El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, demandó este domingo, que el Estado de Nicaragua libere la realización de las pruebas para pacientes con sospechas de COVID-19, las que continúan bajo el control total del sistema de salud.
La abogada Wendy Flores, del Colectivo denunció la situación de riesgo en la que está la abogada y defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez y su círculo cercano, quien sufre síntomas de COVID-19, mientras autoridades médicas de un hospital público le negaron la posibilidad de conocer su situación, ante la negativa de practicarle una prueba de COVID-19. A Flores le preocupa la evolución de la condición de salud de Martínez.
Mencionó entre otros síntomas que padece Martínez: Fiebres, problemas respiratorios, tos, y dolor en el pecho. Esta situación llevó a Martínez a recurrir al Hospital Fernando Vélez Paiz donde este sábado pasó unas ocho horas y de donde se retiró con el diagnóstico de enfermedad respiratoria superior y con un tratamiento recomendado similar al de un paciente con COVID-19, sin que le hayan efectuado una prueba, denunció Flores.
Martínez tampoco recibió orientaciones, ni fue informada de seguimiento alguno de parte del hospital, a pesar de su peso y una paciente con antecedentes de hipertensión, explicó Flores, quien refirió que igualmente una asistente de Martínez padece de los mismos síntomas.
Flores recordó, que Martínez cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras ser víctima de agresiones, amenazas, campaña de desprestigio. Debido a ello, la defensora de derechos humanos exhortó al Estado de Nicaragua a que cumpla con las medidas cautelares dictadas por la CIDH para Martínez las que están dirigidas a proteger su vida, lo cual incluye que reciba atención y tratamiento médico adecuado.
Desde su cuenta de Twitter, la misma Martínez denunció: “Se me ha negado el derecho a saber si soy portadora de COVID-19. Presento los síntomas, tengo los factores de riesgo, asistí a una unidad de salud pública, pasé ocho horas esperando para que me atendieran. No me hicieron la prueba y no se me explicó por qué no la hacían”.
Por su parte, Gonzalo Carrión, de ese mismo Colectivo, recordó la forma inusual con que el régimen ha enfrentado la pandemia de COVID-19 desde que inició en Nicaragua, “se le dio bienvenida a la pandemia con carnavales, se descalificaba, en esa proporción ha sido la desprotección”.
El defensor de derechos humanos comparó que de la misma manera en que el régimen ha negado los crímenes perpetrados contra la población en los últimos tres años, igualmente lo hace con los casos de COVID-19, lo que agrava la situación de la pandemia.
Recordó Carrión, que en los últimos días cada vez más trascienden casos de pacientes sospechosos de padecer COVID-19, lo cual ha despertado la solidaridad de familiares y conocidos, como ha ocurrido con varios casos entre el gremio periodístico, lo que, dijo, es importante, pero recordó “la principal responsabilidad es del Estado”.
“Es importantísimo que el Estado aterrice en su responsabilidad porque su acción o omisión negligente es criminal contra todo un pueblo”, sostuvo Carrión.
Práctica de pruebas es insuficiente
En su último informe publicado el 30 de abril y correspondiente a los reportes recibidos entre el 22 de abril al 28 de abril, el Observatorio Ciudadano refiere que la realización de pruebas de COVID-19 sigue siendo insuficiente.
En el mismo el Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta 364 nuevos casos sospechosos de COVID-19, y 46 nuevos fallecimientos con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Y considera que la semana reportada representó la que más casos ha registrado desde el inicio del año 2021.
Según el último reporte del Observatorio, durante este período “hubo un incremento de hospitalizaciones tanto en hospitales públicos como privados, así como un incremento de consultas médicas por sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Lo que ha generado en algunas unidades de salud la apertura o ampliación de las salas dedicadas a pacientes con Coronavirus u otras infecciones respiratorias”.
Igualmente hay reportes que indican la presencia de casos sospechosos de COVID-19, en más de 10 centros educativos de Managua, que han tomado medidas como el regreso a clases virtuales o bien la suspensión temporal de las clases.
El Observatorio registra un cumulado de 14.170 casos sospechosos verificados. Igualmente hasta el 28 de abril el Observatorio ha reportado y verificado 3.101 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19. Contrario a las cifras del Ministerio de Salud (MINSA) de poco más de 6,800 casos confirmados y 181 fallecidos.
“Los reportes de esta semana nos alertan sobre un incremento en el número de casos y fallecidos, tanto en la población general como entre personal de salud. Ante el incremento en el número de casos y fallecidos, hacemos un llamado urgente a poner en práctica las medidas de prevención y protección para preservar la salud y la vida”, expresa el Observatorio.
Igualmente apunta, que “ante un incremento de casos, es necesario mejorar y ampliar el acceso y realización de pruebas de COVID-19 para poder tomar medidas efectivas de aislamiento y parar los contagios”.
“Reiteramos que las fluctuaciones en el número de reportes recibidos, sean casos sospechosos o fallecimientos sospechosos de COVID-19 reflejan la capacidad de nuestras redes de recoger lo que ocurre en los territorios. No podemos afirmar que el virus ya fue controlado en el país. La evidencia de continuidad en el incremento de los casos sospechosos y muertes nos dice lo contrario”, dice el Observatorio en su último informe.