. Iba al frente de la manifestación
deteniendo el tráfico, despejando vías y previendo la llegada de paramilitares. 

Finalmente, llegaron. Lo encañonaron con armas AK 47 y le
dijeron: “Hasta aquí llegaste chavalo hijo de puta”.   “Esas palabras no se me van olvidar nunca,
sentí que hasta ahí iba llegar mi vida”, recuerda. Se quedó con la bandera de
Nicaragua en alto y sus amigos o “compañeros de lucha”, como les llama,
intervinieron en grupo para evitar que lo mataran. 

A su papá, actualmente exiliado en Costa Rica, le dijeron que
si su hijo continuaba manifestándose lo quemarían vivo. La amenaza era latente.
Tenían datos de dónde vivía, qué casas frecuentaba, sus horas de salida y
llegada y con quiénes se relacionaba. Era la hora del exilio. 

El exilio

El 4 de agosto salió de Nicaragua. Cruzó la frontera sur de
manera ilegal a través de un “punto ciego”. Solo cargando una mochila con dos
pantalones y tres camisetas. Al llegar a Costa Rica vivió en un refugio
compartiendo con más de 60 personas en un mismo lugar. Había un comedor donde
solo les daban un tiempo de comida, generalmente la cena. 

En ese refugio estuvo tres semanas. Después se fue a una casa
por tres semanas más. Luego se mudó a un pequeño apartamento con un grupo de
amigos donde estuvo cuatro meses. El lugar estaba diseñado para dos personas,
pero llegaron a vivir doce. Todos exiliados de Matagalpa. La comida llegaba a
la casa a través de donaciones. 

Finalmente, en enero, antes de su retorno a Nicaragua, se
trasladó a otra casa con un grupo de 12 personas. 

La desesperación y la
necesidad lo trajeron de regreso

Al llegar a Costa Rica, Buschthing solicitó refugio y pasaron
nueve meses para que le dieran un permiso de trabajo, pero con el documento no
llegaba el contrato. En un mercado laboral saturado, no logró conseguir un
empleo. La desesperación, el hambre y la frustración lo obligaron a regresar a
Nicaragua, aunque estaba claro que no tenía garantías de seguridad. 

“Ya no aguantaba estar en Costa Rica. Me tocaba prestar 500
colones (unos 29 córdobas) para poderme movilizar a reuniones de la diáspora.
El 31 de junio decidí volver también de manera ilegal”, relata. 

Desde el 30 de junio cuando volvió al país solo ha ido a
Matagalpa en tres ocasiones. Llega de noche y sale de madrugada. No puede tener
vida social, movilizarse libremente ni tampoco puede ver a sus amigos. La
amenaza de los paramilitares, que hasta ahora se mantiene, es que si lo ven en
Matagalpa lo van a matar. 

El activismo político ha sido la única opción de mantenerlo
ocupado. No tiene más opciones, dice, porque salir nuevamente del país a pasar
más penurias no lo ve viable.  “¿Qué pasa
si dejo mi activismo?”, se pregunta. “Me quedo con el color, las amenazas y con
todo. Me pueden echar preso o me pueden matar más rápido”, se responde.

Las cifras del retorno

Allan Rodríguez Vargas, jefe de la Unidad de Refugio de la
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) en Costa Rica, revela en
entrevista exclusiva con este equipo periodístico que actualmente registran
“alrededor de 200 y 250 personas por mes desistiendo a la solicitud de refugio”,
porque están retornando a Nicaragua.

“Estos son los que pasan por un puesto fronterizo. Pero
también hay una cifra negra que no podemos determinar y que corresponde a la
salida irregular. Es decir, son aquellos que no tienen documento de viaje o por
alguna situación en particular hacen su retorno evitando los puestos
fronterizos habilitados”, detalla Vargas.

Estos datos generales, según el funcionario, los obtienen de
los reportes enviados por la Policía Profesional de Migración desde los puestos
fronterizos y, también, de los registros que llevan en las oficinas centrales
de la DGME cuando las personas llegan a renunciar directamente a la Unidad de
Refugio, previo a su retorno.

Rodríguez Vargas detalla que “este ha sido un fenómeno que ha
ido fluctuando en el tiempo. Hemos tenido momentos (inicio de 2018) que esta
cifra ha bajado bastante, talvez hasta 50 o 25 desistimientos en un mes. Pero
hay meses que esto se dispara. Esto va a depender realmente de lo que esté
pasando en Nicaragua”.

