A través de una comunicación escrita dirigida a la ministra de Gobernación Amalia Coronel, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), solicitó que por razones humanitarias ante la pandemia del COVID-19, autorice régimen de convivencia familiar para ocho de sus representados.
Igualmente la CPDH remitió un escrito a la representación de la Cruz Roja Internacional en Nicaragua para solicitar que visite el penal de La Modelo y verifique las condiciones de los presos políticos y las medidas de prevención adoptadas por el penal ante el COVID-19.
Y compruebe además, si es cierto lo que los presos políticos han denunciado que ya hay contagios en esa penitenciaría, afirmó el secretario de la CPDH, Marcos Carmona.
Los ocho presos políticos por los que la CPDH pide el beneficio de convivencia familiar son: Jaime Enrique Navarrete, quien fue liberado en junio del 2019 por la llamada Ley de Amnistía, luego recapturado su caso está en casación.
Edwin Antonio Hernández, expolicía de la dirección Antidrogas, quien en abril de 2018 abandonó las filas de esa institución sancionada por Estados Unidos, cuando pretendía exiliarse fue capturado y ahora acusado por tráfico de estupefacientes, mientras Osman Marcel Aguilar, fue condenado a seis años por fabricación, tenencia y uso de armas de fuego.
José Ángel González, liberado con Ley de Amnistía y recapturado por femicidio y homicidio frustrado, en etapa de juicio. Néstor Montealto, también en etapa de juicio por crimen organizado y tráfico de estupefaciente. José Santos Sánchez, igual liberado bajo la Ley de Amnistía y luego preso por tráfico de estupefaciente y Kevin Antonio Zamora condenado a cuatro años por tenencia y uso de armas restringidas su caso está en apelación.
En su correspondencia a Coronel, la CPDH le menciona que los ocho casos aunque son procesados por supuestos delitos comunes cometidos, un protocolo que implementa esa organización determina que son presos políticos.
También le señala que en enero del presente año entre los 1700 presos comunes que benefició con régimen de convivencia familiar, hay casos como el de Eddy Antonio Orellana Lizano, condenado recientemente a ocho años por tráfico de estupefacientes y su causa está en apelación.