Una serie de incongruencias en la causa abierta casi simultánea por la vía administrativa y penal, tanto por el Ministerio de Gobernación como por el Ministerio Público, en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por supuesto lavado de dinero y entre los indagados su expresidenta Cristiana Chamorro,, señalan abogados y defensores de derechos humanos
Por ejemplo, llama la atención a los defensores que el Departamento de Registro y Control de Asociaciones Sin Fines de Lucro que controla a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), no haya detectado alguna anomalía en los informes presentados por la FVBCH, pese a que el período analizado ocurrió hace dos años y uno de los requisitos para otorgar la constancia de cumplimiento cada año, es mantener al día los reportes, El período investigado es de 2015 a 2019, según la información oficial que fue en el período en que encontraron presuntos indicios de lavado de dinero.
La representante de una ONG que prefirió el anonimato también cuestionó, que si el delito es por lavado de dinero por qué el Ministerio de Gobernación no indagó primero al o los donantes que cooperaban con la FVBCH que ya incluso cerró operaciones y a los periodistas que de alguna manera han sido beneficiados con capacitaciones o proyectos.
“Si están citando a todas las organizaciones o personas por lavado de dólares, lo correcto es que estas personas a su vez hagan comparecer a los donantes porque entonces su dinero es de dudosa procedencia. Las Organizaciones No Gubernamentales la única manera de lavar dinero es que el que nos dona, nos esté usando para lavado”, expresó la representante de la ONG.
Y mencionó que de forma anual las ONG han informado al MIGOB “durante toda la vida de las organizaciones”, lo que lleva a preguntar por qué en el caso de la FVBCH “nunca mencionaron ni mandaron una notificación por lavado o siquiera malas prácticas administrativas”.
Trasfondos político
El presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, destacó que aunque el trasfondo del proceso contra Cristiana Chamorro, expresidenta de la FVBCH es político, desde el punto legal llama la atención que hayan abierto una investigación penal cuando aún el caso es indagado de forma administrativa.
“Aunque sorprende siempre porque tienen una capacidad de imaginación para la maldad, no debe sorprender que citen a mucha más gente”, refirió Carrión, quien también recordó que esto demuestra que en Nicaragua “no existe un panorama de legalidad “.
Esto porque apunta Carrión, si una ONG para seguir operando requiere de esa constancia de cumplimiento que se interpreta de que todo está conforme, “¿cómo se explica que años después aparezca con una investigación de carácter criminal?”.
Al tiempo que recuerda que como parte de la represión a partir de 2018 una de las formas que utilizó ese Ministerio para perseguir a las ONG fue la no entrega de esa certificación. Y que también se ha constatado con la aplicación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que a muchas ONG les han negado esa constancia cuando han intentado inscribirse.
El abogado Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo coincide con el señalamiento de Carrión y refiere: “Se supone que si en un control acaso detecta el ente regulador algo que no está bien, manda a pedir una aclaración, para efecto de la constancia, o certificación, la que dice que se está cumpliendo esto lo requieren los organismos para acceder a más fondos”.
“Es extraño que ahora se diga que los destinos de las donaciones del financiamiento no se hicieron de forma adecuada, aparte que fue un períodos que crea mucha suspicacia”, apuntó Montenegro, quien refirió: “Eso es totalmente irregular, como va a indagar a un organismo que financia este tipo de trabajo realizado por ONG que suple lo que el Estado no puede abarcar, las ONG son expresiones locales grupos de apoyo en diversas negociaciones”.
Montenegro además cuestionó que el Ministerio Público haya citado a periodistas que son los beneficiarios
Carrión señaló la lógica de la maniobra de criminalización contra Chamorro para inhibirla en el proceso electoral y al periodismo independiente para acallarlo.
También la UAF
Otra incongruencia señalada a las investigaciones en este caso apunta al monitoreo que debe realizar la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pues recordó Carrión, que de acuerdo a la ley, las ONG no pueden realizar transacciones bancarias si no están al día con el Ministerio de Gobernación. Por tanto consideró el defensor de derechos humanos que es improbable que a la UAF encargada de la vigilancia y persecución del delito de este tipo “no se le iba a ir así no más, una transacción que fuera sinónimo de lavado”.
Además, que la UAF a partir de 2018 reformó y creó nuevos mecanismos “para mayor control y mayor represión”, por tanto, el defensor de derechos humanos no encontró explicación que aparezcan estos señalamientos años después contra Chamorro.
A esto le añadió Carrión, el hecho de que sin haber concluido una investigación con la culpabilidad a Chamorro a esta le fueron congeladas las cuentas bancarias y levantado el sigilo bancario, cuando la que aparece como investigada es la FVBCH la investigada, por lo que considera que el caso “ya tiene esa característica de arbitrariedad, es una medida sancionatoria”.
Montenegro en tanto señaló, que el Ministerio de Gobernación, lo que debió hacer era pedir explicaciones, establecer un plazo razonable para que la representación de los que fue la FVBCH presentase los estados contables, y que por tratarse de un organización que incluso ya había sido cerrado, no estaba funcionando, implicaría que le concedieran más tiempo para ello.
A inicios de febrero de 2021 la FVBCH anunció su cierre cuando no aceptó la imposición de registrarse como agente extranjero, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
A esto le suma Carrión, que “escogieron el momento político. Ellos mismos se desacreditan por los hechos. Es criminalización, es una ciudadana con derechos y marcando fuertes en la opinión de la población en el contexto electoral”.
Por tanto, a criterio de Carrión, los señalamientos del Ministerio de Gobernación en la causa abierta contra la FVBCH “tiene cuestionamientos de orden técnico, legalidad y del derecho”.