El Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas considera que la detención de los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora “fue arbitraria” que contraviene varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos por lo que considera que “el remedio adecuado” sería concederles una indemnización y otro tipo de reparación.
El Grupo de Trabajo emitió su opinión en el 87 período de sesiones realizado entre abril y mayo, pide al régimen que “adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Miguel Mora y Lucía Pineda, sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
A su vez, el Grupo de Trabajo insta al régimen que realice “una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad” contra ambos periodistas y “adopte medidas pertinentes en contra de los responsables de la violación a sus derechos”.
Les beneficia proceso en Corte IDH
Pineda recordó que el organismo Raza e Igualdad que les brinda acompañamiento anteriormente había introducido una demanda contra el Estado de Nicaragua en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Todo esto nos ayuda a nosotros en cuanto el proceso que se lleva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó Pineda, tras señalar que continuarán ese proceso en la Corte IDH para “sentar un precedente para que ningún otro gobierno del mundo y del continente americano toque de esta manera a los periodistas y a los medios de comunicación».
Pineda ha conocido que el Grupo de Trabajo pocas veces se ha pronunciado en el tema de libertad de expresión por lo que considera Pineda es una victoria para el periodismo de las Américas.
El caso de 100 % Noticias es emblemático porque no se había dado un caso como ocurrió en Nicaragua de que fuerzas regulares ingresen a un medio de comunicación y arresten a dos directores, y ocupen las instalaciones, como ocurrió en diciembre de 2018 cuando la Policía del régimen secuestró a Pineda y a Mora.
”Es inédito en el continente americano”, expresó Pineda, quien apunta que el Grupo de Trabajo hace un resumen de lo que vivieron ambos después que estuvieron en manos de la Policía. Y en su caso que permaneció unas 30 horas desaparecida, no se explicó causas del arresto, y fue aplicada una prisión preventiva automática e ilegal.
A su vez el procesamiento y juicio en contra de los periodistas a quienes no se permitió desde un inicio el acceso a un defensor, y que la detención de ambos fue por haber ejercido el derecho a la libertad de expresión, de opinión y por difundir información de todo tipo vinculadas con la represión de abril de 2018.
En el caso de Pineda recuerda que fue sometida a interrogatorios al menos en 30 ocasiones en un mes, donde “me pedían un vídeo disculpáándome con (Daniel) Ortega”.
La periodista también señala que en el caso de ella que posee la doble nacionalidad le fue negada a la Cancillería costarricense la protección consular.
Es destacar que ambos periodistas fueron dejados en libertad bajo la llamada Ley de Amnistía pero el caso en su contra no fue cerrado y no fueron absueltos al igual que el resto de presos políticos liberados bajo esta ley, por lo que Pineda considera que en este caso ha habido “un cúmulo de arbitrariedades” .