Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fotografía: Archivos de Manuel Esquivel.
Seis ciudadanos, a título personal, demandaron por escrito ante la Contraloría General de la República, una investigación y verificación de los bienes y activos de José Daniel Ortega Saavedra y Rosario María Murillo Zambrana, conforme a las declaraciones patrimoniales que ambos han presentado ante esa institución desde que han ocupado cargos de función pública.
Los demandantes plantean que de acuerdo al resultado de las investigaciones, “si hay responsabilidades administrativas o de orden civil y/o penal”, procedan de acuerdo al debido proceso.
Los firmantes de la solicitud son los ciudadanos Jaime Antonio Chavarría Morales, Margarita Alonso Flores, Fredy Alberto Navas López, Bernardo José Pastora Cárcamo, Carlos Antonio Jarquín Hernández y Antonio José Duarte Lanza, quienes plantean una investigación y verificación de las Declaraciones Patrimoniales de Ortega y Murillo, para que sean comparados con los bienes, activos y valores que poseen, en propiedades inmuebles, cuentas bancarias, empresas naturales y jurídicas.
Jaime Chavarría, uno de los firmantes, recordó que lo último que se conoce de la declaración de probidad de Ortega fue la presentada cuando concluyó su período como diputado y se postuló a la presidencia de la República en 2006, por lo que consideran este debe demostrar “cuánto tenía en ese momento y cuanto tiene ahora”.
Información pública es probatoria
Chavarría aseguró, que hay mucha información pública que es probatoria de los recursos que de forma ilegítima han sido incorporados a los recursos patrimoniales de la familia Ortega Murillo.
Mencionan los ciudadanos que en agosto de 2006, Ortega presentó su declaración de probidad constatándose que declaró nueve bienes inmuebles en el Registro de la propiedad Inmueble Mercantil del Departamento de Managua.
En tanto el 7 de enero de 1987 en el apartado de maquinaria y equipo de transporte señalan que Ortega declaró un vehículo marca Mitsubishi, tipo camioneta, placas número 077-566, año 1995, con una promesa de venta, y en su declaración del 7 de enero de 2002 la camioneta marca mercedes Benz, modelo M-1320, año 1999.
“En el proceso de verificación se logró comprobar que a través de la Escritura Publica número treinta y siete (37) de compra venta de vehículo de fecha diecisiete de noviembre de 1999 que la camioneta marca Mitsubishi, placas 077-566 fue vendida a la Empresa Europa Motor Nicaragua S.A. el día 12 de diciembre del año 2003”, explican en el escrito.
En cuanto a las inversiones en sociedades y compañías declaró las sociedades: Promotora para el Desarrollo del Turismo ( Protur); Inversiones Múltiples S.A y Fundación para el amor. Lográndose comprobar en el Registro Público Mercantil que dichas sociedades se encuentran debidamente inscritas, la primera bajo el # 33868, Pagina 237, Tomo 147, Libro de personas y la segunda bajo el # 49765 A, Pagina 112/113, Tomo 123ª . Y en relación a la Fundación para el Amor se confirmó que fue inscrita el 10 de octubre de 1996 en el Ministerio de Gobernación debido a que la misma es si fines de lucro.
En el apartado de caja y banco indican Ortega declaró las cuentas corrientes No. 503-000308-1; No. 601-002291-4 y No. 100204045975558, en el Banco de Finanzas. “En comunicación recibida con fecha 18 de septiembre de 2006 por la Superperintedencia de Bancos y otras Instituciones financieras, se confirmaron la existencia de las cuentas de ahorros, en la Entidad Financiera Banco de Finanzas. Y como resultado del proceso de verificación no detectaron ninguna inconsistencia en los datos proporcionados por el servidor público”, expresan.
Los ciudadanos que recurrieron a la Contraloría le piden a las autoridades colegiadas que emitan una resolución sobre el resultado de la investigación que refleje el incremento del patrimonio de Ortega y Murillo, con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos. Esto porque explican pesa sobre ambos la responsabilidad de haber autorizado un flujo de fondos entre Nicaragua y Venezuela y no fuero legalizados por la Asamblea Nacional.
“Sobre todo cuando no solo la empresa Albanisa (Alba Nicaragua S.A), creada para administrar los fondos provenientes de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A), con un 51% de participación, sino por cuanto el 49% aportado por la Empresa nicaragüense Petronic, fue alimentada con fondos del Estado”, dice en parte del escrito.
Los ciudadanos mencionan también que con el acuerdo con Venezuela por parte de Ortega y Murillo, “se estima que han administrado fondos hasta por varios miles de millones de dólares estadounidenses, sin incluir las ventas de los productos petroleros en la región centroamericana y localmente; sin incluir la introducción de máquinas generadoras de energía consumidoras de bunker y combustible diesel, operaciones de las que no se ha rendido cuantas desde su fundación en el año 2007”.
Los ciudadanos aclaran que la investigación, verificación y resolución solicitada a la Contraloría está fundamentada en lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua. Chavarría explicó, que acudieron a la Contraloría como una forma de educar a la población en cuanto a que la ciudadanía tiene derechos y “que por no ejercer ese derecho es que Daniel Ortega está en el poder”.
“Le estamos dando la oportunidad que busque como institucionalizarse, de acuerdo al mandato constitucional y la Ley orgánica(…) la ciudadanía, ni las organizaciones, ni los medios de comunicación, ni nadie en este país puede quedarse callado ante tanta corrupción y hay que demostrarla, no solo decirla, ni andar documentando, sino que hay que hacer el expediente”, sostuvo Chavarría, ante la inacción mostrada por los miembros de la Contraloría en casos de corrupción en instituciones del Estado.
Copia a la UAF
Una copia similar pretendieron introducir ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) , que Chavarría señaló, está obligada a vigilar, supervisar los recursos del Estado, porque de ahí derivan delitos relacionados con la corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, donde les mandaron a estos que la presentara de forma digital, pero la plataforma establece que solo pueden hacerlo los sujetos obligados,
Chavarría señaló, que existe un antecedente en la que la UAF les aceptó directamente a un grupo de ciudadanos una denuncia contra Roberto Rivas Reyes, entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, por lo que Chavaría, estimó que “están queriendo relegar a la ciudadanía a que no pueda hacer las denuncias respectivas”, lo que a su criterio es anticonstitucional.