Cristiana Chamorro, aspirante presidencial. Fotografía: Abigail Hernández, de Galería News.
Marcos Fletes y Walter Gómez,, excontador y exadministrador, respectivamente, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro e investigados por supuesto lavado de dinero a través de esa organización que investiga el Ministerio Público fueron secuestrados este viernes denunció Cristiana Chamorro.
Hasta horas de la noche de este viernes, Chamorro y la abogada Orieta Benavides afirmaron que desconocen adónde fue conducido Fletes, quien fue secuestrado en el sector de Los Robles donde permanecía en una casa de seguridad y en ese momento se dirigía a un sitio cercano. No así en el caso de Gómez pues la Policía le aseguró a su esposa que «la esperaba mañana en Auxilio Judicial».
En el caso de Gómez la Policía rodeó la casa donde habita en la Colonia El Periodista y permaneció por cerca de hora y media. Según conoció Chamorro, un policía tocó con fuerza la ventana de la casa de Gómez, y les ordenó «abrime la puerta» y aunque solicitaron orden de allanamiento e increparon «¿a qué venís?», sin ninguna respuesta los policías del régimen incursionaron a la vivienda y la allanaron sin presentar orden judicial para sacar de forma arbitraria al exadministrador de la FVBCH.
Ambas acciones fueron ejecutadas casi al caer la noche de este viernes y Chamorro recordó que es la forma en que operan «las fuerzas tenebrosas (…) para intimidar a toda la familia».
Benavides aseguró que al momento del secuestro de Fletes este fue avasallado y maltratado sobre lo cual no existe justificación.
Imputan delito sin explicación clara
Sobre el delito de lavado de dinero que le imputan a través de la FVBCH, Chamorro durante el período 2015-2020 mencionó que hasta el 2018 el Ministerio de Gobernación les extendió constancia de cumplimiento, posterior a ello aunque presentaron sus informes no se los recibían, por tanto no les entregaron esa certificación,
Y al consultar ella que «¿cómo es que ahora nos están acusando en base a ese período?», la respuesta que obtuvo de uno de los funcionarios de Gobernación fue «seguro nos equivocamos». Mientras en la Fiscalía lee dijeron que no sabían que decirle, y por eso la estaban investigando.
Benavides destacó la violación de los derechos de los investigados que deben ser informados de manera precisa sobre la investigación y a ser escuchados y no coaccionados, como ocurrió el 21 de mayo cuando ambos exempleados se presentaron de forma voluntaria y fueron sometidos a intenso interrogatorio. Después de eso, dijo, fueron víctimas de acoso, sobre todo Fletes cuyo acoso concluyó en secuestro «que no fue tratado con la dignidad debida».