Como un retroceso en materia electoral calificó el abogado e integrante de la Coalición Nacional, José Pallais, la iniciativa de reforma a la Ley Electoral introducida por los diputados del oficialismo en la Asamblea Nacional y que tiene como fin afectar los derechos de la oposición.
El proyecto de ley eleva a rango constitucional las inhibiciones establecidas en las leyes de Regulación de Agentes Extranjeros y de Defensa de Derechos del Pueblo a la Independencia al incorporarlas en la reforma electoral, prohíbe toda cooperación del extranjero lo cual limita las posibilidades de competencia de la oposición, aseguró Pallais.
“En vez de avanzar en transparencia, resolver los problemas más sentidos de la ley para garantizar el respeto al voto se retrocede. Todo el énfasis está puesto en excluir, en limitar la capacidad de competir de parte de la oposición”, dijo Pallais.
Sobre las prohibiciones de toda cooperación del extranjero Pallais lo calificó de “una barbaridad” e injusto “porque el 11 % del PIB (Producto Interno Bruto) de este país lo generan los nicaragüenses residentes en el extranjero con sus remesas, esos nicaragüenses que mantienen el país funcionando le niegan la posibilidad de dar un dólar siquiera para mejorar la institucionalidad, la democracia en este país es un absurdo y una injusticia de tamaño catedral”.
El artículo 103, de la iniciativa, señala que “los partidos políticos, alianzas de partidos o cualquiera de sus candidatos y candidatas, podrán recibir donaciones de ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, dentro de los montos, límites y con arreglo a los requisitos y condiciones establecidas por el Consejo Supremo Electoral. No podrán recibirla de Instituciones Estatales o mixtas, sean éstas nacionales o extranjeras; ni de privados cuando sean estos extranjeros o de nacionales estando estos en el extranjero. No podrán recibir donaciones de ningún tipo de entidad extranjera para ningún fin”.
Con esto el régimen impide que los partidos de oposición reciban donaciones para que puedan realizar una campaña electoral competente, lo que significa para el experimentado político que de aprobarse las reformas tal y como fueron presentadas por el oficialismo confirmaría la falta de condiciones para que en noviembre sea celebrado en Nicaragua un proceso electoral transparente.
Fortalecen estado policial
A esto Pallais, le sumó otro punto que lo consideró “gravísimo” , como es el hecho de que sea la Policía la que determine los permisos para marchas, concentraciones o reuniones políticas lo que pone a esa institución tan cuestionada por encima del Consejo Supremo Electoral, cuando se trata de “una Policía total parcializada, sometida”, con lo cual el régimen fortalecería aún más el estado policial.
Lo señalado por Pallais está incluido en lo relativo a la campaña electoral en el artículo 89, el cual señala “para todas las actividades en la vía pública, los partidos políticos o alianzas de partidos, se regirán por las leyes de la materia. Para la autorización de manifestaciones públicas durante la campaña electoral se seguirá el siguiente procedimiento: 1) Los partidos políticos, o alianzas de partidos presentarán solicitud a la Policía Nacional con copia al Consejo Electoral correspondiente para la realización de la manifestación, señalando fecha, hora, día, lugar y trayecto con una semana de anticipación como mínimo”.
Y agrega en el inciso 2) “La Policía Nacional resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación de la solicitud. 3) En caso de manifestaciones que puedan coincidir en tiempo y lugar, la Policía Nacional en coordinación con el Consejo Electoral podrá modificar la programación de las actividades, en consulta con los solicitantes para evitar alteraciones del orden público. La solicitud presentada primero tendrá preferencia”.
También mencionó Pallais el hecho que intenten suprimir en la iniciativa, las pocas referencias que quedan en lo relativo a la observación electoral, lo que le lleva a sostener que “muy poco podrían ir hacer los cambios que puedan introducir de llevar a magistrados independientes, profesionales, si ahora están sometidos a la Policía, un absurdo retroceso”.
Aunque Pallais indicó que analizarán más detalladamente el proyecto de ley, la primera lectura que hace es de que la iniciativa no cumple con los objetivos para que los nicaragüenses confíen en el proceso electoral, no se ajusta a las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), y “no la vemos que se acerque a Las expectativas de la comunidad internacional, para considerarlo una reforma que satisfaga unas elecciones de calidad democrática”.
No obstante, Pallais dice: “Esto nos obliga a fortalecer nuestra capacidad de lucha hacer más incidencia, hacer una campaña más incisiva nacional e internacional contrastando lo que requiere el país y lo que ellos pretenden hacer, nos motiva a trabajar más por una verdadera reforma».