Mientras el Estado de Nicaragua será sometido este viernes a supervisión sobre medidas provisionales otorgadas para cinco personas entre ellas Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó este miércoles que le solicitó a ese tribunal ampliar las medidas de protección para Lesther Lenin Alemán Alfaro y Freddy Alberto Navas López, así como sus respectivos núcleos familiares.
La CIDH considera que ambos permanecen en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos. Y explica que en ambos casos pese a la vigencia de medidas cautelares a su favor desde 2018 y 2019, respectivamente, “la situación de riesgo se ha incrementado en el contexto actual de crisis de derechos humanos en el país. Particularmente, la CIDH tomó en cuenta el perfil de ambas personas, siendo que Lesther Alemán pertenece al Movimiento Universitario Estudiantil de Nicaragua, y Freddy Navas al Movimiento Campesino de Nicaragua”.
Audiencia virtual este viernes
La CIDH explica que la solicitud del otorgamiento de las medidas las solicita como una ampliación a las otorgadas el 24 de junio de 2021 en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua, caso por el cual este viernes 27 de agosto, a las 8:00 am la Corte IODH ha programado una Audiencia pública virtual de supervisión de las mismas.
Las medidas urgentes otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), además de Chamorro y Maradiaga benefician también a José Adán Aguerri Chamorro y a las activistas opositoras y defensoras de derechos humanos Violeta Granera y Tamara Dávila.
La audiencia tiene como objetivo que la Corte IDH verifique el cumplimiento del Estado de las medidas otorgadas inicialmente el 24 de junio y ampliadas e 19 de julio, en beneficio de estas cinco personas, quienes llevan más de 70 días desaparecidas después de su detención a manos de agentes policiales.
En ambas resoluciones ese Tribunal ordenó al Estado que “proceda a la liberación inmediata” de las personas beneficiarias y requirió a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, integridad y libertad personal, así como la de sus núcleos familiares, lo cual no ha ocurrido.