A través de un decreto presidencial, el régimen aprobó un protocolo de atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, para lo cual designó al Ministerio de la Familia como la institución que lo coordinará.
El protocolo fue emitido como cumplimiento a una resolución de la Corte Interamericana de derechos Humanos emitida en marzo de 2018 en el caso de VRP, VPC y otros versus Estado de Nicaragua,.
El caso fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en septiembre de 2016. La Corte IDH responsabilizó al Estado de Nicaragua por la violación del derecho a la integridad personal de V.R.P y sus familiares.
Como parte de la sentencia en esa ocasión la Corte IDH mandó al Estado de Nicaragua adoptar, implementar, supervisar y fiscalizar de forma apropiada tres protocolos estandarizados: De investigación y actuación durante el proceso penal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, sobre abordaje integral y valoración médico legal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, y de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
De esta manera, dos años después de la sentencia el régimen cumple con el mandato de la Corte IDH.
El caso se relaciona con la violación sexual sufrida por la niña V.R.P, en 2001, quien al momento de los hechos tenía nueve años de edad y quien desde el inicio de la investigación afirmó que el responsable de tales violaciones fue su padre.
La Comisión consideró que la menor fue gravemente revictimizada con un impacto severo en la integridad psíquica tanto de ella como de su madre y los otros hijos de ésta. La CIDH también recomendó en el Informe de Fondo, desarrollar protocolos de investigación para que los casos de violación sexual y otras formas de violencia sexual en contra de mujeres, incluyendo niñas, sean debidamente investigados y juzgados de conformidad con los estándares establecidos en el informe.