“Un enérgico llamado al Estado de Nicaragua a reconocer la extrema gravedad de la situación” generada por la pandemia del COVID-19 “y adoptar de inmediato medidas de atención y contención de la pandemia consistentes con la evidencia científica”, hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).
La CIDH y su REDESCA en el comunicado expresa su preocupación por la respuesta del Estado de Nicaragua a la pandemia del COVID-19 y advierte que en el contexto de la grave crisis de derechos humanos que persiste en el país, el régimen podría poner “en un riesgo adicional el disfrute de derechos, tales como la vida, la salud y la integridad de todas las personas en el país”.
Entre las preocupaciones de la CIDH y REDESCA están que el Estado no haya implementado medidas de prevención de contagios, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre otras menciona: el distanciamiento físico, la suspensión de eventos masivos, el cierre de centros educativos o de cualquier otro lugar de concurrencia masiva. Así como el manejo de la trazabilidad de los casos de contagios, la adquisición y realización de tests, así como las medidas para el manejo, control y prevención de enfermedades infecciosas.
Es más la CIDH señala que la información pública indica que más bien las autoridades nacionales y locales habrían realizado llamados públicos a la realización de marchas, concentraciones, eventos, festivales, celebraciones religiosas.
Menciona como ejemplo la convocatoria que habría realizado el Ministerio de Educación a docentes y estudiantes, el pasado 17 de marzo, para una marcha masiva en Jinotepe, igual el Instituto de Turismo habría realizado convocatorias a actividades masivas con motivo del Carnaval de Verano de Carazo celebrado desde el 3 de abril.
Falta de transparencia
A esto le añade “la falta de transparencia e información confiable y pormenorizada sobre las medidas de prevención de contagios y contención de la pandemia”, u otras informaciones relacionadas con el número de test adquiridos y realizados, formas de seguimiento de los casos identificados, información contradictoria de las autoridades sobre el número de personas contagiadas o bajo observación por presentarse síntomas, lo que según la CIDH contribuye a incrementar la desconfianza pública ya existente en el país y a reducir la capacidad de las autoridades de tomar medidas y políticas adecuadas para proteger y garantizar la salud de la población.
Además considera la CIDH esto impide que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas para evitar el contagio de la enfermedad o para la búsqueda de atención especializada; lo que se torna aún más grave ante los llamados de las autoridades de proseguir con las actividades normales, inclusive en el goce del periodo vacacional.
“La CIDH ha tomado noticia por conducto del MESENI, que en seguimiento de las recomendaciones internacionales, las propias organizaciones de la sociedad civil nicaragüense han llamado al Estado a tomar medidas para impedir la propagación del virus con pleno respeto a los derechos humanos e incluso han tomado medidas oficiosas en ese sentido”, indica el comunicado.
También recuerda al régimen la CIDH y su REDESCA la obligación de los Estados de permitir y asegurar el acceso de las personas a la información pública, la cual adquiere especial relevancia en condiciones que dicha información supone herramientas para el ejercicio del derecho a la salud, integridad y, eventualmente vida, en la actual situación de pandemia global.
La situación de los privados de libertad también fue expuesto por la CIDH por considerar que están en particular riesgo de contagio por las condiciones propias de los centros penitenciarios. La Comisión recuerda que ya ha recomendado a los Estados adoptar medidas como la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19. En cuanto a Nicaragua la Comisión recuerda que, en el marco de la crisis de derechos humanos que persiste en el país, al menos 60 personas presos políticos acusados de delitos comunes, en procesos arbitrarios e ilegales, varias de ellas presentan factores especiales de riesgo, como edad avanzada o problemas de salud, más allá de las precarias condiciones penitenciarias en las que se encuentran.