“Por ejemplo, conforme se va intensificando la situación
allá, se nos disparan las solicitudes de refugio acá y bajan los desistimientos
(renuncia a la solicitud de refugio). Muchas veces cuando la situación se
percibe un poco más con cierta normalidad, entonces las personas comienzan a
regresar”, agrega.

Karen Peralta: “Nunca
encontré un trabajo”

La
activista ambientalista Karen Peralta salió la fría madrugada del 3 de enero de
2019 desde su casa en Mozonte, Nueva Segovia, con rumbo a Costa Rica. Para
proteger su vida. Entró por vereda a territorio costarricense, por un punto
ciego conocido como Los Chiles. El trayecto se hizo eterno. En ningún momento
dejó de pensar que algo malo podría ocurrirle a su familia. Detención o muerte,
es lo común.

Luego
que la Policía Nacional allanó el 14 de diciembre de 2018 las instalaciones del
Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), una de las ocho organizaciones
nicaragüenses a las que el régimen de Daniel Ortega quitó la personería
jurídica, las trabajadoras, entre ellas Karen, comenzaron a ser perseguidas y
amenazadas directamente por funcionarios de la alcaldía sandinista de Mozonte.
No soportó más.

Peralta
cuenta que retornó porque en Costa Rica “realmente las condiciones son muy
difíciles. Ya tenía ocho meses de estar en Costa Rica y no encontré trabajo, ni
cuando llegué ni a mediados. Es que como hay muchos exiliados nicaragüenses,
venezolanos y cubanos, entonces se hace difícil encontrar un trabajo. Y si
hayás uno te piden un montón de requisitos para poder optar”.

La
joven, de 27 años, confiesa que sobrevivió en Costa Rica con lo poco que le
enviaba desde Nicaragua su familia, quienes son de escasos recursos. “El
alquiler de una casa o de un cuarto te sale súper carísimo. Yo decidí regresar
por eso, porque no tenía trabajo allá. Decidí venir a luchar aquí desde mi
tierra, desde mi departamento Nueva Segovia”, comenta, en voz baja y con
temor.  

Para
Peralta lo más difícil de irse al exilio fue dejar a su mamá y a sus hermanos.
“Pero no podía trasladarme con toda mi familia para el exilio, porque con lo
poco que conseguimos solo me daba para movilizarme yo”, dice una noche lluviosa
desde un hotel en Managua, donde se hospeda antes de participar en un encuentro
al día siguiente.

El riesgo

“Lo difícil también en Costa Rica es que no me podía
comunicar con mi mamá diario. Porque no tenía para la recarga. Cuando la
llamaba era una vez cada 15 días, cada dos meses. A veces pasaba bastante
tiempo sin comunicarme con ella. Eso fue difícil”, cuenta.

Para
ella, últimamente los nicaragüenses están tomando la decisión de retornar “por
las condiciones que se viven en Costa Rica, en donde hay muchas familias que
están durmiendo a la intemperie, cuando tienen su casa acá en Nicaragua. Casa,
techo y todo”. “Estamos arriesgándonos al regresar porque no tenemos ninguna
seguridad”, puntualiza.

Entre
las personas que han retornado del exilio se encuentran el activista Félix
Maradiaga, quien era director del Instituto de Estudios Estratégicos y
Políticas Públicas (Ieepp), organización a la que también le quitaron la
personería jurídica y fue allanada por la Policía Nacional.

También
el comentarista político Jaime Arellano, quien tenía orden de captura
supuestamente por “incitar al odio”, mediante su programa en el Canal 100%
Noticias. Como para acuerparse, Arellano volvió junto con Aníbal Toruño, dueño
de constantemente asediada Radio Darío.

El abogado perseguido

Para el
abogado y defensor de derechos humanos, Henry López, lo más difícil de estar un
año, un mes y dos días exiliado, es haber iniciado desde cero luego de
abandonar forzosamente a su familia, su trabajo y su vehículo, el cual tuvo que
vender para poder huir hacia Costa Rica. Él figuraba en una lista del
orteguismo por haber supuestamente financiado marchas y tranques en Masatepe,
Masaya.

En Costa
Rica no le fue nada bien. Como a la mayoría de nicaragüenses. López cuenta que
de todo el tiempo que estuvo en este país del sur nunca logró conseguir un
trabajo. “Yo recibí el apoyo de una organización. Ellos me garantizaron el
hospedaje por los primeros meses. Para mientras uno buscaba qué hacer. Pero uno
tenía que resolver en el día a día”, dice.

