“El temor que tienen los pueblos indígenas es el etnocidio” , advirtió este viernes la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), Lottie Cunningham, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), quien aseguró que han continuado las invasiones de colonos armados a territorios indígenas miskitos en el Caribe Norte de Nicaragua.
Y aseguró que desde septiembre 2018 el riesgo al que están sometidas las comunidades miskitas en lugar de disminuir “ha empeorado sustancialmente”, por una alta presencia de colonos armados dentro territorios indígenas, quienes constantemente les hostigan, agreden y amenazan.
Como ejemplo, leyó una carta dejada en la comunidad de Wisconsin dirigida al juez comunal que contenía una amenaza de los colonos que decía: “le aviso que se prepare porque la guerra comenzó”.
“En consecuencia Wisconsin, Santa Clara y Esperanza Río Wawa se encuentran en situación de alerta constante y los miembros de las comunidades tienen temor de ir a sus parcelas a traer alimentos frente la posibilidad de ataque armado”, dijo Cunningham, quien aseguró que 807 personas están desplazadas lo que afecta a otras comunidades indígenas del sector.
Durante la audiencia del 134 período de sesiones de la Corte IDH para la revisión de las medidas provisionales otorgadas a ocho comunidades miskitas y vigentes desde septiembre de 2016, Cunningham resaltó que las mismas tienen su origen en graves actos de violencia por parte de terceros o colonos, que desde 2015 han invadido las tierras de indígenas miskitos con total anuencia del Estado de Nicaragua.
De las ocho comunidades con medidas provisionales la más reciente incorporada fue la comunidad Santa Clara y donde recientemente una niña fue agredida por disparos de colonos armados.
Omisión del Estado alienta invasions
Cunningham recordó que la Corte IDH en su resolución estableció que el saneamiento de los territorios es una vía para garantizar el uso y goce efectivo del de derecho de la propiedad comunal, pero actualmente prevalece la omisión estatal al proceso de saneamiento lo que ha permitido la continua invasión de colonos.
Además Cunningham acusó al Estado de promover actividades de extractivismo, como la minería, sobreexplotación forestal, extracción de resina de pino, el monocultivo entre otros.
Uno de los planteamientos efectuados al Estado fue la implementación de medidas junto a los representantes, pero los comunitarios desconocen ls medidas de seguridad adoptadas por el régimen, para erradicar la violencia, tampoco hay avances de investigaciones a hechos que dieron origen a las medidas provisionales.
Una comisión regional implementada, de la cual habla el Estado con el supuesto fin de cumplir las medidas y en la que participan los gobiernos territoriales, la defensora de derechos humanos alegó que las comunidades no los han autorizado para que los representen.
A su vez, dijo Cunningham, que sin el consentimiento de las comunidades el Estado ha impuesto un reglamento que denominan ordenamiento territorial y lo propone, “como pilar del saneamiento, que es el arriendo a los colonos armados”.
“Se pretende trastocar la naturaleza del sui géneris de la propiedad comunal indígena para dar paso al latifundismo exponiendo la sobrevivencia de nuestros pueblos, el temor que tienen los pueblos indígenas es el etnocidio”, sostuvo la presidenta de CEJUDHCAN, tras señalar que además el régimen ha formado una comisión sin que haya un diagnóstico de las causas del conflicto o haya propuesto soluciones.
Recrudece situación de riesgo según la CIDH
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao destacó los hechos reportados en relación a los indígenas en los que destacan secuestros, amenazas, asesinatos, agresiones sexuales, emboscadas, y como resultado el abandono de las comunidades, que desde 2015 ha dejado más de 12 asesinados, 25 secuestrados, nueve comunidades desplazadas, entre otros.
Abrao habló que ante esta situación han propuesto integrar sociólogos y antropólogos, con el fin de identificar fuentes de conflictos y soluciones para brindar las medidas de seguridad necesarias erradicar la violencia en las comunidades indígenas.
La CIDH ha constatado el recrudecimiento de la situación de riesgo en el marco del saneamiento territorial y destacó que recientemente la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), también reiteró preocupación por los ataques a las comunidades indígenas.
A la fecha la Comisión no cuenta con información sobre acciones efectivas para la protección e integridad de las personas, dijo Abrao.
Alcaldesa dice buscan la paz
Para Rosa Cunningham, alcaldesa de Waspam, “nosotros no entendemos que digan que aquí las informaciones han sido opuestas porque realmente todos estamos en el proceso de buscar la paz, en el proceso de resolver el problema de la presencia de no indígenas en territorios indígenas”.
Y alegó que implementan programas de gobierno que “quizás lo sienta insuficientes, pero estamos asumiendo toda la responsabilidad de la protección de la vida de estas comunidades, de la identidad cultural de nuestros pueblos indígenas, de la autodeterminación de nuestros pueblos”.
La alcaldesa de Waspam desconoció a la representación de los comunitarios y de CEJUDHCAN y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) que recurrió ante la Corte IDH “porque no tienen la representación legal de las comunidades, ni en las asambleas las comunidades las han electo como representantes”.
Aunque después reconoció al juez de La Esperanza que asistió a esa audiencia.
Es más la alcaldesa de Waspam, llegó a aseverar que “hay muchas noticias que se tergiversan” ,y , mencionó que en el caso de la niña herida en Santa Clara recientemente por colonos armados la primera versión a la Policía y a la Alcaldía , fue de que había sido herida cuando estaba viendo la televisión y después fue cambiada la versión.
Mauro Átimo Samuel, representante comunal de 21 comunidades aseguró que cuentan con los títulos de propiedad otorgados desde 2010 y aún así enfrentan problemas.
Sin embargo, la alcaldesa de Waspam, refirió que “el saneamiento no es un proceso cuadrado legal, el saneamiento es todo un proceso social que nosotros estamos desarrollando” y depende de las personas, de la sociedad y las comunidades como van articulándose para ir viendo esos traslapes de tierra”, para ir sacando poco a poco a “los no indígenas” que han invadido las tierras y según ella es el trabajo que realizan.