Ante la aparente preocupación del régimen por los crímenes de niñas en Nicaragua como los ocurridos recientemente en Mulukukú, la defensora de derechos humanos, Wendy Flores, le recordó que desde 2017 reformó a través de un reglamento la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer, “lo cual es ilegal e inconstitucional”.
Esto lleva a Flores a asegurar, que la intención del régimen de implementar la cadena perpetua a lo que llama «crímenes de odio», esconde «un mensaje de amenazas» a quienes se le oponen o lo critican y “es una clara intención de persecución política por la vía penal».
Flores indicó también, que la Ley 779 original contemplaba medidas de protección a favor de las víctimas de violencia contra la mujer y la niñez, que «quedó totalmente desarticulada, eliminaron todas las posibilidades que realmente se percibiera la violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y lo dejaron estrictamente al ámbito privado”.
«Ahí no se denota que haya habido una preocupación al desmembrar totalmente la Ley 779, al desarticular y desactivar las Comisarías de la Mujer , muchas mujeres que han estado pidiendo auxilio incluso ahora en medio de la pandemia, han pedido auxilio para salvar sus vidas, para protegerse contra la violencia y las Comisarías no han funcionado y la Policía no ha funcionado porque está dirigida y dedicada a la persecución política de los activistas y opositores”, cuestionó la defensora de derechos humanos.
Para Flores la contradicción del discurso de Ortega con la verdadera intención está demostrado con la liberación de miles de presos comunes, que muchos de ellos han vuelto a cometer delitos, con lo cual ha expuesto a la inseguridad a la población.
Igual que lo han señalado otros defensores y juristas, Flores sostuvo que para implementar la pena de muerte el régimen deberá reformar la Constitución Política por lo que se pregunta “¿Cuál es realmente la intención de cambiar esas penas o qué se pretende con una reforma constitucional?”.
A Flores también le llama la atención esta decisión del régimen pues mencionó, que para criminalizar encarcelar, enjuiciar y condenar incluso por más de cien años de prisión el régimen no ha necesitado imponer la cadena perpetua.
Como ejemplos de los señalamientos de Flores están el caso de Medardo Mairena, cuya pena fue de 216 años de prisión e igual aún están en las cárceles diez presos políticos de antes de abril de 2018. En uno de esos casos, los nueve condenados por la masacre del 19 de julio de 2014, les impusieron penas que superan los 100 años de prisión.