Lo
encarecida que está la vida en Costa Rica lo frenó. “La situación laboral para
el mismo costarricense está muy dura. De hecho, fue una de las razones por las
cuales yo decidí regresar. El desempleo, más con la reforma fiscal que entró en
vigencia, eso impactó a los mismo ticos. También más de un año de no ver a mi
familia. y también el deseo de apoyar directamente la lucha”, relata.

La
mayoría de quienes están retornando a Nicaragua no vuelven directamente a sus
hogares, sino que, como López, se hospedan en casas de seguridad. Luego de
haber pasado de forma oculta la frontera, él narra cómo es vivir en una casa de
seguridad: “Es triste. Nunca sabés cuándo va a parecer un grupo de policías o
paramilitares”.

Mientras
en Managua la temperatura supera los 38 grados, López continúa diciendo que “en
lo personal las pesadillas (por el temor) siempre están. Yo regresé a Nicaragua
hace dos meses. Pero no he podido entrar a mi ciudad Masatepe porque las
amenazas están. Y tengo miedo de mi vida. Yo no quiero ser un mártir más. Yo lo
que quiero es apoyar directamente la lucha pero sin poner mi vida en riesgo”.

López,
quien ha sido defensor de derechos humanos desde hace más de 13 años, cuenta
que en el retorno se vive “una situación dramática. El retorno significa
frustración, implica noches en que no podés dormir. Pero al menos da la
satisfacción de estar cerca de mi familia, que es lo que no podía hacer cuando
estaba en el exilio”.

Para él,
“siempre el tema de seguridad hay que tenerlo presente. Mi familia incluso no
sabe dónde estoy viviendo. Nosotros nos vemos en puntos distintos cada nos
encontramos. Porque siempre está latente el tema de la persecución. Yo no
quiero exponer a mi familia”.

Los números

Tras 17 meses de crisis sociopolítica, en Nicaragua la
represión contra las  manifestaciones
cívicas que iniciaron el 18 abril de 2018 deja un registro de 328 personas
asesinadas, más de 3,000 heridos, más de 800 desaparecidos, más de 80 mil
exiliados y, actualmente, 139 presos políticos, según informes de organismos
nacionales e internacionales de derechos humanos.

Más de 83,700 nicaragüenses se han visto forzadas a migrar y
buscar refugio en otros países, desde abril de 2018. La mayoría lo ha hecho en
Costa Rica, donde se registran más de 70,000 nicaragüenses solicitando
protección internacional o refugio, de acuerdo con la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Desde el mes de junio de este año distintos grupos,
movimientos y organizaciones de exiliados en Costa Rica se han estado reuniendo
para planificar una gran caravana de personas exiliadas que salga antes de
diciembre desde San José y llegue hasta Managua. Uno de los promotores, que
prefirió ocultar su nombre como medida de seguridad, señaló que serían
acompañados por organismos internacionales.

Este equipo periodístico consultó al respecto a Roeland de
Wilde, jefe de misión Costa Rica de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), pero señaló que en este momento no tienen “ningún programa
ni ninguna iniciativa para el tema del retorno”.

El diplomático expresó que cada persona tiene, bajo la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho de regresar a su país.
Pero dejó claro que esa es una “elección de ellos”.

Precio a su cabeza

El estudiante Lesther Alemán, quien encaró al dictador Daniel
Ortega durante la primera mesa de diálogo en mayo de 2018, y quien volvió al
país este lunes 7 de octubre luego de estar un año en el exilio tanto en
Estados Unidos como en Costa Rica, cuenta que realizar el retorno fue “sortear
la inseguridad. Pero es una decisión que debía tomar”.

“Hay que estar consciente de que no existe normalidad en
Nicaragua. Hasta el momento Daniel Ortega no ha garantizado los derechos de los
nicaragüenses que están dentro del país, y jamás va a garantizar los derechos
de los que regresan”, sostiene, tras recordar que el régimen le puso el precio
de cinco mil dólares a su cabeza.

Alemán comenta que actualmente el problema en Nicaragua es la
prolongación de la crisis sociopolítica y económica la que hace que muchas
personas se desesperen. “Uno dice, mi vida está allá. Todo está allá. Entonces
uno procura apresurar este regreso” pese a que no hay trabajo y hay escasez de
alimentos, confiesa tocándose ambas manos, como para darse confianza en que la
decisión que tomó es la correcta.

