CIDH y RELE: Proyectos de ley son parte de escalada represiva en Nicaragua

Iniciativas de ley amenazan la libertad de expresión. Fotografía: Manuel Esquivel.

El combo de iniciativas de ley que están en la Asamblea Nacional es considerado por  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), como parte de la escalada represiva en Nicaragua. Y estiman que las mismas “amenazan seriamente el ejercicio de la libertad de expresión, la imposición de sanciones fiscales contra medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra periodistas”. 

También expresan preocupación por el incremento de causas penales en contra de periodistas, invocando delitos incompatibles con la Convención Americana, como el desacato, la difamación e injurias.

“El uso del derecho penal como mecanismo para perseguir a quienes expresan opiniones, información o críticas a autoridades o políticas del gobierno, así como sobre temas de interés público, genera un efecto de amedrentamiento que limita la libertad de expresión”, destaca la CIDH y la Relatoría de la Libertad de Expresión.

Un comunicado de prensa de la CIDH y su RELE, expresa preocupación particular por las iniciativas de Regulación de Agentes Extranjeros y la de Ciberdelitos que “establecen figuras penales y un sistema de registro y control a organizaciones y otros actores de la sociedad civil contra el ejercicio de la protesta social, particularmente contra la libertad de expresión, el derecho a participar de los asuntos públicos y el derecho de asociación”.

Y recuerdan, que tanto “organizaciones sociales como medios de comunicación independientes en Nicaragua reciben fondos de la cooperación internacional, en el contexto de crisis de derechos humanos y la exclusión de estos medios del acceso a publicidad oficial o las restricciones impuestas por el Estado”.

A su vez,  la CIDH y la Relatoría Especial señalan que cuentan con información sobre el embargo a Nicavisión S.A., propietaria del Canal 12, por una supuesta deuda fiscal de 21 millones de córdobas, por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI). Sumado a un embargo millonario sobre el canal en aplicación de esa supuesta deuda, que le impediría continuar funcionando y que ese medio ha afirmado que no debe esa suma impuesta. 

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