Cristiana Chamorro. Fotografía: Cortesía Abigail Hernández, de Galería News.
Cuando el pasado 20 de mayo el Ministerio de Gobernación (MIGOB), citó a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro no fue para iniciar una investigación administrativa por haber encontrado supuestos indicios de lavado de dinero en el período comprendido entre 2015 y 2019 de la Fundación Violeta Barrios (FVBCH), sino para hacer oficial la decisión del régimen de imputarla penalmente pues un día antes ya había remitido denuncia al Ministerio Público.
Esto lo confirman el Ministerio Público en uno de los dos comunicados emitidos sobre este caso, pues informa que el 19 de mayo recibió la denuncia de parte del Ministerio de Gobernación, o sea un día antes de que Chamorro fuese citada a las oficinas del MIGOB a ventilar el caso aparentemente de forma administrativa.
En representación de la FVBCH fueron denunciados ante el Ministerio Público por supuesto delito de lavado de dinero Cristiana Chamorro, Marco Antonio Fletes y Walter Gómez, contador y administrador de la misma.
En su comunicado el Ministerio Público sostiene que “procedió a realizar el análisis de la misma junto con la documentación que le fue entregada por parte de Gobernación, se realizó el estudio de los mismos encontrando serias inconsistencias financieras entre los reportes presentados a Gobernación y los montos recibidos en la Fundación, razón por la cual se procedió a iniciar el proceso investigativo para esclarecer la existencia del delito de lavado de dinero”.
El defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, expresó que el Ministerio de Gobernación debió primero haber fundamentado una resolución de motivación de hechos para que Chamorro y los otros dos investigados por parte de la FVBCH tuvieran derecho a la defensa de reclamar.
Esto indica, explicó el defensor de derechos humanos, que el MIGOB debió demostrar en la fase administrativa las supuestas irregularidades encontradas en la administración de la FVBCH, para que Chamorro pudiera rebatir y rechazar conforme al debido proceso, el cual debe cumplirse no solo en el ámbito penal y criminal.
“El debido proceso quedó irrespetado”, aseguró Carrión, quien manifestó que el comunicado del Ministerio Público confirma que cuando Chamorro fue citada al MIGOB ya el caso era de su conocimiento, por lo que fue “solo una formalidad sin sustancia”. Por ello el defensor de derechos humanos considera, que las imputaciones contra Chamorro “se caen».
Esto lleva a Carrión a aseverar que «la motivación de la persecución es política” y también demuestra que obedece a una relación de coordinación y sumisión con el ejecutivo al cual está subordinado el Ministerio de Gobernación, pese a que se supone que la Fiscalía es un ente autónomo que se subordina a su ley orgánica y obedece al ordenamiento jurídico de ejercer la acción penal conforme a los hechos.
Seguirán las citatorias
Las citatorias emprendidas por el Ministerio Público no se ha limitado solo a los tres investigados sino a los periodistas independientes que han sido beneficiados por la FVBCH y que hasta ahora ha sumado unas 19 personas, entre exempleados de esa organización así como periodistas y directores de programas y medios de comunicación.
Una de las citadas este jueves fue Argentina Olivas, en representación de Radio Vos, de Matagalpa, quien después de dos horas de haber sido sometida a declaración manifestó que «te preguntan de adelante para atrás» por ejemplo si había recibido fondos para la radio, cuándo y en qué rubro, y «en qué había gastado los fondos».
Olivas expresó que habló con la verdad, que la emisora es una radio comunitaria dedicada a la defensa de derechos, fortalecer capacidades y asesoría técnica para lo cual destinaron los fondos. «Hemos trabajado de forma transparente (…) no estamos inventando nada», sostuvo Olivas,
En su segundo comunicado, el Ministerio Público anunció este jueves que continuará “con las diligencias investigativas”, así como que ha recibido del sistema financiero la información requerida de inmovilización de cuentas bancarias y levantamiento del sigilo bancario de las personas investigadas. Y aunque justifica que esto fue realizado de conformidad con las leyes de la República, con esto la Fiscalía confirma el abuso de poder en que ha incurrido al congelar cuentas personales pese a que aún aducen que están en el proceso investigativo.
Sobre este hecho, el martes pasado el abogado Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo cuestionó que por el hecho de encontrarse el caso en etapa de consulta en el Ministerio de Gobernación no había justificación que le hubiesen congelado las cuentas personales de Chamorro.
Recurre de amparo
Este jueves Chamorro acudió a la Fiscalía a una reprogramación de segunda citatoria, que en realidad no hubo ninguna declaración pues la también periodista confirmó que ejerció su derecho al acceso a la información pública.
“Quiero saber por qué me están cargando estos delitos de falsedad ideológica, gestiones indebidas, actos ilícitos y lavado de dinero”, dijo Chamorro al ingresar a las instalaciones del Ministerio Público, donde también confirmó que tanto ella como su equipo que es investigado introdujo un recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de tres fiscales auxiliares por sentirse amenazada por parte de estos.
“Yo no vengo a entrevistarme, vengo a saber por qué me están acusando de esta manera indebida”, sostuvo Chamorro quien invocó el artículo 34 de la Constitución Política de la República para no declarar bajo el alegato de inocencia “y mientras yo sea inocente no tengo por qué estar declarando”.