Alemán junto a decenas de
personas a participados en los últimos dos meses de reuniones en Costa Rica
para abordar el tema del retorno. Él narra que conoce a “mucha gente que
retornó a Nicaragua porque nunca lograron insertarse en el país: Nunca
consiguieron empleo, no pudieron legalizar su estatus migratorio”. “Entonces
esas dificultades hacen que uno llegue a la decisión de decir: ‘mejor
retorno’”, puntualiza.

Pero el joven, estudiante de comunicación
social, es claro en decir que su retorno fue “una decisión muy personal e
individual. Que no tiene que influenciar a otros para retornar al país. Pero
sí, es necesario. Yo lo considero necesario. Yo prefiero estar en mi país”.

El caso “Darío”

A dos días de su retorno al país tras un año en el
exilio, Aníbal Toruño, director de Radio Darío de León, sufrió un atentado
ejecutado por turbas orteguistas. El periodista sostiene que la orden de
matarlo está dada.

El 30 de agosto volvió a Nicaragua para continuar desde
adentro en la lucha por la libertad de prensa, de expresión y la democracia,
pero también en el contexto de denuncia internacional, como lo había venido
haciendo desde su exilio en Estados Unidos.  

Desde su regreso a Nicaragua su casa y su radio han
estado bajo asedio policial y paramilitar, fanáticos orteguistas han dejado
pintas amenazantes en las paredes y cuando regresaba a su natal León el pasado
7 de septiembre, el vehículo en el que se desplazaban miembros de la Alianza
Cívica fue atacado por motorizados armados que creyeron que Aníbal Toruño
viajaba dentro.  

“¿Qué me hubiese pasado? Por lo menos que me hubiesen
secuestrado y llevarme al zonal del Frente Sandinista que es en donde se
manejan este grupo de delincuentes motorizados que andan azotando, atacando a
todo lo que se parece a periodismo y medios de comunicación independientes”,
relata.

Su vida en Nicaragua no es normal, como tampoco lo está
el país. Siempre viaja acompañado por un amigo, evita lugares públicos, se
desplaza en constante observación de su entorno y no sale por las noches.  

Tiene miedo. Hay un plan para matarlo, dice. “La orden es
asesinar a un periodista, a un director de medio de comunicación que se ha
convertido desde la perspectiva de ellos en un dolor de cabeza para el Frente
Sandinista porque la lucha de Radio Darío que lleva 70 años, es una lucha que
trasciende fronteras”, denuncia. 

Y su miedo también es fundado. En un contexto en el que
no se tolera la libertad de prensa ni la libertad de expresión “es obvio que
Daniel Ortega quiere eliminar a hombres y mujeres de prensa que se interponen
en su camino. La historia lo dice, tenemos a Pedro Joaquín Chamorro, Carlos
Guadamuz y Ángel Gahona”, dice.

Pocas
resoluciones de refugio oficial

Por su parte, la oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), señaló que están
abogando para que el proceso del retorno que está ocurriendo hacia Nicaragua se
“realice en condiciones seguras y dignas que no impliquen riesgos subsecuentes
para aquellos que optan por repatriarse”.

“Es muy importante que los
solicitantes de asilo (o refugio) se informen antes de tomar cualquier
decisión. Un retorno no informado puede ser muy peligroso si los factores que
motivaron la huida se mantienen”, recomendaron vía correo electrónico al
solicitar la entrevista.

Para los nicaragüenses en Costa
Rica, lo tardío en la entrega del documento de solicitante de refugio o de
refugiado oficial, son también parte de las razones por las que están
retornando. En 2018, por ejemplo, el gobierno costarricense entregó 1,427
resoluciones de refugios oficiales a personas de distintos países, de esa
cantidad solo 263 fueron para personas nicaragüenses.

Mientras que en lo que va de 2019
ha entregado 2,766 refugios oficiales a nicaragüenses, de un total de más de
55,500 solicitudes de refugio, según el “Estudio Preliminar de Flujos Migratorios
Mixtos Nicaragüenses 2018-2019”, publicado recientemente en la capital
costarricense.

Mientras decenas de nicaragüenses retornan cada mes, con
la esperanza de no morir o ser detenido en el intento. El régimen orteguista se
mantiene a fuerzas en el poder para llegar a las elecciones de 2021, fecha en
que la mayoría en Nicaragua espera un verdadero cambio de sistema.

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