Las detenciones arbitrarias son señaladas al régimen en informe sobre DD.HH de EE.UU. Fotografía; Archivo Cortesía.
Corrupción generalizada, ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el régimen o sus agentes; desapariciones forzadas por fuerzas parapoliciales; detenciones arbitrarias por policías y parapolicías, tortura y tratos crueles por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; están entre las violaciones a los derechos humanos destacados por el informe anual 2020 sobre prácticas de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos en relación a Nicaragua.
El documento del Departamento de Estado presentado este martes ante el Congreso de Estados Unidos en la Sección 4, del mismo siguió apuntando “una corrupción generalizada, incluso en la fuerza policial, el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema, las autoridades aduaneras y tributarias y otros órganos gubernamentales”.
De la corrupción señalada no escapan los gobiernos municipales y los gobiernos regionales de la Costa Caribe, que según indica, «también se vieron afectados por la corrupción. Según los informes, el gobierno municipal de Managua participó en prácticas corruptas relacionadas con proyectos de infraestructura”.
Sin embargo, refiere, el régimen “no aplicó sanciones penales por corrupción, lo que permitió a los funcionarios participar en prácticas corruptas con impunidad”.
En el caso de la Corte Suprema y los tribunales de primera y segunda instancia, “siguieron siendo particularmente susceptibles a los sobornos, la manipulación y la influencia política, especialmente por parte del FSLN”, resalta el informe del Departamento de Estado.
“La falta de instituciones fuertes, un sistema débil de frenos y contrapesos y el control político absoluto de las instituciones gubernamentales permitieron que la corrupción continuara impunemente”, dice el informe, que también señala que en tanto la Contraloría General de la República, responsable de combatir la corrupción dentro de las oficinas gubernamentales, no llevó a cabo una verificación completa de los estados financieros.
Contraloría sin hacer nada
Menciona como ejemplo, que la Contraloría sostuvo que Alba de Nicaragua S.A (Albanisa), empresa privada controlada por miembros del régimen que importaba y vendía productos petrolíferos venezolanos, así como los ingresos asociados en virtud del acuerdo de cooperación petrolera de Venezuela, no estaban sujetos a auditoría porque la Asamblea Nacional no aprobó el acuerdo.
Mientras funcionarios del Poder Ejecutivo continuaron participando en negocios financiados con fondos de asistencia económica y para el desarrollo prestados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), liderada por Venezuela, “todo ello fuera del proceso presupuestario normal controlado por la legislatura”.
Igualmente los funcionarios públicos rara vez hacen pública su información financiera como lo exige la ley, y no hay un registro público de sanciones por incumplimiento, expresa el documento.
El informe resalta que a tres años están impunes los crímenes perpetrados durante el estallido de abril de 2018.
Después de tres años, apunta “el régimen no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 325 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento prodemocracia de abril de 2018”.
En tanto, refiere que los parapoliciales y las personas vinculadas al régimen mantuvieron una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia contra quienes disienten, entre estos están: Expresos políticos, activistas campesinos, grupos de oposición prodemocracia, defensores de los derechos humanos y el clero católico.
“El presidente Ortega fortaleció activamente la impunidad de los derechos humanos con abusadores que le eran leales”, señala el documento.
Control total de Ortega y de Murillo
A través del mismo describe que “Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario”, el cual está dominado por Daniel Ortega Saavedra y su esposa, Rosario Murillo Zambrana, donde el partido oficialista FSLN ejerce un control total sobre las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral.
Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad policiales y parapoliciales. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos.
“Los parapolicías, que son grupos no uniformados, enmascarados y armados con entrenamiento y organización táctica, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad gubernamentales, bajo el control directo gobierno, y reportan directamente a la policía nacional”, señala el mismo.
A su vez menciona, que el régimen impidió que nueve organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), recuperaran su personería jurídica, al tiempo que retuvo ilegalmente sus activos, impidiéndoles operar; mientras durante 2020 despojó a una organización no gubernamental más de su estatus legal.
Durante 2020, señala el informe que hubo serias restricciones a la libertad de expresión y prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal; y una injerencia sustancial en los derechos de reunión pacífica y la libertad de asociación, así como severas restricciones a la libertad religiosa, incluidos ataques contra la Iglesia Católica y sus líderes religiosos.
También, “hubo una corrupción generalizada; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer; trata de personas; discriminación y violencia contra minorías étnicas y comunidades indígenas; amenazas y ataques contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales; y trabajo infantil, incluida la explotación sexual comercial”, explica en parte el resumen ejecutivo del informe.